La Corte Suprema de Justicia volvió a fallar a favor de la provincia de Santa Fe en el viejo reclamo por coparticipación y definió el monto que tiene que devolver el Estado nacional: 86 mil millones de pesos.
Según adelantó el programa De 12 a 14 (El Tres), el máximo tribunal nacional ya había resuelto por la demanda que planteó la provincia años atrás y lo que hizo ahora es fijar la cantidad que debe abonar Nación a Santa Fe.
Se trata de dos expedientes: uno por 68 mil millones de pesos y otro por 18 mil millones. La medida favorece a la gestión de Omar Perotti pero fue iniciada por Hermes Binner.
La Corte estableció los montos totales y la forma de pago de la sentencia conocida en 2015 pero el gobierno de Mauricio Macri no abonó a la provincia, pese a los reclamos de Miguel Lifschitz.
La decisión se conoció horas después de que el ministro de Justicia Martín Soria visitara por primera vez en ocho meses a los jueces de la Corte y se despachara con duras críticas hacia el funcionamiento de la Justicia y de la propia Corte Suprema, según informó Clarín.
A ese contexto se suma la presentación del gobierno de un proyecto ante el Congreso para que se trate la reforma del Consejo de la Magistratura (que designa y sanciona jueces).
Lo cierto es que Perotti formalizó ante la Corte la semana pasada su reclamo para que se establezcan pautas de cómo se tiene que liquidar la millonaria deuda que el Estado mantiene con la provincia.
La respuesta del tribunal fue rápida y en el mismo sentido de lo definido seis años atrás, cuando había decidido que se les dejara de percibir a Santa Fe, Córdoba y San Luis el 15% de coparticipación con el que se financiaba a Anses.
En ese momento, la Corte dispuso devolver lo retenido de forma ilegítima pero ese pago nunca se concretó.
El origen
En agosto de 1992, el entonces gobierno de Carlos Menem impuso a varias provincias, entre ellas la de Santa Fe, un recorte del 15% de los impuestos coparticipables que, luego de sucesivas presentaciones ante la Corte, se terminó declarando inconstitucional en 2015.
Desde allí, la discusión jurídica se trasladó a la tasa de actualización que debía pagar la administración nacional en concepto de esos fondos retenidos indebidamente, informó Télam.
La Corte intentó que las partes acordaran la actualización y los plazos, pero, al haber transcurrido seis años de la sentencia definitiva en el conflicto, decidió hoy que se aplique a la deuda nominal la tasa activa del Banco Nación.
La previa: reunión tensa y acusaciones
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, le expresó a los cuatro miembros de la Corte Suprema su “preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia argentina en los últimos cinco años”, y solicitó que el tribunal establezca “plazos máximos” para sus fallos, durante el primer encuentro institucional que mantuvo hoy con el máximo tribunal.
En ese marco, el funcionario le expresó particularmente a los integrantes del máximo tribunal su preocupación por la “mesa judicial” que se armó durante el gobierno de Mauricio Macri para “presionar” a los magistrados.
Soria fue recibido a las 10 en el Salón de Embajadores del Palacio de Justicia por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz; y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El encuentro se prolongó durante 40 minutos y básicamente fue una exposición crítica del ministro sobre la actuación de la Justicia y también de la misma Corte.
“Se conformó una mesa judicial del Poder Ejecutivo que influía ilegalmente en la administración de justicia, se llevaban a cabo visitas obscenas entre funcionarios judiciales y las máximas autoridades del ejecutivo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, y se desplegó un sistema de espionaje ilegal con participación de jueces y fiscales inédito en nuestra historia”, aseguró Soria durante la reunión que mantuvo con los miembros de la Corte, según un comunicado de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
El ministro también criticó durante la reunión el funcionamiento de la misma Corte que “retrasa durante años fallos de enorme trascendencia social”, citó Télam.
