A fines de marzo, el juez federal de Concordia, Pablo Andrés Seró, dictó el procesamiento del presidente de la empresa Eureka SRL y de dos capataces tras considerarlos responsables del delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado contra al menos 190 trabajadores rurales en calidad de autores y a su vez dispuso el embargo de bienes de sus bienes hasta alcanzar la suma de 50 mil pesos cada uno.
En tanto, esta semana, la fiscal federal de esa localidad entrerriana, Josefina Minatta, apeló la falta de mérito –dispuesta en el mismo fallo, fechado el 27 de marzo– del presidente de la firma Extraberries S.A., que de acuerdo con la investigación explotaba los campos donde ocurrieron los hechos.
La funcionaria del Ministerio Público Fiscal (MPF) citó una resolución de Cámara que señala que “quien percibe la mayor ganancia en la cadena de producción tiene responsabilidad y un deber de conocimiento acerca de las cuestiones que están bajo su directo ámbito de organización”.
Los hombres se encuentran imputados de haber intervenido en la captación y acogimiento de las víctimas en situación de vulnerabilidad, en su mayoría procedentes de provincias del norte argentino, para explotarlos laboralmente en campos de Concordia para la cosecha de arándanos, indicó el portal Fiscales.
Según la investigación, que acumula seis causas que datan de 2013 a 2017, las víctimas eran convocadas en su mayoría por una persona a quien conocían por haber realizado otros trabajos con él.
Desde la terminal de ómnibus eran trasladados en micros –cuyos pasajes luego les descontaban del salario hasta la zona de las fincas de Entre Ríos–.
Una vez que arribaban al lugar, la mayoría de las promesas que les habían realizado no se cumplían y eran alojados en lugares sin luz y sin baños. En su declaración, algunos de los trabajadores dijeron estar a las órdenes de Eureka SRL.
Según la investigación, las diferentes víctimas identificadas en cada uno de los procesos refirieron ser “trabajadores golondrinas” que residían en condiciones de hacinamiento en los distintos lugares utilizados por los imputados. Explicaron que se encontraban alejados de zonas urbanas, en condiciones precarias, ya sea en galpones o en viviendas en construcción, con filtraciones de agua, baños de madera tipo letrina y habitaciones construidas en madera. Sostuvieron que allí habitaban hombres, mujeres y niños que compartían baños y se encontraban en malas condiciones de higiene, con cuchetas e instalaciones eléctricas precarias.
De acuerdo con los testimonios, la explotación laboral de esas personas habría consistido en trabajo no registrado en la cosecha de arándanos, con jornadas de 12 horas diarias de lunes a sábados. No se les proveía la vestimenta de trabajo ni elementos de seguridad acordes a las tareas, les descontaban el valor de la comida y de los pasajes de traslado, y no les otorgaban recibo de haberes ni les efectuaban aportes previsionales. Las personas explotadas tenían prohibido trasladarse a sus lugares de origen, se les retenía documentación personal y les prohibían salir cuando tenían problemas de salud, bajo amenazas de ser despedidos, así como también hablar con otras personas.
Según declararon las víctimas, los acusados imponían en este contexto sanciones a aquellas personas que expresaban su voluntad de renunciar, tales como no darles comida, no pagarles y hacerlos caminar distancias extremadamente largas.
Según la investigación, uno de los procesados cumplía el rol de captador y “contratista” por cuenta y orden de las empresas Eureka SRL, Blueberries SA y Extraberries S.A. de las personas explotadas provenientes de las provincias de Misiones, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y de Bolivia.
Otro de los procesados es el padre aquél y también habría intervenido en la captación, acogimiento y explotación laboral en su actividad de contratista de las empresas mencionadas.
El tercer procesado habría intervenido en la captación, acogimiento y explotación laboral en su calidad de presidente de Eureka S.R.L al momento de los hechos.
Finalmente, el cuarto imputado –beneficiado con la falta de mérito apelada por la Fiscalía– es el presidente de la firma que explotaba los campos investigados.
