La Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un Recurso de Queja planteado por la defensa la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, quien está siendo sometida a un jury de enjuiciamiento por su actuación en una investigación que descubrió una red de desvío de fondos públicos en esa provincia.
Goyeneche cobró notoriedad por coordinar el equipo que llevó adelante la acusación contra el ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri, que terminó con una condena a ocho años de prisión para el hasta entonces embajador en Israel. Pero a la vez, está suspendida en sus funciones y sometida a un jury de enjuiciamiento por otra causa.
El máximo tribunal de la Nación aseguró que la decisión del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia de rechazar por defectos formales una apelación de Goyeneche contra el proceso que podría terminar con su destitución atenta contra la garantía de la imputada de defensa en juicio. Por eso motivo, instó a los jueces locales que tomen la causa y resuelvan la cuestión de fondo planteada por la funcionaria del Ministerio Público.
“Como se advierte, la decisión apelada cierra toda posibilidad –actual o futura- de que la actora pueda plantear judicialmente la alegada irregularidad en la conformación del órgano acusador, agravio que invoca como una afectación del debido proceso constitucional (art. 18)”, argumentó la Corte.
La causa que derivó en la resolución de hoy se originó en un amparo que elevó Goyeneche —quien ocupa el cargo de Procuradora Fiscal Adjunta— con el objeto de impugnar la resolución dictada en el marco del jury.
La fiscal anticorrupción cuestionó en su reclamo ante la Corte Suprema la decisión del Superior Tribunal de su provincia de impedir que los fiscales intervengan en ese proceso, una decisión que provocó que se tuviera que designar a un abogado de la matrícula para acusarla. Gastón Justet fue el letrado Ad Hoc que aceptó el cargo luego de que varios de sus colegas se negaran a cumplir esa función.
El argumento para esa designación fue que todos los fiscales de la provincia dependen jerárquicamente de Goyeneche y del procurador, Jorge Amilcar García, que también fue denunciado.
Cecilia Goyeneche fue suspendida el 30 de noviembre del año pasado, cuando el Jurado de Enjuiciamiento le abrió un proceso por supuesto mal desempeño en la llamada causa de los contratos truchos en la Legislatura entrerriana.
En ese expediente, elevado a juicio, se determinó que hubo un desvío de USD 52,5 millones de las arcas del Estado, que se concretó mediante el cobro irregular de esos beneficios por medio de tarjetas de débito.
A la fiscal anticorrupción se la acusa por no haberse excusado, pese a que su marido era amigo y había sido socio de uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla.
Pese a que hace 10 días, antes del inicio del jury, la Corte Suprema pidió el expediente, no se detuvo el proceso contra Goyeneche. Es así que, desde el lunes, la fiscal cuya investigación permitió descubrir una estructura de recaudación ilegal de la política de Entre Ríos está sentada en el banquillo de los acusados y podría terminar fuera de su cargo y con una causa penal.
En concreto, la fiscal había presentado un amparo denunciando las irregularidades en el jury. En enero, la jueza de feria Elena Albornoz, aceptó el amparo y consideró válidos los cuestionamientos de Goyeneche. Pero luego el STJ revocó esa decisión. La fiscal presentó, entonces, un recurso extraordinario contra esa decisión, que también fue denegado. Por eso optó por la queja para llegar a la Corte.
Pero el máximo tribunal entendió que la decisión de rechazar el amparo por cuestiones formales era arbitraria y dispuso que la causa vuelva al Superior Tribunal de Provincia para que resuelva la cuestión de fondo planteada.
