El gobierno nacional anunció que el implementará un "examen de idoneidad" destinado 40 mil empleados que se encuentran en la planta transitoria del Estado o bajo contratos temporales. La información la dio a conocer este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su rueda de prensa diaria.
Según explicó, la decisión busca establecer estándares de evaluación para quienes desempeñan funciones en la administración pública.
La modalidad del examen será online, con el objetivo de "eliminar cualquier tipo de subjetividad en el proceso".
"Esto está establecido en la Ley Bases, en el marco del decreto reglamentario del empleo público", afirmó el portavoz presidencial y remarcó que esta medida busca garantizar una evaluación justa y transparente.
El examen está programado para llevarse a cabo en diciembre y coincide con la fecha de vencimiento de los contratos actuales. Para que los empleados puedan renovar sus contratos, será requisito indispensable haber aprobado la prueba.
Adorni aclaró que los empleados con discapacidad "no participarán en esta primera instancia", ya que, los sistemas de evaluación requieren una "adaptación adicional" para asegurar su inclusión.
La medida se inscribe dentro de una serie de modificaciones al sistema de empleo público ya establecidas por el decreto 695/2024, promulgado en agosto de este año. El decreto también establece que la máxima autoridad de cada jurisdicción será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos y las normas éticas en el ejercicio de la función pública.
Los empleados designados deberán presentar una declaración jurada patrimonial y antecedentes laborales cuando se requiera, y ninguna designación se llevará a cabo sin la acreditación de un certificado de aptitud psicofísica. Además, el desempeño del empleado será evaluado de forma continua, y para ser promovido, deberá someterse a nuevas evaluaciones.
Adorni sobre la toma de universidades
En otro momento de la conferencia, el portavoz habló sobre la consolidación del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario que derivó en la toma de universidades en todo el país. Señaló que "es un delito tomar una universidad" y se solidarizó con "la mayoría de los estudiantes, docentes y no docentes" que quieren que la entidad educativa esté "funcionando".
"Hay espacios para discutir y es el presupuesto 2025. Ese es el marco. Nos solidarizamos con la mayoría de los estudiantes que quieren ir a investigar y con los docentes y no docentes que quieren tener una universidad funcionando", dijo.
