El gobierno provincial denunció ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que directivos y personal jerárquico de Assa y, hasta el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, fueron amenazados luego de que se decidiera la desvinculación de empleados involucrados en los hechos violentos durante la protesta gremial de noviembre pasado contra la reestructuración de la empresa de servicios.
La Casa Gris inició un profundo proceso de ordenamiento en Assa advirtiendo que no solo estaba sobredimensionada en términos operativos, sino que directamente estaba coptada por el gremio de Obras Sanitarias, al que acusaba de colocar gente que directamente no trabajaba, pero cobraba muy buenos sueldos. En lo que va del año, la empresa despidió a 90 empleados, todos con causa.
En protesta por el ordenamiento, el 13 de noviembre se realizó una movilización sindical que terminó en hechos violentos, como destrozos y agresiones. Según los cálculos que hizo la empresa, el costo de las reparaciones fue de 15 millones de pesos.
Si bien Assa denunció la situación en el MPA, la causa no presenta avances significativos. Pero en paralelo, la conducción de la firma inició investigaciones y sanciones propias al personal involucrado.
Fue así que se despidieron a empleados que participaron de los destrozos, pero que además fueron encontrados muy alcoholizados en horario de trabajo. Otros, en tanto, fueron alejados luego de ausentarse sin causa ni aviso más de 20 días. Luego de esa tanda de despidos comenzaron a circular whatsapps con serias amenazas, incluso en algunos de los mensajes los agresores se identificaban.
Con la denuncia al MPA, a quien le piden que investigue el origen de las amenazas y sancionen a los agresores, el gobierno provincial quiere enviar el mensaje de que no los amedrentarán y que continuará el proceso para ordenar la empresa estatal. La idea también es transmitir al personal que está comprometido con la transformación de la empresa, de que el directorio no va a dar un paso atrás.
