El gobierno de facto de Jeanine Áñez aprobó hoy un decreto supremo que autoriza el ascenso directo de oficiales de las Fuerzas Armadas de Bolivia, sin la intervención de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el poder del Estado a cargo de estas decisiones, tras ultimátum y reclamos de la cúpula castrense.
"La Asamblea (por la ALP) está contra el pueblo, definitivamente, no duden, pero el Gobierno está con el pueblo, por eso, aunque no le guste a la Asamblea, el Gobierno ascenderá a los generales para que sigan velando por la población”, anunció el ministro de Defensa, Fernando López, según consigna el diario El Deber.
Desde hace meses, la ALP dilata el trámite de ascenso de los militares y, según el titular de Defensa, la mayoría en el Senado del Movimiento al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales, busca “castigar” a los uniformados luego de los conflictos sociales tras la renuncia y denuncia de golpe de Estado del exmandatario, en noviembre pasado.
En aquel momento, tanto la cúpula militar como la policial dieron la orden de acuartelarse, cuando desde el MAS denunciaban ataques y abusos contra sus dirigentes y sus familias, y luego pidieron públicamente la renuncia del entonces presidente Morales.
Desde la asunción del Gobierno de facto de Áñez, las Fuerzas Armadas han sido uno de sus aliados más visibles y siempre presentes en el Palacio Quemado, la sede presidencial.
En este contexto, la postergación del ascenso de oficiales militares en el congreso buscaba tomar esa decisión tras las elecciones generales convocadas para principio de septiembre y con un Gobierno electo en funciones.
Sin embargo, desde el edificio contiguo a ese palacio, López argumentó hoy que la decisión del MAS de frenar los ascensos en la Asamblea Legislativa “significa dejar indefensa a nuestra patria, atentar contra la seguridad externa e interna, pero también castigar a nuestras Fuerzas Armadas que hacen todo su esfuerzo para combatir esta pandemia”.
Bolivia superó hoy los 50.800 casos de coronavirus, contagios que incluyen a la presidenta de facto, siete de sus ministros, ente ellos el de Economía, la de Salud y la titular de la Cancillería.
También varios legisladores se contagiaron, entre ellos, la presidenta del Senado, Eva Copa, del MAS.
Por la pandemia, que ya causó la muerte a 18.98 personas, los hospitales de las principales ciudades -La Paz, Santa Cruz y Cochabamba- se declararon en emergencia por falta de recursos y, ante la posibilidad de un colapso total, el Gobierno de facto ya amenazó con expropiar centros de salud y cementerios privados, si la situación empeora.
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