Un hombre muere y su familia se disputa la sucesión: algún hijo no reconocido podrá reabrir el caso años más tarde. Una mujer se separa de su marido violento antes de que existiera el divorcio y su caso será de interés para una historiadora. Un marinero filipino desaparece en el río Paraná y se sospecha de un homicidio: alguien escribirá sobre eso también. Cada una de las causas que se inician en los juzgados provinciales de Rosario y el sur de Santa Fe van a parar, termine como termine el proceso, al Archivo General de Tribunales. Son, en promedio, mil expedientes por día que se acumulan en los dos subsuelos. Primero en las góndolas y después en los pisos de los pasillos, contra las paredes, debajo de una mesa. El lugar está saturado con casi 1,2 millón de casos, algunos del siglo XIX.
Ese laberinto de papeles esconde una riqueza incalculable en materia de memoria y de conservación de derechos pero su volumen crece más allá de la capacidad material. Esa dinámica tiene un agravante. La burocracia gigante y costosa que implica tomar una denuncia, armar un expediente, seguir los pasos procesales, acumular prueba (si hay); todo eso queda en la mayoría de los casos en la nada.
Los expedientes se dividen entre “terminados” y “paralizados” (o no terminados). El año pasado ingresaron al archivo 13.939 finalizados y 55.704 sin resultado. Del total (69.643), apenas un 20% tuvo un cierre útil para la comunidad: se encontró un culpable de un delito, por ejemplo. Antes de la pandemia, en 2019, la cantidad fue mayor: fueron derivados al archivo 35.642 expedientes terminados y 76.519 paralizados. Es decir que casi siete de cada diez de los 112.116 trámites fueron abandonados a mitad de camino por distintos motivos.
Un cuerpo judicial está conformado por 200 fojas. Cada expediente puede acumular uno, dos, cuatro cuerpos o más. Cada góndola contiene miles de expedientes en sus estantes y hay 39 góndolas en cada susbuelo, más las seis que se agregaron en planta baja y los entrepisos. Todo el archivo supera el millón cien mil expedientes y unos 28 mil protocolos. Va de nuevo: más de la mitad es burocracia sin conclusión ni resultado conocido (al margen de eventuales acuerdos privados en paralelo).
Hasta 20 años o por perpetuidad
Por ley, el Archivo General debe conservar esos trámites una cantidad determinada de años, que depende de su origen, antes de ser destruidos. Las sentencias residen en esos estantes por 20 años desde la fecha del último movimiento. Las causas que venían de los viejos juzgados de Instrucción (que no existen más con el nuevo sistema) se guardan por 15 años. Las de Civil y Comercial o de Laboral, por 10.
Pero hay otros procesos que por su naturaleza no se eliminan. Las sucesiones, las filiaciones, las adopciones se conservan. Los vinculados a la memoria: por ejemplo en 2013 se separaron expedientes ligados a la última dictadura cívico militar y se enviaron a la Justicia Federal. Los que implican derechos: las persecuciones a la comunidad trans originaron demandas de esa población y los viejos papeles oficiales sirvieron de prueba.
Mucho de ese filtrado depende del criterio del personal (son 15 en total) que revisa el contenido que llega de todos los juzgados del sur provincial. Y también del interés del director del espacio, Carlos Corbo, atento a las distintas derivas que puede tomar cualquier caso. Allí están desde las sucesiones de fines del siglo XIX hechas a mano y con tinta china, al expediente de Juan Ingalinella, el médico y dirigente comunista detenido y desaparecido en junio de 1955, o el voluminoso asesinato de Natalia Fraticelli, apartado porque un grupo de documentalistas lo revisa para una producción actual.
–Sergio, el del marinero desaparecido por el caso de los polizones que se guarde a perpetuidad.
La indicación es del director Corbo. Sergio Rossi es el encargado de recibir pedidos de expedientes en la mesa de consulta. Él encontró y facilitó a Rosario3 la causa del marinero Danilo Dumogho, el filipino caído al río Paraná desde el barco RM Power, el lugar donde se investigó un cuádruple homicidio de polizones en 2013. Forma parte del relato de no ficción “El polizón y el capitán”.
