Maximiliano Pullaro hizo campaña con la adhesión a la ley de narcomenudeo como bandera. Se trata de uno de los ejes más relevantes para el gobernador electo: la posibilidad de habilitar la competencia provincial en la persecución del tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades. El proyecto de ley estará en la Legislatura el 11 de diciembre, aunque teniendo en cuenta el batacazo que dio Unidos para cambiar Santa Fe por el que pasará a controlar las dos Cámaras, es posibles que el proyecto que viene dando vueltas sin suerte en la Legislatura, ingrese antes.
Pero ¿de qué se trata la ley de narcomenudeo? Cuando Pullaro habla de promover la sanción de esta ley, se refiere a la adhesión que haría Santa Fe a la ley nacional N° 26052 que data de 2005 y a la que ya adhirieron provincias como Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Salta, Chaco y Entre Ríos. La Provincia debatió mucho en el pasado sobre la conveniencia o no de sumarse a la normativa que pone en el centro de discusión si la Justicia federal puede realmente hacerse cargo de la venta menor de estupefacientes o bien, como instala esta ley, la Provincia disponga recursos para que su propia Justicia tome cartas en el asunto.
En abril pasado, durante una sesión en el Senado, integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron un proyecto de ley –originario de Lisandro Enrico– por el cual insisten con la adhesión de Santa Fe a la “Ley Nacional N° 23.737 de narcomenudeo y sus modificatorias, en los términos, condiciones y alcances previstos por la ley nacional N° 26052 (Ley de Desfederalización Parcial de la competencia Penal en materia de Estupefacientes)”. La iniciativa fue inscripta por todos los miembros del bloque de la UCR, entre ellos, Lisandro Enrico, Felipe Michlig, Orfilio Marcón, Rodrigo Borla, Hugo Rasetto, German Giacomino y Leonardo Diana.
El proyecto faculta a los órganos fiscales y a la policía local para ejecutar tareas de persecusión de la comercialización de pequeñas dosis de drogas ilegales. En los argumentos del proyecto radical se destaca que “no escapa a la visión de todos que la venta de droga en los denominados "kioscos" o lugares similares se da en la gran cantidad de localidades santafesinas, en todos los sectores de las ciudades, desde simples comercios o en casas comunes. Los lugares de venta de droga se han multiplicado a lo largo, a lo ancho y en lo profundo de nuestra provincia”.
Y continúa: “Sin embargo, para el Estado es una gran dificultad poder desbaratar esos kioscos de venta de drogas. ¿Por qué? ¿Por una cuestión operativa? ¿o de recursos humanos? No. Es por un impedimento legal; la Justicia ordinaria no puede intervenir. Tan increíble como insostenible hoy día. Uno de los delitos más comunes y esparcidos territorialmente, en vez de ser investigado por la Justicia provincial, debe esperar por una Justicia de excepción (Justicia federal) que no tiene ni la extensión ni los recursos funcionales para poder abordarlo con todo lo que ha crecido”.
Por su parte, el autor del proyecto originario, Lisandro Enrico, sostuvo: “La conexión con otros delitos, mayormente de competencia jurisdiccional de las provincias, hacen que los órganos fiscales del Ministerio Público de la Acusación santafesino y la propia policía, cuenten con información valiosa surgida de la propia investigación de delitos comunes (robo, hurto, encubrimiento, tenencia de armas, etc.) convierten esto en la clara necesidad de contar con una "herramienta" procesal que permita el "accionar" que transponga el límite de la denuncia o simple puesta en conocimiento de la justicia federal de hechos delictivos relacionados al narcotráfico o a los distintos eslabones de la cadena de comercialización de la droga”.
Y concluyó, según comunicaron desde el Senado provincial: “La necesidad de facultar a los órganos fiscales y a la policía local en la persecución de delitos relacionados con el narcomenudeo indudablemente hará que donde la Justicia federal por los motivos antes mencionados no llega, si lo haga la Justicia local por la cercanía y la inmediación con la investigación del delito. Es evidente que en estos últimos 30 años la situación de la narcocriminalidad ha cambiado y crecido, pero, el sistema legal, sigue siendo el mismo. O sea. La realidad cambió muchísimo y la ley no”.
