Se desarrolló este martes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) la jornada sobre “Sociedades Comerciales y prevención de lavado de activos” en la que disertaron el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta; el subdirector de la Agencia Regional Central de la Unidad de Información Financiera, Juan Lafontana; y el Juez Civil y Comercial a cargo del Registro Público de la ciudad de Rosario, Ricardo Ruiz.
La apertura estuvo a cargo del Decano de la Facultad de Derecho, Hernán Botta, quien destacó que la función de la Universidad no se limita a acreditar en temas académicos sino que realiza aportes para enriquecer los debates actuales, destacando que uno de ellos, sin lugar a dudas, es la problemática abordada en el evento que tiene un impacto directo en el contexto de situación actual, tanto en la ciudad como en la región.
De la misma manera, resaltó la firma de un convenio entre la Facultad y la UIF, a los fines de promover el abordaje interdisciplinario de la problemática.
A su turno, Daniel Erbetta puso énfasis en que este tipo de delito aparece con el fenómeno de la globalización, donde la circulación del capital financiero prácticamente se produce en tiempo real y a costo cero, y como correlato se observa un fenómeno de exclusión social muy profundo.
Asimismo, destacó que los estados ha perdido capacidad de intervención en los conflictos por un debilitamiento de los Estados Nacionales y la política misma, que favorece la concentración de la actividad ilícita.
Sostuvo como dato relevante, que el volumen de dinero sucio que circula anualmente en el mundo es superior al producto bruto de Japón y EEUU y en este contexto el problema del lavado de dinero ha movilizado a la comunidad internacional, a los organismos internacionales y multilaterales que fueron generando una fuente de producción legislativa a través de convenciones y tratados internacionales, y en ese contexto Argentina como parte de estos organismos fue adaptando su legislación a los standares internacionales.
Resaltó que el delito de lavado de activos, en su origen, proviene del narcotráfico, la criminalidad organizada y, más recientemente, el terrorismo. Puso el acento en la eficacia de las legislaciones destinadas a la prevención del delito de lavado de activos, manifestándose con bastante escepticismo en función de la escasa jurisprudencia existente en la materia.
En segundo término, expuso Ricardo Ruiz, quien se refirió específicamente a la actividad de control societario desarrollada en el Registro Público, tanto a nivel provincial como local, destacando en primer lugar que la cantidad de sociedades inscriptas en el Registro Público de Rosario duplica a las sociedades inscriptas en los otros cuatro Registros Públicos de la Provincia, como son los de Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela.
Asimismo, sostuvo que en el contexto de situación actual se puede decir que hay un verdadero cambio de paradigma en materia de control societario, puesto que la tarea del registrador ya no se agota en el control de la legalidad de los actos societarios, sino que a ello se le suma el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la nueva legislación dictada en materia de prevención de lavado de activos, que obliga a los Registros, como sujetos obligados, a requerir información, evaluar el riesgo en base a los standares prefijados y reportar todo tipo de actividad que resulte sospechosa o que existan motivos razonables para sospechar que los activos provienen o están vinculados con ilícitos penales.
A raíz de ello, destacó que el Registro Público de Rosario es el único en la provincia que cuenta con la estructura y los recursos humanos necesarios para llevar a cabo tal finalidad, siendo el precursor en la adecuación de su actuación a un manual de procedimiento, tal como lo exige la legislación vigente, informando que en el año 2023 se reportaron a la UIF más de 850 operaciones.
Finalmente, Juan Lafontana se refirió que la Unidad de Información Financiera tiene dos funciones elementales, la de supervisión y la investigación. La función de supervisión, está ligada a la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Todo ello en función de los standares y recomendaciones impuestas por el Gafi que es un organismo intergubernamental independiente que promueve y desarrolla políticas de prevención de tales delitos.
Es en ese marco que se dicta la Ley 25.246 que crea la figura del sujeto obligado, que por el lugar que ocupa y la información que maneja, actúa en colaboración con el Estado. Así, en el área de inteligencia, se recopila la información que va recolectando de las distintas fuentes, haciendo cruzamiento constante de información, para luego aportarlo a una eventual denuncia penal ante la Fiscalía correspondiente. Asimismo, destaca que en la función de investigación, la UIF tiene facultad para constituirse como querellante en las causas que refieren a los delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, convirtiéndose en un organismo de colaboración activa.
