El lunes 30 de julio de 2018. quien era ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, junto con su par de Obras Públicas, Pedro Morini, y el gobernador Miguel Lifschitz dejaban inaugurado formalmente el nuevo penal de mujeres denominado Unidad Penitenciaria para Mujeres Nº 5, el cual se encuentra dentro del predio destinado a la Alcaidía departamental en la zona sudoeste en calle 27 de Febrero al 7800. A la hora de cortar la cinta, los funcionarios hicieron mención a la obra de 290 millones de pesos basada en cuatro ejes principales: “mejorar la eficacia del sistema policial, dotar de todos los recursos necesarios al sistema judicial, generar la inclusión social de jóvenes en situación de vulnerabilidad social y mejorar las condiciones de alojamiento en el sistema penitenciario”.
Con un total de 131 plazas, un pabellón especial para alojar a 11 mujeres con sus hijos menores de 5 años y un espacio de recreación, dejaban asentado frente a las cámaras una iniciativa sin precedentes en la región, que incluso contaba con una segunda etapa relacionada al trabajo dentro de las unidades penitenciarias, “contención, seguimiento, capacitación, para lograr mejores niveles de reinserción social y menores niveles de reincidencia”. Lo cierto es que tres años después, y según sus propios testimonios, las mujeres privadas de la libertad junto a sus hijos, viven una realidad muy distinta a la planteada por aquel entonces.
Tres historias distintas pero similares
Alrededor de las 17.30 de una tarde primaveral, Rosario3 golpea la puerta de la sede de Mujeres Tras las Rejas, una ONG que lucha por los derechos de las personas privadas de su libertad haciendo fuerte hincapié en las mujeres, como su nombre lo indica. Del otro lado Graciela Rojas, coordinadora y fundadora del espacio, da la bienvenida.
La sede de calle Tucumán 2647 está en pleno funcionamiento. La vieja casona recuperada posee dos pisos, en el primero hay cajas llenas de libros que darán vida a la biblioteca, un espacio para niños y dos salas de reuniones donde Graciela y equipo resuelven lo que el Estado olvida. En el piso de arriba un grupo de mujeres borda alfombras entre mates, torta y charlas. Entre ellas se encuentra Daniela de 31 años, madre de 5 hijos de los cuales 2 nacieron y vivieron dentro de la prisión. El primero de ellos en la Unidad Penitenciaria IV, de Ingeniero Thedy 375 bis, donde según cuenta “era otra cosa, era una casona y todas nos ayudábamos con todas. Había más compañerismo”. Después llegó el traslado y el segundo hijo con el cual recuperaron juntos la libertad hace tres años.
Daniela cuenta su historia con la voz quebrada pero segura de cada palabra. “En el sistema carcelario no hay apoyo, ni tampoco posibilidades de reinsertarte. Si acudís a los psiquiatras de las cárceles te recetan medicación y ya no solo sos adicta a lo que te llevó ahí sino también a algo más que depende de ellos”, afirma.
Con respecto a la idea en sí de la cárcel para mujeres, no duda en responder: “Es toda una farsa, todo mentira”. Su historia es similar a la de tantas otras mujeres de bajos recursos, nacidas y criadas con vulnerabilidades, con el peso del sistema patriarcal sobre sus espaldas, discriminadas por ser mujeres y pobres que suelen encontrar en las drogas un refugio.
Afirma que fue la adicción la que la llevó a la delincuencia. Embarazada de 5 meses, pasó el último tramo de su embarazo y los primeros años del bebé privada de la libertad en la prisión que costó millones de pesos pero que según cuenta en primera persona, “cada vez que llovía se inundaba todo. Era un horror. Estar con una criatura ahí es horrible. Tenes que hacerte, no queda otra”.
La mañana dentro de la pequeña celda que habitaba junto a su hijo comenzaba a las 7 “cuando pasaban lista”. Se llevaban los chicos al CAF y ella bordaba o cocinaba si es que la cocina donada por organizaciones, andaba. Lo hacía para pasar el rato y porque la comida de la cárcel “era un asco”, dice. Dentro de esas paredes el tiempo parece no pasar y sobran oportunidades para discutir, las formas de criar a sus hijos son distintas y la violencia entre el estrés, la angustia, la preocupación y el encierro, dice presente. Motivo para acumular malos comportamientos y alargar las estadías dentro de la prisión de madres e hijos.
Al recuperar la libertad no tenía donde ir, ni ella ni su bebé ni su marido que salía una semana después. Un familiar de él los recibió. Dormían los tres en un colchón de una plaza y media. Pero el verdadero problema llegó después y permanece aún hoy. Los trastornos psicológicos que marcan las infancias para siempre. Ese nene de apenas 2 años no tuvo preparación previa para vivir en libertad. Al salir de prisión su hijo no quería caminar por las calles, los ruidos los asustaban y no quería ir upa de nadie. “No sabes lo que fue, se me prendía de las piernas y lloraba”, dice. “No podemos cerrar las puertas de las habitaciones si él está adentro porque tiene fobia”, cuenta Daniela. Lo mismo le pasó a ella, readaptarse a la cotidianidad no fue cosa fácil pero la ONG fue de gran ayuda.
