Tras las masivas movilizaciones de esta semana en todo el país en defensa de las universidades públicas y en rechazo al recorte de fondos del gobierno nacional, dirigentes políticos de espacios libertarios de Rosario volvieron a la carga con acusaciones de “adoctrinamiento” en las casas de estudio, un postulado que hizo, semanas atrás, el presidente Javier Milei, y lanzaron un portal para que los alumnos hagan denuncias anónimas al respecto. Autoridades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) aseguran que es “mentira” y manifestaron que las facultades “garantizan libertades para expresar el pensamiento crítico”.
La plataforma de denuncias la anunciaron los concejales Sabrina Prence y Franco Volpe, del bloque Vida y Libertad, con el apoyo del diputado nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz. “Hemos recibido un montón de denuncias de todo tipo. Casos viejos, de padres que cuentan de los hijos. Es lamentable”, sostuvo el legislador sobre un portal al que definió como “informal” y “ anónimo” para hacer visible una problemática.
Mayoraz expresó en Punto medio (Radio 2) que las acusaciones hacen referencia a la “discriminación ideológica que sufren muchos alumnos por pensar distinto a las autoridades universitarias o a algún docente, o por el solo hecho de ser simpatizantes de Javier Milei”.
“No somos ingenuos, la universidad es un espacio de debate político, tiene que serlo, es bueno y sano. El problema es cuando tiene un sesgo autoritario, no se permite la voz distinta o se acalla al que piensa de otra manera”, abundó.
Estas acusaciones fueron rechazadas con firmeza por Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho de la UNR. “En parte sorprende, pero mucho más me inquieta. Lo que esgrime Mayoraz es mentira, si hay una usina y garantía de libertad para expresar el pensamiento crítico es la universidad pública. Tiene libertad de cátedra, cogobierno y libre investigación científica”, afirmó en Radio 2.
Botta describió que las denuncias esgrimidas por los libertarios “fomentan métodos tenebrosos como la delación anónima, agravada porque el registro y datos no son públicos”, por lo que no saben “quién los puede obtener y operar”.
El diputado nacional, graduado en la Facultad de Derecho pública rosarina, cargó las tintas contra el rector de la UNR Franco Bartolacci, al que acusó de ser el primer discriminador y de utilizar a la casa de estudio para impulsar su propia carrera política. “Que el rector analice, investigue y tome las decisiones que tiene que tomar. Y garantice que los alumnos puedan cursar sin ser perseguidos por sus ideas o censurados”, dijo.
Por su parte, el decano de Derecho consideró que “la universidad pública tiene un valor agregado en su actividad y pensamiento político” y analizó que “con más cultura política se va a enriquecer el debate nacional, no coartando la libertad de expresión”.
“Tenemos tres cátedras de derecho político y cada estudiante puede elegir libremente. En economía política hay dos cátedras con visiones diversas. No es cierto lo que dice Mayoraz y es peligroso sostener eso”, aclaró.
“Quiero una universidad de alto nivel académico, no una universidad de políticos que la usan como barricada para hacer su lanzamiento político para el año que viene. El primero que tiene que dar el ejemplo es el rector, no tiene decoro con esa actitud, hizo una marcha política y cerró una universidad para marchar contra Milei”, retrucó Mayoraz.
Financiamiento y auditorías
Otro de los temas que ganó lugar en la agenda mediática y política es el financiamiento de las universidad públicas y las auditorías sobre los recursos destinados por el gobierno nacional. Numerosos sectores opositores y educativos acusan a Milei de haber recortado las partidas. Botta explicó que están funcionando “con un presupuesto calculado a septiembre de 2022” y que el incremento del 70 por ciento anunciado por el presidente queda muy por debajo de la inflación interanual: “Por supuesto que hay una situación que apunta el desfinanciamiento, es importante dar el debate. Plantear que se adoctrina es muy bajo y no es cierto”. “No hay que cortar el financiamiento. Todo el mundo está haciendo un ajuste en el país y los irresponsables de la UNR no tomaron una sola medida para ahorrar. No rinden los gastos con transparencia para decir en qué gastaron”, disparó Mayoraz al respecto y defendió que ese “70 por ciento” representa un aporte mayor medido en trimestres. Sobre la auditoría, el legislador libertario manifestó que es necesario poner la lupa sobre “en qué se usan los fondos y para qué se financia” la universidad pública, a lo que Botta respondió: “No hay posibilidad de no ser auditados porque el mecanismo está establecido por ley”.
