La desregulación de los servicios del Transporte Automotor de Pasajeros de media y larga distancia se publicó este lunes a través del Boletín Oficial, tratándose de una medida que generó cuestionamientos por parte de especialistas y actores del sector y que desde el Gobierno de Javier Milei justificaron con el propósito de "lograr la liberalización y modernización del transporte automotor de pasajeros y su adaptación a la dinámica de transporte actual".

La propuesta, que reemplaza a una normativa actual que tiene más de 30 años de antigüedad, fue impulsada desde la Secretatía de Transporte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Las autoridades apuntan a que, en un marco en el que las empresas podrán acceder al mercado sin la necesidad de adaptarse a restricciones como la obligatoriedad de operar en terminales específicas, se reducirán los costos fijos, lo que llevará a precios más competitivos para los usuarios finales.

Entre otros puntos, establece la creación de un nuevo Registro Nacional del Transporte de pasajeros, el libre establecimiento de recorridos, horarios, precios y duración de los servicios por parte de los transportistas. Además, determina que el transporte media y larga distancia deja de ser un servicio público.

Con respecto al Registro Nacional del Transporte de pasajeros –que será de acceso público, gratuito y online-, tendrán que darse de alta en el mismo solo las empresas nuevas, y no así aquellas que ya estaban registradas.

Allí deberán detallar todos los servicios que se presten al público; cantidad y tipos de vehículos; cantidad de asientos; seguros contratados; nómina de conductores; la periodicidad de los servicios declarados; el origen, las paradas intermedias y el destino del viaje.

Una vez inscriptos, los prestadores del servicio obtendrán de manera automática la habilitación para operar en el lapso de cinco días posteriores, mediante una nueva metodología de "Silencio Positivo" ya implementada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y con la que se busca agilizar el procedimiento.

También se habilita el transporte de pasajeros en aeropuertos y puertos provinciales, que hasta antes de la oficialización de la medida estaban prohibidos. Esto representa un cambio significativo en la forma en que se gestiona la movilidad en puntos estratégicos para el comercio exterior y la logística.

Desde el Gobierno aseguraron que la desregulación no modifica las exigencias en materia de seguridad ya establecidas en la normativa vigente.

Concentración de empresas

Diego Giuliano, ex ministro de Transporte de la Nación y actual diputado nacional por Santa Fe (Frente Renovador), indicó que aunque pueda paracer "una medida simpática para muchos", tiene "un efecto muy fuerte para el sistema de transporte" y favocere la "concentración de empresas".

"La medida habilita a que nos juntemos dos o tres, pongamos una combi, nos inscribamos en un registro y salgamos a levantar pasajeros en la calle", describió el legislador en diálogo con De Boca en Boca (Radio 2).

Giuliano apuntó que la desregulación "favorece fuertemente la concentración empresaria del transporte", y en esa línea argumentó: "Pueden aparecer empresas muy concentradas, con un gran dominio de mercado, que al no haber ningún tipo de regulación pueden poner una tarifa muy baja durante un mes y, con eso, hacer que desaparezcan los competidores menores".

El extitular de la cartera nacional de transporte consideró que "porque haya defectos de regulación no hay que terminar con la presencia del Estado". Además, advirtió que la desregulación total amenaza con dejar desconectadas a localidades de todo el país.

"El hecho de que el transporte sea un servicio público responde a la necesidad de conectar ciudades y pueblos que, sin esa condición, van a quedar desconectados", apuntó.

También es una incógnita lo que podría ocurrir con beneficios como, por ejemplo, el acceso a boleto gratuito para discapacitados y un acompañante.

Los recorridos y la calidad del transporte, en duda

El quitarle a este segmento del transporte la calificación de servicio público constituye un punto neurálgico de la desregulación, y de allí se desprenden las principales modificaciones para el sector.

El vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), Gustavo Gaona, hizo hincapié en este aspecto y explicó que "el ómnibus de larga distancia, como estaba regulado, se parecía mucho a los servicios urbanos".

La comparación se explica por el hecho de que, en ciudades como Rosario, las empresas prestadores del servicio de transporte urbano de pasajeros no definen sus recorridos libremente, sino que deben ajustarlos al sistema de conectividad diseñado por la Municipalidad para garantizar que no haya ciudadanos sin posibilidad de tomarse un colectivo en su barrio.

La conectividad es una de las principales virtudes del ahora anterior sistema, que "tenía normas muy antiguas y cosas por mejorar", reconoció Gaona.

"El Estado le daba a entre 120 y 150 empresas de todo el país los permisos para operar determinados corredores" y llegar a diferentes destinos, incluyendo desde capitales y grandes ciudades hasta pequeños parajes.

En diálogo con El Contestador (Radio 2), el referente del sector destacó que esto llevó a que actualmente hayan 1.600 destinos conectados mediante servicios de ómnibus de larga distancia. Dado que muchos de esos destinos no son rentables, saber si continuarán formando parte de los recorridos es una incógnita.

Otro de los puntos importantes sujetos a regulación es el que establece el precio de los boletos, que desde ahora podrán variar de acuerdo con la libre disposición de las empresas.

La desregulación, planteó Gaona, supone un cambio de escenario que de momento "es un libro abierto", y en el que uno de los principales interrogantes es el de "cuáles son los requisitos mínimos".

"Las empresas tienen diferencias de tamaño y cantidad de colectivos. Pero todas se parecen porque tienen una calidad de servicio establecida, una cantidad de butacas e incluso requisitos en cuanto al tipo de bus", describió, y sumó otras condiciones como, por ejemplo, la de contar con coches de respaldo a disposición ante una posible falla mecánica de otra unidad.

Esto deja de ser así, ya que en el nuevo panorama en el que comienzan a operar las empresas se equipara a los colectivos con otros vehículos de menor porte, como una combi. "Eso nos genera preocupación", manifestó el vocero de la Celadi, y aclaró: "No nos oponemos a la competencia, pero hay que defender la calidad".

La autoridad de aplicación de esta medida será la Secretaría de Transporte de la Nación del Ministerio de Economía y comenzará a implementarse en 60 días, cuando se realicen las actualizaciones tecnológicas necesarias.

El decreto excluye a:

  • Los servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros que se desarrollen exclusivamente en el Amba.
  • Los servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano de Jurisdicción Nacional que operan en las diversas Unidades Administrativas.
  • Los servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter internacional.

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