El gobierno nacional arrancó este viernes con su plan de intervenir todos los registros automotores del país. Comandado por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se hizo la presentación formal de esa idea, ya puesta en marcha.
Con una nota dirigida al secretario de Justicia y firmada por Carlos Medina, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, se formalizó el comienzo del proceso para revocar las intervenciones vigentes o nombrar a nuevos interventores en más de un centenar de registros automotores.
Según datos oficiales, existen 1.557 registros de la propiedad automotor en todo el país, para un mercado que mensualmente realiza unas 180.000 transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola.
En 2022 hubo 407.532 operaciones de 0km, 1.589.000 de usados, 410.955 de motos nuevas y 401.562 de motos usadas.
El sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina. Claro que hay registros con mucho mayor volumen por su ubicación y jurisdicción.
El sistema registral depende de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) y funciona en la órbita del Ministerio de Justicia. Desde hace tiempo es cuestionado no sólo por ser parte de un sistema burocrático, poco eficiente, costoso y muy complejo, sino también porque se lo sindica como una caja política.
La Libertad Avanza tenía entre sus ejes de su campaña electoral, el cuestionamiento sobre los registros automotores y los nombramientos de sus titulares, incluyéndolos dentro de los privilegios de la “casta política”.
En ese sentido, enfatizaban que formaban parte de un sistema que el nuevo gobierno desmantelaría en su afán de reorganización los organismos públicos.
En reiteradas oportunidades, Javier Milei dijo que cerraría los registros automotores, anularía el impuesto de sellos y los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos.
En total, estos trámites tienen un costo aproximado al 6% del valor del auto, y uno depende del otro, porque a más trámites, aranceles y sellos, más costos para los usuarios.
Si un auto es de origen nacional paga el 1,5% de arancel de transferencia, y si es importado paga 2%. Por auto importado se entiende todo auto no fabricado en Argentina, es decir que los que provienen de Brasil, aunque sean Mercosur y entren con arancel de importación 0%, pagarán lo mismo que un auto proveniente de Alemania, Japón o Estados Unidos para poder ser transferidos.
También hay una distinción entre CABA y el resto del país, mientas en la ciudad de Buenos Aires se paga el 3% de impuesto de sellos, en el interior se paga Ingresos Brutos que es equivalente al 4% del valor del vehículo.