El Gobierno prohibió los despidos y las suspensiones por 60 días a través de un decreto que señala que se busca "evitar agravar en mayor medida los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio procura remediar". Además, también dispuso la transferencia de 30.000 millones de pesos al Fondo de Garantías Argentino (Fogar) "con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas.
El presidente Alberto Fernández dispuso, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado anoche, la prohibición, por un período de 60 días, de "los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor", como así también las "suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo".
Así lo hizo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020 anoche en un suplemento de la edición de hoy el Boletín Oficial, con la firma del mandatario; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y de los ministros, en el marco de las medidas que viene tomando el Ejecutivo para paliar el impacto económico de la pandemia de coronavirus.
"Resulta indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales", asevera la norma en sus fundamentos.
En este sentido, señala que decisiones de ese tipo no serían "más que una forma de agravar en mayor medida los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio procura remediar".
En su artículo cuarto, el decreto publicado esta noche en una edición suplementaria del Boletín Oficial de este jueves, establece que "los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto" en la norma, "no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales".
En tanto, de acuerdo a lo que publica La Nación, el Gobierno también dispuso la transferencia de 30.000 millones de pesos al Fondo de Garantías Argentino (Fogar) "con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas" inscriptas en el Registro Pyme del Ministerio de Desarrollo Productivo, que lidera Matías Kulfas.
La decisión de robustecer el Fogar tiene por objetivo otorgar a los bancos las garantías para que las pymes puedan acceder a los préstamos y asegurar así el repago de los préstamos para capital de trabajo. Las garantías podrán cubrir hasta el 100% del préstamo.
La Casa Rosada informó sobre la publicación de los tres decretos cerca de las 24. Antes, el presidente estuvo reunido con parte de su equipo, entre ellos el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, entre otros, puliendo los detalles de la medida.
La medida, que también incluyó la prórroga de la cuarentena hasta el 12, fue la respuesta del Gobierno al pedido de la CGT para evitar que la crisis del coronavirus impacte de lleno sobre el nivel de empleo y como gesto para los empresarios. Aún sin definición quedó si habrá una segmentación de acuerdo con el tamaño de la empresa. Según un borrador de un DNU que circuló por distintos despachos oficiales, el Gobierno creará el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para las empresas afectadas por el parate económico que provocó la cuarentena.
La medida está dirigida a las pymes, pero es también una muestra de autoridad luego de que Techint desvinculara a 1450 trabajadores. Las empresas que adhieran al programa se comprometen a no echar a sus empleados y deberán reincorporar a los trabajadores que fueron despedidos después del 29 de febrero.
A través de los Repro, la Anses se hará cargo del neto del salario con un máximo de un salario mínimo por cada trabajador ($16.875) de las empresas de hasta 25 trabajadores. De 26 a 60 trabajadores, cubrirá un máximo equivalente al 75% del salario por cada trabajador ($12.656) De 61 a 100 empleados, el Estado pagará el 50% del salario mínimo vital y móvil por cada trabajador; es decir, $8437,50.
El jefe del Estado les adelantó parte de su plan hoy al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y a los intendentes del conurbano, con quienes participó de una videoconferencia. La decisión responde a un pedido que realizó la central obrera. Tanto fue así que Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT, reclamó la suspensión de los artículos 221 y 247 de la ley de contrato de trabajo (LCT), que permiten despedir por "razones de fuerza mayor". Desde la central obrera además pidieron "la conformación de un comité de crisis".
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