La Justicia Federal de Rosario condenó este miércoles a 16 personas, con penas de hasta 7 años de prisión efectiva, en la megacausa por facturas truchas iniciada en 2017 a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) contra una organización con base en la ciudad.
El fraude al Estado fue calculado en más de 15 millones de dólares a través del cobro de reintegros con facturas falsas, en una estructura delictiva que incluyó contadores, informáticos, administrativos, gestores y vendedores con diferentes roles.
Tras el juicio que tuvo como acusador al fiscal Federico Reynares Solari, ahora se dictaron penas contra el comerciante Ricardo Astudillo (siete años y seis meses de prisión), la contadora María Cristina Ottaviano (seis años), el contador Eduardo José Cayetano Furini (cinco años) y el gestor Marcelo Miranda Cairo (cinco años y seis meses).
Como miembros de un segundo nivel de la banda también hubo condenas para Marcelo Liporaci (siete años y seis meses), Adrián Zeballos (siete años), Atilio José Miotti (cuatro años y tres meses) y Néstor Rubén Tesorero (cuatro años).
A los profesionales, además, se les dispuso la inhabilitación para desempeñar sus tareas por el plazo de la condena.
En el mismo veredicto, el el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Rosario confirmó la absolución de Melisa Gisela C., al entender que “no se acreditó con la certeza debida todos los requisitos de la figura delictual endilgada, no pudo establecerse qué grado de participación podría haber tenido en la organización”.
Finalmente, se solicitó el decomiso de las computadoras con las cuales se realizaron los comprobantes apócrifos, así como el dinero que fue secuestrado en los allanamientos ordenados oportunamente, que asciende a la suma de 39.235 dólares, 806.787 pesos y 1.405 euros, según detalla el fallo.
A cuatro años del primer allanamiento
La investigación comenzó con una denuncia realizada ante la Justicia Federal por Afip en marzo de 2017, tras detectar maniobras de constitución de empresas ficticias o “pantalla”, con el objetivo de comercializar comprobantes apócrifos, los cuales una vez incorporados en los registros de compra por parte de los usuarios, permiten reducir las bases de cálculo de los impuestos de IVA y a las Ganancias.
La maniobra tenía como característica que estas personas comercializaban facturas electrónicas, lo que permitió a las áreas de investigación del ente recaudador empezar a investigar los IP - que identifica a una computadora en particular- desde los cuales se realizaban estos comprobantes, solicitar informes de titularidad, domicilios, y analizar también la información que los propios usuarios cargan en Afip.
Producto de esa tarea se llegó a un número de 18 empresas presuntamente apócrifas, y al examinar la facturación de las mismas (en el período correspondiente a enero 2015 – diciembre 2016) se determinó que emitieron comprobantes por $1.204.276.275, lo que generó un perjuicio para el fisco de $247.315.951.
A raíz de esta denuncia la Fiscalía Federal N° 3 solicitó una serie de medidas, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y bancario, informes a organismos de control de sociedades, a EPE, Aguas Santafesinas, informes de titularidad de IP, a empresas de telefonía e intervención de líneas telefónicas.
Estas medidas permitieron ratificar la hipótesis investigativa de Afip con relación a la existencia de una organización, pero con características particulares, y se inició con una serie de 35 allanamientos en Rosario en julio de 2017, con los primeros procesamientos el mes siguiente.
Se trataba de dos subgrupos: por un lado, los señalados como organizadores eran Marcelo L., Jorge C. y Lelio S.; y por el otro, Ricardo A., Adrián Z. y María Cristina O.
Debajo de ellos se encontraban una serie de revendedores, que eran las personas que unían la oferta de estos comprobantes electrónicos con los usuarios de las mismas -es decir, las personas que finalmente computaban esos comprobantes en sus libros para reducir la cantidad de impuestos a ingresar al fisco-. En ese rol fueron imputados Atilio M., Néstor T., Fabián M., Iván D. y Darío M.
Por otro lado, había personas encargadas de la constitución de esas empresas apócrifas, para lo cual reclutaban personas de bajos recursos, las inscribían en Afip, y luego utilizaban su clave fiscal para la creación de sociedades y emisión de comprobantes truchos, tal el caso de Marcelo M. C. y su sobrino Marcos R.
Asimismo, había un grupo de personas que cumplían la función de colaboradores de los organizadores, es decir, se encargaban de la confección de los comprobantes y otras tareas administrativas: María Guillermina S., Matías C., Nair G. y Hernán R.
Por último, otro profesional, Eduardo F., fue imputado como parte de la asociación ilícita, pero con la particularidad de que si bien no formaba parte de ninguno de los dos grupos, tenía relación con ambos y era titular de sus propias usinas de facturación.
