“Las pruebas absurdas que ha mencionado la nota. Eran material de apoyo para la Embajada Argentina. Es una mentira que cae por todos lados". De esta forma contundente negó Gustavo Aliaga Palma, vice Presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, la denuncia de envío ilegal de municiones a Bolivia de parte del gobierno de Mauricio Macri.
En contacto con Roberto Caferra (Radiópolis, Radio 2), Aliaga Palma aseguró que el material recibido en su país “era pertrecho para la Embajada Argentina porque ahí había ciudadanos bolivianos, la embajada pidió ayuda y mandaron gendarmes y estos pertrechos”, aseguró.
Consultado sobre la denuncia del gobierno nacional contra el ex presidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de "material represivo" a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, respondió: “Es una mentira que cae por todos lados, es un montaje para seguir con lo de que acá ha habido un golpe de Estado” y agregó: “Inculparlo a Macri está jalado de los pelos”.
“Se ha montado una mentira y se cae a pedazos”, continuó y precisó: “La carta de (Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros) Lara es falsa, es una mentira montada”, concluyó.
El Gobierno argentino denunció este lunes al ex presidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de "material represivo" a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
La denuncia lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.
La presentación realizada ante la Justicia federal denuncia "el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional".
Los funcionarios del gobierno nacional afirmaron en la denuncia que el objetivo de aquel envío fue "poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales".
"El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero", se indicó en la denuncia.
El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, de acuerdo la denuncia de las autoridades bolivianas.
Esta maniobra habría contado con la participación de Macri y "Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)", según la presentación judicial.
La denuncia señala, además, a "Gerardo José Otero, (exdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (excomandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina)".
Los hechos salieron a la luz cuando la embajada argentina en Bolivia descubrió una misiva del entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, dirigida al entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, fechada el 13 de noviembre de 2019, en la que se dio cuenta de la recepción de municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas.
La carta fue dada a conocer el pasado 9 de julio por el Canciller boliviano, Rogelio Mayta, en una conferencia de prensa y a partir de allí se suscitaron a una serie de investigaciones administrativas por parte del Gobierno Nacional, a través de las cuales se recolectó información y documentación que corrobora el envío del material.
De acuerdo a la denuncia, el envío " se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina" y el material se desvió "hacia las fuerzas armadas bolivianas".
