El presidente Javier Milei firmó el viernes por la noche el veto total y sin excepciones al proyecto de movilidad jubilatoria que fue sancionado en el Senado la semana pasada y se publicó hoy en el Boletín Oficial. De esta manera, utilizó por primera vez este recurso y los espacios defensores de la tercera edad esperan estudiar los fundamentos del DNU para iniciar su apelación a la medida. Solo unas horas después de su publicación, ya se presentó la primera acción judicial contra la decisión presidencial
La abogada Valeria Carreras, quien representa también a los familiares del ARA San Juan, presentó una denuncia por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público" contra el Presidente y el director ejecutivo del Pami, Esteban Leguizamo, en respuesta al veto dispuesto contra la nueva ley de movilidad jubilatoria.
La denuncia quedó a cargo del juzgado federal 11, que subroga el juez Julián Ercolini, según informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas. Acorde a la denunciante, el veto presidencial no debe investigarse "como un hecho aislado, sino como parte de toda una política de maltrato al adulto mayor, que llevan no solo a incumplir con la garantía de derecho humano básico como derecho a la vida, a la dignidad y a la salud, sino también como un ataque desde el Estado a los más vulnerables". De ahí que pidiera la intervención de la UFI Pami.
"Con el veto a la ley de movilidad jubilatoria que significaría un aumento ínfimo, pero un aumento al fin para el sector pasivo, y una fórmula de actualización mínimamente realista, estamos frente a una conducta que podría tipificarse no solo como el incumplimiento de deberes de funcionario público, al no cumplir con leyes y tratados internacionales, sino también frente a conductas que podrían encajar en un plan sistemático contra los pasivos de nuestra sociedad", alegó la abogada.
En el escrito, Carreras incluyó la decisión de "quita de cobertura al 100% de 44 medicamentos" a los afiliados a la obra social Pami, "todo ello en perjuicio de al menos más de 5 millones de beneficiarios".
La semana pasada, la Cámara Alta sancionó por 61 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones la ley que establece una recomposición del 8,1% para este año en los haberes jubilatorios, contempla la fórmula de movilidad por inflación y dispone un aumento del 50% adicional en marzo de cada año por el índice de variación salarial de los trabajadores activos.
"El presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará", rezaba una semana atrás el comunicado de la Oficina del Presidente (Opra) para justificar la decisión del Ejecutivo de rechazo a la recomposición en los haberes jubilatorios.
De esta manera, organizaciones sociales y legisladores esperan a este lunes para verificar la justificación de la medida en el decreto que se publicó en la madrugada en el Boletín Oficial.
"En un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso", había dicho Milei sobre la decisión del Congreso.
¿Qué opinan las organizaciones defensoras de jubilados?
Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que la ley es "una reforma pequeña" y sobre todo de "poca significancia para los jubilados que cobran la mínima o pensiones no contributivas".
"No contempla pérdidas anteriores, incluida la devaluación, pero al margen de eso tiene algunos aspectos positivos", remarcó en diálogo con El Cronista.
Semino explicó que están esperando estudiar la publicación del veto total, ya que si bien la Constitución Nacional da al Poder Ejecutivo esta facultad "tiene que estar fundado".
"Estamos esperando a conocer esa fundamentación y si no tiene razonabilidad, que dicen en términos del costo fiscal y si hay una colisión entre leyes porque se supone que no hay un establecido de dónde van a salir los fondos", relató Semino
Una de las razones del veto por parte de Javier Milei era justamente el aumento del gasto público para el Estado.
Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), una eventual ratificación del proyecto significaría un gasto extra del 0,45% del PBI en todo el año.
No es la proyección que difunden desde la Oficina del Presidente (OPRA), que la semana pasada dijeron que la ley "implica un gasto del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes".
Semino también hizo la consulta a la Comisión de Presupuesto de Diputados y replicó que no coincide con la apreciación del Ejecutivo. "Sobre la razonabilidad hay varias interpretaciones. Es muy probable que si vemos el hecho que seis millones de personas están bajo todos los índices de pobreza que se puedan tomar, y se plantee en la norma incorporar una pequeña ayuda no darla repercutiría en afectar la condición humana", subrayó.
En este sentido, en caso de no haber argumentos razonables en el decreto presidencial desde su defensoría planean presentar un amparo colectivo de inconstitucionalidad en el Fuero de la Seguridad Social.
"Hay que ver más allá de la ecuación económica, si el valor de la vida no está por sobre el costo económico en términos de crisis humanitaria".
¿Qué aspectos de la reforma previsional molestan a Milei?
Entre los aspectos positivos de la reforma, Semino destacó que se encuentra el sumar el bono a los haberes: "Era un verdadero disparate, está congelado hace siete meses y es discrecional". Hoy también se renovó por $70.000 en el mismo Boletín Oficial.
"Al no estar incluido, 6 millones de jubilados de la mínima no reciben sus haberes de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los aumentos no se perciben sobre ese monto", relató.
Para Semino, la recomposición es mínima y, por lo tanto, está "amortizada" para el Ejecutivo por la licuación de 7 meses consecutivos de los ingresos jubilatorios. "No tiene costo fiscal".
El costo que verdaderamente preocupa al ejecutivo sería que, según la nueva ley sancionada, en caso de una variación ascendente del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) durante el año, se le otorgaría un aumento a los jubilados del 50% del mismo al año siguiente.
"Esta es la razón del veto, porque el ejecutivo tiene su política basada en la baja de inflación y el superávit. Un 30 por ciento es lo que se paga de menos a los jubilados, lo están pagando los jubilados con su vida", remarcó.
Por este motivo, al Poder Ejecutivo no le convendría que haya una variación en el IPC porque quiere que el ajuste "se siga produciendo sobre la seguridad social".
"Es lo que menos costo le resulta, el costo humano", cerró Semino.
