La Fiscalía que investiga a Andrés C., el docente de una iglesia evangélica que fue detenido e imputado por pornografía infantil, descartó que haya abusado a cuatro de las ocho personas –la mayoría menores de edad– identificadas en sus propios dichos como posibles víctimas. Ahora, la investigación se centra en determinar si de hecho abusó de las otras cuatro y en encontrar víctimas que lo señalen. El principal obstáculo es la comunidad cerrada en la que se mueve, por eso desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), pidieron a padres con dudas o certezas que se acerquen.
En contacto con el programa Radiópolis (Radio 2), la fiscal Noelia Riccardi, de la unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, informó que Andrés quedó bajo prisión preventiva por el peligro que supone su contacto con menores. En chats a los que tuvo acceso Rosario3, el docente se jactaba de hacer lo que quería con los niños y niñas a su cargo porque los padres confiaban en él. “Es su problema”, le había escrito a la mujer que lo denunció.
Del material recabado, la fiscal contó ocho posibles víctimas, siete de ellas menores de edad e incluso “familiares muy cercanos”. De los siete niños y niñas señalados, cuatro fueron entrevistados por equipos profesionales y se descartó que hayan sido víctimas del docente. Creen que Andrés mintió o que lo dijo en el marco de una “fantasía”. Resta determinar si las otras cuatros personas fueron abusadas o si fue producto de su imaginación.
De momento, Andrés sólo reconoció ante la Justicia haber descargado pornografía infantil desde una conocida aplicación, pero como “favor” a otra persona, y que fue un “error”.
En este marco y por lo investigado hasta aquí, la Fiscalía tampoco descarta otros posibles abusadores además del docente en ese entorno, pero para avanzar en la imputación del abuso sexual, necesitan confirmar, al menos, una víctima.
“Investigamos a él y otros posibles autores, por eso es importante que se acerquen más personas (a denunciar) si saben o tienen sospechas”, pidió la fiscal e insistió: “Sabemos que es una comunidad muy cerrada y que prefieren tratar el tema en el círculo íntimo, pero es necesario que vaya más allá de la familia para que se pueda investigar y pueda frenarse de alguna forma, porque son delitos que deben ser castigados”.