Unas 40 toneladas de astas de ciervos colorados, axis y dama, especies protegidas por la legislación nacional, fueron incautadas este jueves en un operativo federal desarrollado en el Polo Tecnológico Industrial de Villa Soldati, ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con el portal Fiscales, la investigación que derivó en el hallazgo había sido iniciada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente. El 3 de septiembre pasado una comenzó una indagación preliminar, que finalmente derivó en una denuncia penal que contó con el impulso del fiscal federal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo.
Un mensaje recibido en la casilla de correo electrónico de la Fiscalía dio aviso de que en una de las "fábricas dentro del predio" de Villa Soldati, ubicado en Rabanal al 3000, donde "supuestamente venden electrónica", está "lleno de cabezas de animales muertos, parecen ciervos".
En el mensaje, el remitente –que solicitó reserva de su identidad– adjuntó una fotografía del lugar que muestra a las astas empaquetadas en nylon color negro y con carteles que rezan "se va".
La imagen permitió que la Fiscalía consultara con personal especializado de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Nación, que concluyó que se trataba de astas de ciervo colorado y ciervo dama, especies protegidas por la Ley de Conservación de la Fauna.
Con esos elementos, se asentó una denuncia penal. En su presentación, la oficina especializada marcó que la Ley de Conservación de la Fauna sanciona la conducta de quien "a sabiendas transportare, almacenare, comprare, vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiere en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de la caza furtiva o de la depredación".
Marcó además que, teniendo en cuenta el cartel que reza "se va" en algunos paquetes, resultaba necesario determinar si la firma investigada cuenta con las autorizaciones correspondientes, como guías de tenencia y tránsito, certificados de exportación expedidos por la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y el certificado veterinario internacional del Servicio de Sanidad Animal (Senasa), así como los permisos de Aduana correspondientes para acreditar el origen legítimo.
Añadió que, si se comprobara el origen ilícito de las piezas, no podría descartarse la comisión de los delitos de lavado de activos y contrabando.
