El juicio por la tragedia de Salta 2141 culminó este martes con la absolución de diez de los once imputados: sólo fue condenado a cuatro años de prisión Carlos García, el gasista que actuó el día de la explosión que dejó 22 muertos. De esta manera, quedaron absueltos los administradores del edificio y el personal de Litoral Gas.
La jueza Marcela Canavesio leyó la sentencia pasadas las 14 en el Centro de Justicia Penal. Allí comunicó primero las diez absoluciones: José Luis Allala (gasista que hizo un trabajo previo en la torre); Norma Bauer, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli (responsables de la administración del edificio); Guillermo Oller, Luis Curaba y Gerardo Bolaño (reclamistas de Litoral Gas); Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes de Litoral Gas); Viviana Leegstra (gerenta técnica de Litoral Gas); Pablo Miño (ayudante de García).
Por último detalló que la condena al gasista Carlos García será de cuatro años de prisión. La condena penal lo responsabiliza por el delito de estrago culposo. El tribunal estuvo integrado por los jueces Marcela Canavesio, y Rodolfo Zvala, quienes se inclinaron por los cuatro años de prisión, y Juan Carlos Leiva que optó por tres.
Previo a la lectura de la sentencia, la jueza Marcela Canavesio realizó en la sala una reflexión sobre el proceso judicial: "No estamos ajenos a tal conmoción social. Se ha configurado la mayor catástrofe de la historia de la ciudad que enlutó a la comunidad. Puede se injusta una condena o una absolución".
"Se justa un delito imprudente, no intencional", continuó. "Se discute quienes produjeron un estrago para poner en peligro de muerte a la gente". "Buscamos fundamentos. Acá fallaron los eslabones de responsabilidad y hubo contradicción", cerró.
La Fiscalía, en los alegatos de apertura y clausura, había solicitado la máxima pena (5 años de prisión efectiva) para nueve de los once imputados. En tanto, pidió el sobreseimiento para dos: José Luis Allala y Gerardo Bolaño.
Por su parte, la querella, representada por la familia de Débora Gianángelo –una de las 22 víctimas fatales– solicitó previamente la pena de 5 años de prisión efectiva para los once acusados. Sostuvo, a través de los abogados Ángelo y Luis Rossini, que "todos fueron responsables por acción u omisión".
Para el cuerpo de fiscales, integrado por Graciela Argüelles, Miguel Moreno, Valeria Piazza Iglesias y María Eugenia Iribarren, la explosión fue consecuencia de “una cadena de negligencias” que involucraron desde el gasista que trabajaba en el lugar hasta el personal de la empresa Litoral Gas y los administradores del consorcio.
Argüelles, en el alegato de apertura, había dejado en claro que el gasista Carlos García, el último que manipuló el gabinete de gas antes de la explosión, no cortó el suministro cuando comenzó a hacer los trabajos; tampoco la luz; no cerró la puerta de acceso al edificio; ni avisó a los vecinos cuando empezó el escape.
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