Con el dinero de la asignación familiar por hijo se compró un horno y con esa posibilidad comenzó a vender tortas. Con el correr de los meses alquilaron un “rancho”, así le llamaban porque se venía abajo con el primer viento. Mientras recuerda se ríe. Su marido consiguió trabajo y entre lágrimas de emoción cuenta que empezaron a comprarse ladrillos para construir. Hoy tienen una casa “hermosa” y sumaron otro horno para aumentar la producción de tortas. A la sala entra M., el niño en cuestión. “Él es re maduro, siempre me dice no existe la gente mala”, agrega Daniela, que “nunca más sería madre en prisión” y que según ella “deberían existir talleres y apoyos para las infancias organizados por el sistema penitenciario y no por organizaciones”.
"Ellos están encerrados conmigo"
Otra es la historia de Mariana, que lleva tres años y cuatro meses cumpliendo prisión domiciliaria sin condena, procesada dos veces y a la espera de un juicio oral con tobillera electrónica. Al momento de la detención, su hijo más pequeño se alimentaba de leche materna. A ella la llevaron a la Federal y el bebé quedó a cargo de la mamá de Mariana separándolos a pesar de que la ley diga lo contrario.
Si bien cada caso es un mundo y cada tipo de delito tiene sus posibilidades y sus prohibiciones, el sistema judicial levanta una bandera de la cual carece: la perspectiva de género. Como era de esperarse el bebé lloraba, no dormía y perdía peso. Estaba lejos de su fuente de alimentación y de todo lo que implica una mamá en los primeros meses de vida.
Tras largos reclamos, esa abuela que llevó incansablemente a su nietito a los fríos edificios de tribunales junto a abogados, fiscales y jueces, logró la prisión domiciliaria de su hija siempre y cuando sea ella la que se responsabilice por los tres: Mariana y sus dos hijos que hoy tienen 10 y 4 años. “El primer año y medio de la domiciliaria fue malo, no me dejaban llevar a mis hijos a la escuela, no querían que yo termine el secundario y solo podía salir si uno de mis chicos tenía una urgencia”, cuenta Mariana que hasta antes de ser detenida era el sostén económico de la familia.
En 2019 y gracias a sus defensores y la asistente social, lograron la aprobación del juez para que Mariana termine sus estudios. Se anotó en la facultad pero cuando debía comenzar a cursar, el permiso fue denegado. Y como si eso fuera poco, estalla la pandemia. Mariana quiere progresar y busca incasablemente oportunidades de crecer. Este año se anotó en un curso gratuito de manicura, por ese motivo logró cobrar una beca que la ayuda económicamente para darle de comer a sus hijos. Desde “Mujeres tras las rejas” le acercan una vez al mes un bolsón de mercadería y también le posibilitaron un curso de Asistente Jurídico, el cual termina de cursar online este año.
“Pedí permiso para tomar talleres que me dejen dinero, pero me lo negaron porque dicen que ya salgo demasiado: llevo a mis hijos al colegio, voy al curso de manicura y al médico cuando tienen urgencias”, dice Mariana. Y agrega, “Desde el sistema judicial nunca vinieron a ver cómo están mis hijos, si tienen para comer o si van al colegio, por eso estudio ya que trabajar no me dejan”.
Con respecto a sus hijos, Mariana dice una frase corta, contundente y dolorosa: “Ellos están encerrados conmigo”. El más pequeño no sabe nada sobre la situación de su mamá y el más grande “solo pide mi libertad”, cuenta la mujer que camina más de 25 cuadras por día para poder llevar a sus hijos a las distintas escuelas que acuden porque “para 4 boletos de colectivos por día no alcanza”. Eso le ocasionó problemas con la Justicia “No entendían por qué me demoraba tanto en volver a mi casa”, dice.
Ni Mariana ni sus hijos tienen apoyo psicológico y las trabas a la hora de progresar son notorias; cada pedido que Mariana hace es un no rotundo. ¿Cómo pretende el sistema que esta familia salga adelante? ¿De qué manera creen que viven dos criaturas que pasan la mayor parte del tiempo dentro de su casa porque su mamá está privada de la libertad? ¿Dónde está la eficacia prometida en 2018? Las preguntas son muchas y se multiplican en la siguiente historia.
