Este lunes se llevó a cabo una manifestación frente al Ministerio de Trabajo para solicitar la reincorporación de una inspectora que denunció acoso laboral de sus superiores y desde noviembre del año pasado no puede regresar a su cargo. Sin embargo, los superiores apuntados lo desmintieron y desde la cartera ratificaron su compromiso de propiciar espacios libres de violencia. Además, realizaron algunas aclaraciones, entre ellas que la inspectora tiene tres sumarios abiertos antes de su denuncia.
El Ministerio de Trabajo se refirió a la denuncia por acoso en un comunicado. Desmintieron que la Junta de Salud Laboral haya certificado que María José haya sido víctima de acoso laboral y violencia de género “ya que desde el organismo pertinente no se ha emitido ningún certificado que exprese tal diagnóstico”.
“La cartera laboral se toma conocimiento de la situación denunciada recién a partir de la denuncia formal en la Defensoría del Pueblo, ya que en ninguna instancia los acontecimientos narrados por la agente fueron comunicados ni a la delegada gremial, también inspectora del área, ni a los superiores de carrera, ni a los superiores políticos de los funcionarios denunciados, ni a la directora regional, ni al ministro de Trabajo y Seguridad Social”, explicaron.
“Asimismo, los «superiores» denunciados niegan «por absoluta falsedad haber vertido las manifestaciones que atribuye la agente respecto de sus embarazos, como así también que existiera una situación de persecución»”, agregaron.
Y destacaron que los sumarios abiertos contra la agente fueron previos a su denuncia ante la Defensoría del Pueblo y no posteriores como ella manifestó. Además, subrayaron que hay pruebas suficientes que justifican la investigación “a fin de esclarecer los hechos y eventualmente deslindar responsabilidades o aplicar sanciones”.
Se sospecha que María José no cumplió con una inspección a una obra en construcción denunciada por la Uocra que derivó en un accidente laboral de graves consecuencias; que da clases en la facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, en horarios coincidentes con el que debe prestar servicios en la Dirección de Salud y Seguridad en el Trabajo; y su actividad privada como directora de obras en construcción y socia de una empresa constructora sería incompatible con sus funciones de inspectora.
El comunicado completo:
"Con respecto a la situación que denuncia la agente María José Abdala en distintas notas periodísticas, cabe destacar:
"Que entre las funciones de dirección, se deben controlar el desempeño del personal a cargo y ante presuntas irregularidades observadas y/o denunciadas en el accionar de los agentes, corresponde iniciar las investigaciones orientadas a esclarecer los hechos y/o deslindar responsabilidades, dentro de las potestades disciplinarias que competen.
"Que a través del estricto cumplimiento de las normas, se han abierto sumarios administrativos a distintos agentes y en ninguna circunstancia existen tratamientos desiguales atendiendo a diferencias de género u otras que pudieran resultar discriminatorias y/o lesivas de derechos laborales o humanos.
"En la situación particular de la denunciante María José Abdala existe. tres sumarios en curso, cuyas investigaciones administrativas tuvieron inicio antes de la denuncia que presentara la agente en la Defensoría del Pueblo, a saber:
"1) Por presunto incumplimiento de una orden de inspección a una obra en construcción denunciada por la UOCRA por deficiencias en cuestiones de salud y seguridad en el trabajo y en la que posteriormente ocurrió un accidente laboral de graves consecuencias para los operarios que allí trabajaban.
"2) Por presunto desempeño como docente en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, en horarios coincidentes con el que debe prestar servicios en la Dirección de Salud y Seguridad en el Trabajo. Investigación iniciada con información oficial obtenida de la referida casa de estudios, con un pedido de informes previo a la denuncia radicada por la agente.
"3) Por presunta incompatibilidad entre sus funciones de inspectora en la Dirección de Salud y Seguridad en el Trabajo y su actividad privada como directora de obras en construcción y como socia de una empresa constructora en la ciudad de Rosario. En el marco de esta investigación y por resolución ministerial, se ha dispuesto trasladar preventivamente a la agente a la Dirección Provincial de Autoseguro de Riesgos del Trabajo (DIPART) Rosario del MTySS, por existir incompatibilidad funcional del agente respecto de la naturaleza del hecho investigado y su permanencia en el ejercicio de las funciones de inspección que detenta (art. 76, Ley 8528).
"Cabe destacar además que desde la cartera laboral se toma conocimiento de la situación denunciada recién a partir de la denuncia formal en la Defensoría del Pueblo, ya que en ninguna instancia los acontecimientos narrados por la agente fueron comunicados ni a la delegada gremial, también inspectora del área, ni a los superiores de carrera, ni a los superiores políticos de los funcionarios denunciados, ni a la directora regional, ni al ministro de Trabajo y Seguridad Social.
"Resulta oportuno aclarar que la apertura de los diferentes procesos sumariales referidos no causan estado, pero la existencia de pruebas y elementos evaluados por el área jurídica del Ministerio avalan la apertura, a fin de esclarecer los hechos y eventualmente deslindar responsabilidades en cada caso o de corresponder, aplicar sanciones. Tales extremos, en modo alguno, pueden representar situaciones de acoso laboral, discriminación o violencia de género, como lo denuncia la agente María José Abdala.
"Además, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social negamos rotundamente que la Junta de Salud Laboral certificó que la agente haya sido víctima de acoso laboral y violencia de género. Ya que desde el organismo pertinente no se ha emitido ningún certificado que exprese tal diagnóstico.
"Con respecto al dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos cabe destacar que se tratan de recomendaciones no vinculantes que fueron realizadas exclusivamente en base a las manifestaciones de la denunciante, sin tener en cuenta los elementos mencionados previamente en este comunicado y sin escuchar a las partes denunciadas.
"Sin perjuicio de lo referido y con respecto a las denuncias presentadas ante distintos organismos por la agente, desde la cartera laboral se han puesto a disposición todos los elementos y mecanismos disponibles para esclarecer los sucesos. La investigación, cabe destacar, es llevada a cabo por Fiscalía de Estado a los fines de garantizar un proceso transparente e imparcial.
"Asimismo, los “superiores” denunciados niegan "por absoluta falsedad haber vertido las manifestaciones que atribuye la agente respecto de sus embarazos, como así también que existiera una situación de persecución". Los directivos, además, manifiestan que "el trato siempre ha sido correcto y respetuoso, de la misma forma que lo ha sido con respecto a los demás agentes y funcionarios del área".
"Finalmente, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social queremos reafirmar nuestro compromiso con el abordaje de la problemática y con la convicción de defender el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a desempeñarse en ámbitos laborales libres de violencia".
