Hace una semana la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario resolvió restringir la atención médica de los afiliados de Iapos en medio de la negociación con la obra social y el gobierno provincial por la actualización de los aranceles. Con unos 600 mil afiliados que ven comprometido su acceso a la salud, este lunes los gremios de trabajadores estatales hicieron una presentación judicial ante la Defensoría del Pueblo en busca de destrabar el conflicto. El Ejecutivo santafesino precisó que la problemática tiene epicentro en el departamento Rosario, advirtió que la prestación “no debería cortarse” y acusó a las clínicas por usar a los afiliados como mecanismo de negociación.
La restricción de la atención médica empezó el lunes 22 de abril y luego de una semana la situación no cambió. Para Juan Pablo Casiello, secretario general de Amsafé Rosario, uno de los gremios estatales afectados por el recorte, el derecho a la salud de los trabajadores no está garantizado por responsabilidad “de Iapos, el gobierno provincial, y las clínicas y sanatorios que solo piensan en sus ganancias”.
Referentes del sindicato docente, de los empleados de la administración pública (ATE) y los profesionales de la salud (Sipurs) graficaron que los pacientes no pueden acceder a determinadas prácticas y estudios sin abonar su valor completo y que ni siquiera tienen la posibilidad de sacar un turno con sus médicos de cabecera para que les receten medicamentos. Es por ello que pidieron la intervención de la Defensoría del Pueblo.
“Soy paciente oncológica en el Sanatorio de la Mujer. Al momento de llegar a la cirugía se me niega la asistencia. Hay enfermedades que no pueden esperar y el resultado de una cirugía depende del tiempo. Me siento rehén de un conflicto económico y político, necesitamos una respuesta inmediata”, contó una mujer desde la puerta de la Defensoría del Pueblo en De 12 a 14 (El Tres).
Si bien el gobierno santafesino reconoce el problema, este lunes el ministro de Economía Pablo Olivares aclaró que la discusión entre la obra social y los prestadores de salud es “por la actualización de precios” y que la provincia “ha estado pagando”.
Además de apuntar que los principales focos de conflicto por el recorte en la atención están en los departamentos Rosario y ahora también Castellanos, el funcionario manifestó: “No debería haber corte porque no estamos ante una discusion de no poder prestar el servicio, se toma al afiliado como mecanismo de negociacion”.
