En el marco de la causa en la que se investiga el juego clandestino en Santa Fe, el jueves último se llevó adelante un allanamiento ordenado por la Fiscalía, en un estudio jurídico de la ciudad de Casilda, con el fin de recolectar pruebas sobre el preacuerdo que rubricó el empresario Peiti con la Justicia. Abogados del estudio jurídico reprobaron la metodología llevada adelante por las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) para secuestrar “solo un teléfono”.
Los detalles del allanamiento realizado, los brindó, en diálogo con La primera de la tarde (Radio 2), Sebastián Romaldi, uno de los abogados que integra el estudio jurídico allanado.
“El jueves por la tarde se hicieron presentes efectivos de las Tropas de Operaciones Especiales para llevar adelante una medida tendiente a requerir el teléfono celular de mi socio, el doctor Fernando Moschini (ambos son abogados de Roberto Peiti, hermano del empresario involucrado en la causa) en un procedimiento que me pareció abusivo y avasallador”, sostuvo el abogado.
“En definitiva –continuó– lo que sucede es que Peiti manifestó que había pasado una foto del preacuerdo confidencial y que luego mi socio no sé si la repartió. La verdad es que tenemos poco conocimiento porque Fiscalía no nos atendió. Sí tenemos conocimiento de que no habría sido como lo relató Peiti en la audiencia”.
Según relató Romaldi, la medida del requerimiento del celular duró entre diez y quince segundos y entregamos el teléfono con la clave de acceso para que se pueda esclarecer el hecho. Durante las dos horas siguientes, agarraron computadoras y hasta un disquete de una oficina que actualmente está vacía y carpetas de Roberto Peiti “que no estaban solicitadas en la medida”.
“Sólo se llevaron el celular de mi socio, quien de ninguna manera filtró el preacuerdo que dicen, al menos desde ese teléfono”, aclaró el abogado y reprobó la forma en que se realizó el procedimiento.
“Me llama la atención que un juez avale un allanamiento donde se busca un celular, sobre el relato de una persona que se encuentra internada en una clínica psiquiátrica y desconocemos en que situación se encontraba para declarar esto”, señaló y agregó que “la estructura de esa orden no correspondía para efectuar el requerimiento de un celular, en el que además hay información confidencial de otros clientes”.
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