No hay nada más alejado del imaginario de un estrato social superior, de una casta repleta de privilegios, que las personas que viven en villas sin red de agua potable, cloacas y tendido eléctrico, con calles de tierra y hacinados en casas precarias. Pero la motosierra del presidente Javier Milei, que prometió en campaña direccionar sus dientes contra los gastos superfluos, ataca los fondos destinados a urbanizar barrios populares. Un artículo de la ley Ômnibus elimina el financiamiento de un programa que saltó la (vieja) grieta política para mejorar las condiciones de unos 40 barrios de Rosario.
La Subsecretaría de Integración Socio Urbana (Sisu) destinó 38 mil millones de pesos en 77 barrios de la provincia de Santa Fe. En Rosario, existen 27 proyectos para 40 barrios por un monto comprometido que supera los 10 mil millones de pesos. Son 14 mil familias beneficiadas, además de unos 2.700 puestos de trabajo generados, entre directos e indirectos.
Eso incluye seis obras ya finalizadas (en Cullen, La Lagunita, Cañaveral, Villa Tablada, Parque Casas y Barrio Alvear) que van desde mejoramientos de viviendas a playones deportivos, conexiones eléctricas y veredas, entre otras tareas. Y otras trece que están en ejecución en diversos puntos de la ciudad (ver aparte el detalle que pudo reconstruir Rosario3).
A esos trabajos en marcha, se suman otros ocho proyectos que no llegaron a iniciarse pero los estudios técnicos fueron realizados (en algunos casos se avanzó con una licitación que fracasó). Uno de los más conocidos es la anunciada integración sociourbana de Los Pumitas, en el noroeste. La comunidad qom de Empalme Graneros reclamará en febrero por esas obras que consideran impostergables.
Eso mismo se replica en zonas con muchas demandas sociales como lo proyectado en Nuevo Alberdi Oeste, Ludueña y Tablada.
Ese universo de obra pública que mejora la calidad de vida y convivencia quedó en riesgo de no terminarse (o no iniciarse) por la “ley Bases” (conocida como ómnibus por su amplitud de temas) del gobierno de Milei.
La modificación se centra en el reparto de lo recaudado por el Impuesto País. El artículo 211 del texto original dejaba sin recursos a las urbanizaciones de barrios populares. Hasta ahora, se destinaba un 70% de ese dinero para el Pami y la Ansés y el 30% restante se dividía en aportes a Obras Públicas (19,5%), el Fondo para la Integración Socio Urbana o Fisu (9%) y 1,5% para Turismo Social (ver cuadro).
Con el cambio de los libertarios, el ciento por ciento del impuesto País se concentrará en el Pami y Ansés. El Fondo para las obras de los barrios populares quedaría vacío. A pedido de la oposición dialoguista, la ley Ómnibus sufrió más de cien modificaciones en sus 600 partes y mutó minibus. Pero este punto sobre las urbanizaciones se mantuvo (ahora bajo el artículo 179).
Ayer el ministro Luis Caputo eliminó el capítulo fiscal y la ley pasó a ser una combi de límites difusos.
Aprender a gatear
Juan Maquieyra, director de Techo, una de las organizaciones que participó del primer relevamiento de barrios populares, pidió la eliminación del artículo de la ley Ómnibus que aniquila sus fondos en el plenario de comisiones del Congreso. "Sin techo no se puede ser libre, sin cloaca ni acceso al agua no se puede ser libre", dijo al oficialismo. Pero su pedido no fue atendido.
“La nueva versión de la ley Ómnibus aún mantiene un artículo que no garantiza los fondos de la Sisu”, explicó Maquieyra en Radio 2 y siguió: “Proponemos que por ley quede financiado este fondo para quienes están en la base de la pirámide, sin acceso a servicios públicos, sin un techo digno, en casas que muchas veces son de chapa y están en el barro, ahí es donde queremos sostener la inversión y vamos a seguir trabajando”.
“Estamos hablando de un millón de familias o cinco millones de personas que viven en villas o en condiciones que no permiten el desarrollo de una persona”, siguió en diálogo con Daniel Amoroso (De boca en boca).
