En un nuevo capítulo del conflicto por las auditorías impulsadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el presidente Javier Milei volvió a criticar a las universidades públicas en general, y en particular a la UBA.
En una entrevista brindada a una radio nacional, el primer mandatario defendió la decisión de su Gobierno de auditar a la Universidad Pública, aseverando que “los chorros no van a tener paz en Argentina”.
El conflicto escaló después de que las autoridades de la UBA afirmaron que llevarán el caso a la Justicia, con el objetivo de frenar la intervención de la Sigen en sus cuentas, por considerar que esa acción viola la autonomía universitaria.
Pero el primer mandatario defendió la auditoría de los fondos estatales al argumentar que el Estado tiene derecho a saber “qué estaban haciendo con el dinero” que reciben anualmente.
Calificó la negativa a ser auditadas como una estrategia para proteger a quienes “se esconden detrás de esas carteras nobles de la sociedad para esconder sus curros”, y apuntó hacia algunos dirigentes políticos, a quienes acusó de utilizar instituciones como la UBA para “robar” y actuar con total impunidad.
Sobre las acusaciones de intentos de privatización y arancelamiento, Milei insistió en que no existen planes para aplicar tales medidas en las universidades públicas: “Nunca se quiso privatizar y nunca puso en consideración el arancelamiento”.
Hace días, el Gobierno anunció el comienzo de las auditorías en la UBA ante la sospecha de que existen desvío de fondos e ineficiencia en el uso de los recursos. La gestión libertaria eligió ese eje de críticas para cuestionar a las autoridades universitarias de todo el país, que resolvieron confrontar con el Poder Ejecutivo a raíz del ajuste en el presupuesto educativo, lo que provocó multitudinarias movilizaciones, paros, tomas de facultades y jornadas de clases públicas.
El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, había calificado la decisión del organismo que lidera Miguel Blanco como una medida “unilateral”, y que su administración debe ser independiente y no subordinada al Poder Ejecutivo mediante normas de menor jerarquía que la Constitución Nacional.
