El Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, dictó el procesamiento de 17 personas, entre ellas médicos, propietarios y empleados de farmacias, acusadas de integrar una asociación ilícita o de participar de la defraudación a la obra social de los jubilados, Pami, con distintas maniobras como la simulación de venta de medicamentos o la falsa emisión de recetas.
La resolución fue dictada el 7 de agosto pasado, en virtud de la imputación realizada por el fiscal federal Enrique Senestrari. No contempla prisiones preventivas.
En su resolución, el juzgado tuvo por probada la intervención de los acusados en las maniobras por las cuales fueran procesados, y estimó que el perjuicio –actualizado a la fecha– ascendió a la suma de 198.997.616 pesos, es decir, casi 200 millones.
La imputación señala que los hechos ocurrieron en el ámbito de actuación de la Unidad de Gestión Local III del Pami, ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba.
Entre los acusados hay médicos, la secretaria de uno de ellos, propietarios de farmacias y empleados de estos comercios.
Según el diario La Voz, el caso estalló en diciembre de 2020, cuando el entonces juez federal Ricardo Bustos Fierro avaló 30 allanamientos a farmacias, un geriátrico, la sede del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y domicilios particulares. Una vez que se imputó a las primeras 14 personas, se les prohibió la salida del país, y se determinó que 16 farmacias locales fueran suspendidas y se les bloquearon los pagos pendientes de la obra social nacional.
Las farmacias que en ese momento sufrieron esas cautelares eran de la ciudad de Córdoba, y sucursales en Villa del Rosario, Cosquín y Bialet Massé.
Seis imputados terminaron procesados por el delito de asociación ilícita, dos en calidad de organizadores, el farmacéutico Marcelo Gabriel Aprile (63) y el médico Adrián Rubén Bressán (53), y otros cuatro como miembros. Y todos ellos también fueron considerados autores del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, y algunos de ellos de falsificación de recetas médicas o recepción de recetas médicas falsas.
El juzgado federal también procesó a once propietarios de farmacias, pero por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y recepción de recetas médicas falsas.
Según la acusación que instruye Senestrari, desde 2016 hasta el 18 de diciembre de 2020, Marcelo Gabriel Aprile, propietario de la farmacia FarmaLibertad, y el médico del Pami Adrián Rubén Bressan “habrían conformado una asociación ilícita en calidad de organizadores, destinada a obtener sumas de dinero marginales a la actividad que desempeñaban, con la finalidad de defraudar a las arcas” de la obra social de los jubilados.
Esa organización “se habría encargado de falsificar recetas médicas de jubilados y pensionados afiliados a Pami para obtener medicamentos y/o insumos que esos afiliados –incluida una persona fallecida– no necesitaban o en exceso al requerido para las enfermedades o dolencias que presentaban, para luego distribuirlos de manera ilícita en las farmacias que administraban o en otras que, conociendo su proceder ilícito, los adquirían, presumiblemente por fuera del sistema legal, para comercializarlos al por menor”.
Entre las pruebas colectadas en la investigación efectuada por el MPF surgen las intervenciones telefónicas con conversaciones entre los imputados, vinculadas a la comisión de las maniobras por las cuales fueran procesados, como también las actas de los allanamientos realizados con el secuestro en domicilios particulares de un volumen importante de medicamentos. La mayoría carecía de su respectivo troquel y no se trataba de productos gratuitos ni de muestras médicas.
