Ya hay dictamen de comisión y están los votos. Sin embargo, la vicepresidenta Victoria Villarruel amagaba con demorar el tratamiento en el Senado de la ley de financiamiento universitario, que ya cuenta con media sanción de Diputados, y que en principio iba a ser sancionada este mismo miércoles.
Es una cuestión política: la aprobación de esa norma y el rechazo al decreto que aumentó en $100.000 millones el presupuesto de gastos reservados de la Side, ambos temas previstos para la eventual sesión de hoy, significarían otra dura derrota legislativa para el gobierno. Villarruel pretendería matizar ese escenario con una victoria: la sanción de la ley de boleta única de papel (BUP), sistema de votación que de esa manera se usaría para las elecciones nacionales del año que viene. El problema es que hasta este martes a la noche no estaban los votos para ese proyecto; por eso se barajaba la posibilidad de, en acuerdo con la UCR, postergar la sesión para la semana que viene.
Ante ese panorama, los rectores universitarios, la mayoría de filiación radical, metían presión a los senadores de sus provincias para evitar dilaciones con el proyecto de ley de financiamiento de las casas de estudio. Es que esa iniciativa garantizaría, además de la cobertura de los gastos de funcionamiento, fondos para aumentar los sueldos de personal docente y no docente, hoy absolutamente retrasados con respecto a la inflación, y que el gobierno nacional hizo saber que vetará como ya hizo con la reforma jubilatoria.
Uno de los que empuja la sanción de la norma es el rector de la UNR, Franco Bartolacci, que la semana pasada le planteó a los tres senadores santafesinos la imperiosa necesidad de que voten la ley y que este miércoles viajaba a Buenos Aires para redoblar la apuesta.
“Estamos a la expectativa de que se trate la ley y haciendo todas las gestiones que están a nuestro alcance para que así suceda. La necesidad de que se apruebe es urgente, la situación salarial de muchos docentes y no docentes es realmente angustiante y necesitamos una respuesta que la ley aporta para poder solucionar esa situación y no poner el segundo semestre en riesgo”, dijo Bartolacci en diálogo Rosario3.
El rector rosarino se anticipó también a los argumentos de un eventual veto presidencial, bajo el argumento de que la ley rompería la política de déficit cero que se convirtió en dogma de la gestión libertaria. “Representa solo el 0,14 por ciento del PBI la erogación prevista si la ley de financiamiento se aprueba y eso resolvería buena parte de los problemas que tenemos, pues nos daría previsibilidad presupuestaria y una solución al problema salarial”, sostuvo.
Mientras tanto, los gremios del sector llamaron para este jueves a un paro, analizan otro de 72 horas para la semana que viene, y se proponen convocar a una nueva marcha nacional como la que en abril pasado se convirtió en la principal protesta en lo que va de la gestión de Javier Milei.
Los rectores, como pasó en abril, también convocarían a esa eventual movilización federal, pero primero quieren esperar, una vez sancionada la ley, el eventual veto de Milei.
El proyecto de financiamiento educativo obligaría al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el gobierno deberá ajustar los presupuestos de las universidades de acuerdo a la inflación.
