El ministro de Seguridad Marcelo Sain denunció que durante la gestión de Maximiliano Pullaro se utilizó cerca de un millón de pesos de fondos reservados para pagar honorarios del abogado José Manuel Alcacer, quien defendía a los cinco policías acusados por la desaparición forzosa y homicidio de Franco Ezequiel Casco.
La presentación ante la Unidad de Delitos Complejos de Fiscalía fue realizada esta semana por la abogada Nadia Schujman.
La acusación es contra David Reniero (ex secretario de Control de Fuerzas de Seguridad del Ministerio de Seguridad), quien habría incurrido en el delito de “peculado”, al utilizar fondos públicos para el pago de un abogado particular, en este caso para el pago de los honorarios del abogado José Manuel Alcacer.
Siempre según la denuncia, el abogado Alcacer contaba con una incompatibilidad para ejercer la defensa o la “representación, patrocinio, y asesoramiento” a personas que “realizaban actividades reguladas por el Estado” porque había sido funcionario del Ministerio de Seguridad (Decreto Nro. 2118 de fecha 14 de Julio del año 2014, suscripto por el ex gobernador Antonio Juan Bonfatti) cuando el ministro era Raúl Alberto Lamberto y cumplía tareas estrechamente relacionadas con la unidad de Asuntos Internos.
Mientras era funcionario, el abogado Alcacer se encargó de la defensa de Gabriel Zilli, quien fuera detenido, imputado y procesado en el mes de octubre del año 2015 en una causa conocida popularmente como la causa “Narco arroz” (envío de cocaína a África).
La denuncia hace hincapié en el “perfil de defendidos” que caracterizara al desempeño de la actividad profesional de José Manuel Alcacer y su socio Lucas Peirone, quien curiosamente también se desempeñó como asesor político de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia en la gestión de Pullaro.
Además, Alcacer fue defensor de Luis Alberto Paz, procesado como jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico cuando era socio en su estudio jurídico del abogado Peirone (Defensor de Alvarado), quien era en ese momento asesor en la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia.
La denuncia detalla también que los abogados Alcacer y Peirone –socios en el mismo estudio jurídico y funcionarios políticos de la Secretaria de Control del Ministerio de Seguridad tanto en la gestión Lombardi como la de Pullaro–, tuvieron acceso privilegiado a un cúmulo de información extraordinariamente sensible mientras se desempeñaban como defensores particulares, no solo en la ya referida causa penal “Casco”, sino también en procesos penales ligados a investigaciones de las organizaciones narcocriminales más importantes que operaban en la ciudad de Rosario y la región.