"Qué hermoso que es el castillo donde vive mi mamá"
Omar Denoya es el papá de Priscila Denoya, mamá de dos nenas, detenida desde el 2019 por el resonante caso Guenchul. Desde ese día, los errores del sistema para con esas dos nenas no cesan. Aquel 19 de diciembre después de la audiencia, la joven quedó detenida. La jueza a cargo, la Dra. Valeria Pedrana “creyó caer en sobreabundancia” y por lo tanto no anotó en el oficio de la orden de detención que Priscila quedaba detenida junto a su hija Martina, de tan solo 25 días de vida.
Era de noche cuando arrancó la caravana hasta la Unidad 5: el móvil con la detenida, Omar y su ex esposa con la beba y varios autos de amigos que acompañaban el momento. Todos frenaban cada vez que debían alimentar en el medio de la ruta a Martina. Al llegar a destino, el error de la jueza impidió que Priscila ingrese al penal con su hija. Esa noche las dos durmieron en un sillón de una oficina, hasta que en la mañana siguiente y, a pesar de su resistencia, la obligaron a ingresar a la Unidad separándola de su beba.
Mientras tanto, afuera del penal y bajo la lluvia, la mamá de Priscila acunaba a su nietita para que cada tres horas y con previo permiso, pueda alimentarse con leche materna. Al día siguiente la beba comenzó a vivir en el penal. ¿Y los derechos del niño y el artículo 18 de la Constitución Nacional dónde quedan cuando el poder se equivoca?
Mientras tanto Tizi, la otra hija de Priscila, cumplía años y preguntaba por su mamá y su hermanita. “Nunca piensan en los chicos”, dice Omar con los ojos empañados. Con esa frase se refiere al sistema judicial en su totalidad. El mismo sistema que de un día para otro le asignó a los abuelos paternos la guardia provisoria de la menor de 3 años y medio que había sido criada desde el nacimiento por la familia materna. “Tizi” como la llama Omar, perdió en pocos meses a su papá, a su mamá, a su recién nacida hermanita y a sus abuelos con los cuales creció porque desde hace 14 meses y a pedido de la jueza y el fiscal, la nena está incomunicada de toda persona cercana a su madre, según cuenta Denoya.
“Cuando mi hija quedó detenida, llamaba todos los días a mi casa para hablar con Tizi. Y yo cada 15 días la llevaba a ver su mamá. La primera vez que llegamos a la cárcel, dice Omar y hace una pausa para tragar lágrimas que no suelta, y seguir. “La primera vez que fuimos, bajó del auto y me dijo: «qué hermoso que es el castillo donde vive mi mamá»”. Tizi tenía una vida como la de cualquier nena, rodeada de “amor, sin lujos pero nunca le faltó nada. Yo la llevaba al psicólogo, a tribunales, a todos lados”, dice un abuelo desesperado que en 14 meses solo pudo tener una video llamada donde ambos lloraron.
A Priscila le negaron la prisión domiciliaria porque según el fiscal Spelta "es peligroso para la testigo y puede fugarse". Mientras tanto, lleva sus días siendo madre de Martina en una pequeña celda dentro de la “cárcel modelo” que no tiene agua potable ni cloacas. Pasó más de 15 días conviviendo con excrementos y que el problema lo terminaron solucionando los empleados de mantenimiento después de las súplicas de las madres detenidas.
Desde aquel 2019, Niñez nunca fue a ver a Tiziana, tampoco a Martina, contó el padre de Priscila. El desamparo para con las infancias es tanto dentro como fuera de prisión. Cada miércoles, Omar Denoya va a 27 de Febrero al 7800 para ver cómo sobreviven su hija y su nieta. Omar les lleva productos de higiene, de limpieza, algún que otro alimento que sea mejor al que les dan dentro de prisión. Y le pide a Priscila “que resista”. Se lo ve fuerte aunque por las noches, antes de dormir, extrañe la normalidad con la que trascurrían sus días y no deje de pensar en el sentimiento de abandono que puede generar todo esto en Tizi.
Todas las historias son distintas, sin embargo coinciden en algunos puntos: el atropello que viven las infancias y las maternidades vinculadas al sistema penal y judicial de nuestro país. La violación sistemática de la dignidad y los derechos humanos. La evidente ausencia de perspectiva de género de fiscales y jueces. El olvido de las mujeres y las infancias presas que se agudiza una vez cumplida su pena.
El despojo, la crueldad y el atropello que viven las personas, culpables o no, y todo su entorno familiar por parte de la “justicia” y un discurso político que cambia de bandera, de tiempo, de colores, pero que nunca deja de ser eso, un simple discurso de lindas y falsas palabras para disfrazar el terrible y obsoleto sistema de justicia argentino. ¿De qué sirven los 290 millones invertidos en una cárcel de mujeres modelo si las internas y sus hijos pierden junto a su libertad todos sus derechos? Rosario3 intentó comunicarse con el penal para preguntarles pero no hubo respuestas hasta el momento.
