Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada reimputaron este viernes al empresario del juego Leonardo Peiti, ahora por el delito de asociación ilícita, pero lo desvincularon de las extorsiones y hechos de violencia atribuidos a un grupo de Los Monos. Uno de ellos fue el ataque a balazos al City Center en el que murió un apostador y a partir del cual se inició la causa que tiene un vilo a la Justicia y la política.
Peiti, que tiene licencias del juego en Formosa, Misiones y Paraguay, es investigado en Rosario por presuntos vínculos con el juego ilegal. En el marco de su defensa, declaró contra Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad y los dos ex fiscales terminaron detenidos por corrupción.
Este viernes el empresario, que permanece en libertad, asistió a una reimputación: allí quedó desvinculado de los primeros hechos pero acusado formalmente por asociación ilícita.
"Con el devenir de la investigación quedó en claro que él no era parte de esas primeras maniobras por las que lo habían imputado", dijo a Telenoche Rosario (El Tres) Ángelo Rossini, uno de sus abogados.
La novedad es que los fiscales lo ubican como organizador junto a Serjal y al senador Armando Traferri, por quien la Legislatura rechazó el pedido de desafuero y no podrá ser sometido al proceso.
Así y todo, su nombre aparece en el relato de los hechos de Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. El propio MPA informó que "imputaron a Leonardo P. junto a al menos Armando Traferri. Patricio Serjal, Nelson Ugolini, Lorena C., Esteban L, Maximiliano D., Walter B., y Jorge M. haber conformado una asociación ilícita integrada además por David Perona. (fallecido) y Alejandro Torrisi. (condenado) y otras personas no identificadas a la fecha".
Los roles
Según detallaron desde la Oficina de Prensa, "el objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicoos, todos son contar con la autorización de la autoridad jurisdiccional competente".
"Para ello, los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal, ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos", agregaron.
Dicha asociación tuvo tres organizadores: Patricio Serjal, Leonardo Peiti y Armando Traferri, el resto de las personas participan en calidad de integrantes y conforme al rol de cada uno de ellos.
Serjal fue el oganizador de la cobertura judicial, quien abusando de su cargo daba directivas a Gustavo Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar la impunidad de Leonardo P. en causas vinculadas a juego ilegal. En tanto, Traferri aseguraba la continuación de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos.
Leonardo P. tenía por misión la organización de recursos económicos materiales y humanos para montar una empresa ilícita destinada a la organización de juego clandestino en diferentes modalidades. Era el encargado de seleccionar al personal a su cargo, ordenar las tareas de organización del negocio, prveer el software con el que debían funcionar los dispositivos electrónicos existentes en las salas de juego clandestinas (casinos), recolectar el dinero producido de esas actividades, inveertirlos y ocultarlos de los alcances de los registros financieros y tributarios legales y acordar con las autoridades políticas y judiciales la protección del negocio ilga.
"Se valió para ello la participación de Armando T. quién aprovechando las influencias que tiene en el Senado de la Provincia de Santa Fe, se encargo de vincularlo con el ex Fiscal Patricio S. y y el ex fiscal Gustavo P.A. para lograr construír una red de cobertura judicial a la asociación ilícita de juego ilegal", informaron desde Fiscalía.