El titular de Techo dio un ejemplo de los impactos: “Un nene de cinco o seis meses que está aprendiendo a gatear y ni siquiera puede hacerlo, porque en los barrios donde trabaja Techo, incluso ahí en Rosario, su casa está sobre el barro y la tosca, y lo primero que hacen las madres o padres cuando mejora su barrio es poner a los nenes en el piso y decir: «Ahora puede gatear»".
El daño en cifras
Según el relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en Argentina existen 6.467 barrios populares (ver mapa). De ellos, 469 se ubican en Santa Fe y 175 están en el departamento Rosario (ver listado).
Solo en Los Pumitas, donde las obras prometidas que no está claro que se vayan a ejecutar, hay 1.650 familias que esperan.
Desde el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe reconocieron a este medio que esas modificaciones en la zona de Empalme Graneros, donde el año pasado hubo un microestallido social tras el crimen del chico Máximo Jérez, “se licitó pero quedó vacante porque los precios superaron ampliamente los presupuestos oficiales y hay que volver a relicitar”.
Existen otras obras proyectadas con financiamiento nacional de infraestructura que la nueva gestión de Maximiliano Pullaro busca destrabar en Buenos Aires. Las negociaciones con los equipos técnicos de Milei para darle continuidad en los pagos y poder seguir los trabajos no tienen aún una respuesta positiva. Depende de todo el armado económico y el ajuste que haga el gobierno.
Algo similar expresaron desde la Municipalidad: creen que esta inversión debe ser una política de Estado sostenida “más allá de la dificultad financiera porque ahí no hay posibilidad de inversión privada”.
En un ejemplo de cooperación, la gestión local impulsó la transformación de Villa Banana y la Sisu extendió ese proceso sobre tres manzanas “olvidadas” en ese diseño. El Ejecutivo pensó que las obras ya acordadas estaban garantizadas por ley, algo que ahora está en jaque.
Hasta ahora, a nivel nacional, los fondos ejecutados por la Sisu implicaron obras en 1.300 barrios populares. Se crearon casi 25 mil lotes con servicios, 250.000 mejoramientos de viviendas (Mi Pieza) y 250.000 conexiones intradomiciliarias de servicios básicos. Eso representó una inversión social de 308 mil millones de pesos (1.444 millones de dólares), y la creación de 320 mil nuevos puestos de trabajo.
La inversión en 77 barrios de la provincia superó los 38 mil millones de pesos. En Rosario son 27 proyectos que llegan a 40 barrios (según figuran en el Renabap). De los 10 mil millones de pesos de monto comprometido, 1.600 millones ya fueron transferidos y hay 8.500 millones pendientes. Son 14 mil familias beneficiadas, además de los 2.700 puestos de trabajo generados entre directos e indirectos.
A través del programa Mi Pieza, se mejoraron más de 10 mil viviendas en por lo menos 100 barrios de la ciudad.
La ex secretaria nacional de la Sisu, Fernanda Miño, aseguró que esos recursos son indispensables “para transformar los barrios populares” y advirtió que cuando falta trabajo por la caída de la actividad económica, algo que ya se advierte por las medidas restrictivas de Milei, y a eso se suma una retirada del Estado, que es lo que implicaría abandonar los barrios populares y las cooperativas, eso se traduce en “un combo explosivo” a nivel social.
Saltar la grieta para caer en el pozo
Debatir la continuidad de la Sisu es discutir si está bien para un Estado (una sociedad) llevar agua potable a la población, cloacas, tendido eléctrico, reparar o ampliar casas, abrir calles, pavimento, plazas, otorgar lotes con servicios: en definitiva construir ciudadanía básica y calidad de vida para las personas de menores recursos.
El origen de esta política comenzó en 2016 con el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap). En 2018, se sancionó de forma unánime la ley 27.453 de Integración socio urbana. Esos pasos dados durante el gobierno de Mauricio Macri se profundizaron en 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, al dotar de recursos a la Sisu con un fideicomiso que recibió los Aporte de las Grandes Fortunas y del Impuesto Pais.
Esa política de Estado que saltó la grieta está en riesgo de caer en el pozo de las reformas regresivas del gobierno libertario. Resulta difícil de entender que los sectores aliados de Milei, como el PRO de Macri y algunos radicales, validen la anulación de un plan que ellos mismos crearon.