Preservar, catalogar y ubicar esa investigación permitió recuperar el caso y ser narrado. Ahora, ese expediente que tenía destino de destrucción pasará al grupo selecto de los conservados. Es apenas un ejemplo de las miles de historias y las múltiples utilidades que tiene el archivo.
También sirve para buscar datos de filiación y pedir la ciudadanía italiana o española. Rastrear el origen de un apellido mal anotado. Reclamar una herencia o una paternidad no reconocida. O incluso investigar cómo fue la separación de persona de Alicia Larguía, la creadora de la emblemática muñeca Marilu en 1932, cuando todavía no había ley de divorcio. Y así.
La destrucción
Los 69 mil expedientes ingresados en 2021 o los 112 mil de 2019 mencionados antes son solo los eliminables en el tiempo. Las causas que se conservan sin fecha de caducidad no están computadas en esa cifra. El universo total de ingresos es de mil por día en promedio. En general trabajan de a dos juzgados por jornada, de lunes a viernes de 7.15 a 12.45. Pueden llegar al archivo hasta 20 mil carpetas por mes; unas 200 mil al año. Aunque esas pilas de papeles que bloquean el paso por los pasillos del Archivo impresionan, el director no se desespera. Llegó a convivir con 1,4 millón de expedientes en ese lugar. Con el cambio de sistema judicial, hubo una primera descongestión del subsuelo y se redujo al millón. De a poco el número y el desborde vuelve a darse. –Es increíble pero encontrás todo –dice la primera mujer en hacer el trabajo de archivo en el subsuelo. Ahora su tarea la cumple Gonzalo pero ella aprendió los secretos del lugar y comparte algunos. Los protocolos son sentencias y autos (regulaciones). A veces cuando falta un expediente, esa información permite reconstruirlo de forma parcial. Un largo viaje en el tiempo hacia una ciudad que ya no existe pero que, de alguna manera, sigue viva en ese mundo imposible.
Pero la destrucción avanza a un ritmo menor. El año pasado se disolvieron 130.212 expedientes. Este año, el 16 de mayo pasado, se hizo el primer procedimiento de ese tipo con 36 mil casos. El próximo será en noviembre. El resultado es obvio: no hay más lugar en los cuatro niveles del Archivo, dos subsuelos, planta baja y entrepisos.
En 2020, plena pandemia y con menor nivel de actividad, Corbo solicitó a la Corte Suprema provincial más espacio para archivar. Le dieron seis góndolas que entraron en la planta baja. En apenas 90 días se completaron con 24.500 causas. Ahora, en la recepción, debajo de los escritorios hay cajas de cartón con más expedientes de los extintos juzgados de Instrucción penal. Aún no fueron ingresados al sistema porque no hay donde ponerlos.
La Corte no es ajena al problema. Ya facilitó dos lugares como anexos de forma provisoria: el Juzgado Colegiado 4 y el Correcional 2. Allí está parte del material que será destruido en breve. De ese proceso se encarga una empresa de Villa Gobernador Gálvez que se dedica al reciclado de papel y que tiene un acuerdo con el Poder Judicial provincial.
Para Corbo, el problema no resuelve solo con más espacio físico porque el cuello de botella seguirá a futuro. Tampoco se puede destruir mayor cantidad de expedientes porque los plazos mínimos de conservación lo fija la ley orgánica 10.160. Por eso, propone una modificación de esa norma (se suelen conservar hojas sin ningún valor por varios años), acelerar la digitalización y sumar recursos (humanos y materiales).
Un viaje en el tiempo
–Claro que intimida. La primera vez que bajé en 2011 quedé impactado –cuenta el director que asumió ese año su cargo mientras esquiva carpetas que taponean el paso.
Aunque parece un caos, Carina Gasparini, una apasionada por el lugar donde comenzó a trabajar hace dos años, asegura que está todo catalogado y en su lugar.
En el frente de la góndola 22, está el detalle del tesoro que guarda. “Protocolos más antiguos”, es el título. Las fechas sorprenden: de 1871 a 1878 del Juzgado de Comercio o de 1873 a 1898 del Civil.
