La Defensoría del Pueblo de Santa Fe libró un oficio al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe requiriendo precisiones referidas a las actualizaciones que autoriza y que, según la denuncia de un grupo de padres y madres, llegarían al 200%.
En contacto con Radiópolis (Radio 2), el defensor Jorge Henn confirmó la medida tomada en base a la presentación de parte de familias que detectan excesos en el cobro de la cuota de parte de las instituciones educativas en donde se educan sus hijos e hijas. El también ex gobernador de la provincia, explicó en este sentido: “Hay una responsabilidad del Ministerio de Educación de fiscalizar los establecimientos privados, hay una ley que regula los aranceles, criterios que tienen en cuenta las características económicas y sociales. Los establecimientos privados forman parte del sistema educativo y en su mayoría reciben aportes para financiar hasta el 80 por ciento de lo que gastan en su planta docente”.
Henn advirtió que “tiene que haber un registro de aranceles, tienen que proporcionar información de los aranceles que perciben, hay sanción por incumplimiento y hay un decreto de 2003 que establece topes máximos en aranceles que deben estar publicados en las páginas oficiales y por lo que he visto la última información es a mayo cuando hubo discusiones paritarias que presumiblemente impactaron sobre la cuota”.
“Que el Ministerio de Educación cumpla exhaustivamente con la fiscalización porque cuando no lo hace empiezan los reclamos en los colegios, esto aparece cuando el Estado no está presente”, subrayó y agregó: “Pedimos que el Estado lo haga sistemáticamente porque de lo contrario surge una catarata de reclamos”.
De acuerdo a lo que expuso el defensor, “siempre hay una 'trampita' que son los acuerdos extra arancelarios, cuando te dicen esto es servicio de comedor, servicio de librería, claramente la ley establece que estos acuerdos de ninguna manera pueden afectar el derecho a la educación porque no están dentro del núcleo duro del sistema arancelario y son los inspectores fiscales los que tienen que fiscalizar en forma previa si se detectan excesos en los topes arancelarios”.
Por otra parte, remarcó: “La Defensoría tiene que representar los intereses de la comunidad educativa, de las familias, y la transparencia tierne que ser un mecanismo normal. En Santa Fe, hubo reclamos, pero uno tiene la sensación que es a pedido de parte, y no puede ser esto del que «no llora no mama»”.
Henn admitió que el ministerio intercedió para que una escuela baje la cuota, pero consideró que debería ser una acción constante y preventiva.
Consultado acerca de los incrementos notables en las cuotas que, sin embargo, respetan el índice inflacionario, observó: “Acá, hay algunos elementos normativos, uno es tener en cuenta las características económicas y sociales que nos han tocado y segundo, ajustarse a los topes máximos, explicar las razones de aumentos que exceden la referencia inflacionaria. El tema está en los acuerdos arancelarios”, indicó.
Por último, informó que los adultos que adviertan cobro desmedido de cuotas, pueden haber su reclamo en la página oficial de la defensoría.
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