El Senado aprobó este miércoles el proyecto de prórroga de la declaración de emergencia alimentaria hasta 2022 por 61 votos a favor en la primera sesión especial tras las Paso, luego de dos meses de inactividad.
Luego de dos meses de inactividad, el Senado comenzó a debatir por la tarde el proyecto de prórroga de la declaración de emergencia alimentaria hasta 2022 en la primera sesión especial tras las Paso.
La norma, que ordena aumentar en un 50% los recursos a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, recibió media sanción el miércoles pasado en la Cámara baja, con amplio apoyo de la oposición y el oficialismo por 222 votos positivos y la abstención de la legisladora de Izquierda Socialista Mónica Scholotthaauer.
Mientras, en las afueras del Congreso, diferentes movimientos sociales como la CTEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Darío Santillán, entre otros se movilizaron para esperar la aprobación. Pasadas las 14.30, los senadores dieron inicio a la sesión en el recinto con un minuto de silencio para recordar a las docentes fallecidas en un accidente en Chubut.
Al igual que ocurrió la semana pasada en Diputados, el debate de la emergencia alimentaria transcurrió sin dilaciones, con pocos oradores -con un tope de diez minutos para hacer uso de la palabra- y fue aprobada con amplio consenso de todos los bloques. Fueron 61 votos a favor, con contras ni abstenciones.
La primera en tomar la palabra fue la senadora salteña, Cristina Fiore Viñuales, que señaló: "El hambre es un tema que existe, es vergonzoso, duele y nos tenemos que hacer cargo. Me preocupa que quienes tienen que decidir califiquen esta situación como slogan de campaña".
"Vamos a acompañar este proyecto pero debemos discutir el modelo económico porque los modelos fundados en el endeudamiento quiebran el contrato social e impiden que los derechos de la sociedad no se puedan hacer efectivos", dijo a su turno la senadora santafesina del Frente para la Victoria, María de los Ángeles Sacnun.
En tanto, el senador justicialista José Mayans criticó el tratamiento del proyecto y su distribución en las provincias. "No estoy de acuerdo con la forma en que estamos trabajando el proyecto. Voy a votar a favor por respetar la problemática de mucha gente pero la distribución no es equitativa entre la provincia de Buenos Aires y el resto del país", afirmó.
El senador neuquino Guillermo Pereyra expresó su intención de acompañar el proyecto de emergencia alimentaria y calificó la situación del hambre en Argentina de "un problema coyuntural" consecuencia de que tenemos en la Argentina, producto de "políticas erróneas".
En tanto, la senadora Magdalena Odarda expresó: "El hambre es un problema humanitario. Por eso hoy vamos a sancionar la ley de emergencia alimentaria que las organizaciones sociales vienen reclamando hace años".
Además, reivindicó a las organizaciones sociales y a quienes llevan adelante los merenderos. "Se trata de canalizar la solidaridad en hechos pacíficos. Eso es lo que nosotros debemos tomar como ejemplo. Lo que deben hacer los argentinos cuando otros sufren".
Una de las grandes ausentes de la jornada fue la expresidenta y candidata a vice del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, quien aún se encuentra en Cuba, a donde viajó a visitar a su hija Florencia. La compañera de fórmula de Alberto Fernández regresará al país este jueves y el sábado 21 presentará su libro Sinceramente en la Universidad de la Matanza.
Otro de los faltazos destacados fue el del candidato a vice del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto, quien ya se había ausentado a la última sesión del Senado en julio pasado y para el que la temática de la emergencia alimentaria es un área pantanosa. En los últimos días, sostuvo que la iniciativa no tenía "sentido" y calificó a los movimientos sociales de ser "espacios dirigidos a conmocionar el espacio público".
La norma aprobada por Diputados prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria en la Argentina, lo cual implica un aumento en un 50% de los recursos destinados a este fin, por un monto de 10 mil millones de pesos.
Además, faculta al jefe de Gabinete a actualizar las partidas trimestralmente, tomando como referencias mínimas el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro "alimentos y bebidas no alcohólicas" y la variación de la canasta básica alimentaria que mide el Indec.
También, habilita al Poder Ejecutivo a "disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional".
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