Por su parte Michlig, puso un ejemplo: “Un caso de venta de drogas en un kiosco de algún lugar en Tostado, Villa Minetti, –por citar algún punto del norte provincial– actualmente es investigado por un juez y un fiscal federal ubicados en la ciudad de Rafaela con una distancia de más de 250 kilómetros. Siendo que se adhiere a la ley nacional de narcomenudeo estos casos podría ser investigado por la justicia provincial del lugar”, precisó.
Idas y vueltas
La propuesta de que la Justicia provincial pueda tomar casos de narcomenudeo también ingresó a la Cámara alta, sin resultados. Fue en febrero pasado, con la presentación de un proyecto de adhesión local a la ley nacional presentado en la Cámara de Diputados por la legisladora del Juntos por el Cambio, Ximena Sola. A pesar de esta insistencia, no hay ningún avance en la materia.
Cuatro años antes, en 2018, había sido presentada la iniciativa por los senadores Joaquín Gramajo, Eduardo Rosconi, Lisandro Enrico, Orfilio Marcón, Hugo Rasetto, Miguel González, Rodrigo Borla, Germán Giacomino, Felipe Michlig y Miguel Cappiello, a los que se sumaron los senadores José Baucero y Guillermo Cornaglia sobre narcomenudeo, pero caducó.
Por entonces, se inició un cruce acerca de su instrumentación. En mayo de 2018, el entonces gobernador Miguel Lifschitz promovía la adhesión. De acuerdo a lo publicado por Rosario3, el mandatario fallecido durante la pandemia, había despertado críticas en la Legislatura por su pedido ante la Legislatura para que jueces y fiscales de la Provincia puedan investigar y perseguir el narcomenudeo.
“En cada barrio tenemos diez puntos de venta y si no combatimos eso no podemos cortar el círculo de violencia (…) En esto hay que ser audaz, porque si uno se queda esperando que las cosas se resuelvan solas”, había expresado en contacto con Radio2.
Ese mismo día, horas antes, la por entonces diputada nacional y ex jueza provincial Alejandra Rodenas, había salido en contra de la iniciativa. Dijo que que no es un tema de Justicia sino de seguridad y que las provincias “que han desfederalizado no tienen resultados mejores”.
También se había referido al respecto el entonces fiscal general Jorge Baclini quien estaba a favor de la desfederalización de la persecución penal del narcomenudeo. En cambio, Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, fue tajante: “La ley de narcomenudeo beneficia al narcotráfico y no lo combate”.
Desde la otrora oposición de ese momento, en pleno 2018, el entonces diputado Federico Angelini del PRO, presentó un proyecto para que la Policía provincial pueda actuar en casos de venta de droga al menudeo y fue, el mismísimo ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro quien celebró la propuesta.
Brilloni, a favor
El actual ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, por su parte, pidió por la ley de Emergencia en Seguridad y se mostró a favor de la idea de desfederalizar el delito de narcomenudeo: "Estoy a favor siempre que tengamos recursos", dijo. Y agregó: "Siempre que tengamos los recursos logísticos, es decir, los jueces y los fiscales para hacerlo, está bien. Me ha tocado trabajar con distintas provincias que tienen desfederalizado este delito y esas experiencias fueron positivas".
Otra voz a favor fue la de Jorge Corral, durante su campaña a diputado. El radical había planteado la adhesión de Santa Fe a la ley 26.052, y así permitir a la Justicia provincial perseguir, juzgar y reprimir el tráfico de drogas de baja escala. “El tráfico de drogas es un flagelo que trae violencia en nuestras calles y es urgente que la Provincia tenga todas las herramientas legales para por perseguirlo”, planteó y agregó que “con Maxi Pullaro tenemos la decisión, el carácter y el conocimiento necesario para poder avanzar rápidamente”.
Entre sus fundamentos a favor, observó: “La adhesión a la ley de narcomenudeo nos va a permitir actuar directa y rápidamente en el territorio. Así como a los negocios legales hay que facilitarles el desarrollo –desburocratizando, bajando impuestos, acompañando con créditos–, a los mercados ilegales que venden veneno, como la droga, hay que dificultarles las cosas en todas la canchas, es decir con las investigaciones de las grandes organizaciones, pero también complicándoles la venta barrial”, remarcó.
