Los presidentes de los ocho países que tienen una parte del Amazonas dentro de sus territorios se reunieron este martes en Belém do Pará, Brasil, en el marco de una cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca). Se trata de la cuarta vez en que los miembros de este organismo intergubernamental se reúnen desde su creación, que tuvo lugar a finales de los años 70.
Los resultados de esta Cumbre de Presidentes Amazónicos se llevarán a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realizará en septiembre, y se espera que también sean tenidos en cuenta en la agenda de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP28), que se desarrollará en los Emiratos Árabes Unidos a principios de diciembre.
Durante el encuentro, en el que los participantes deberían alcanzar puntos de común acuerdo sobre la preservación del territorio amazónico en tiempos en los que la crisis climática se vuelve cada vez más evidente, cada país expondrá su visión particular sobre la situación.
Brasil
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aprovechará la oportunidad para exponer sus visión sobre la Amazonía, luego de los años negacionistas del expresidente Jair Bolsonaro en cuanto al camio climático y la incidencia de la deforestación. Lula convirtió su promesa de alcanzar la deforestación cero en el año 2030 en uno de los ejes de su política externa, y en los últimos meses ha conseguido que países como Alemania o Noruega vuelvan a aportar dinero al fondo que recoge donaciones internacionales para la preservación del bioma. También se han demarcado nuevas tierras indígenas, se han aumentado los controles y los efectivos de policía ambiental en el campo y se ha librado una dura batalla para expulsar del territorio de los indígenas Yanomami a miles de garimpeiros (buscadores ilegales de oro), en la frontera con Venezuela. Durante el primer semestre de este año, la deforestación en la Amazonía cayó un 34% y afectó a 2.649 kilómetros cuadrados de selva. Los datos, captados con imágenes satelitales, son preliminares y deberán confirmarse más adelante, aunque supondrían la consolidación de una tendencia de caída que arrancó el año pasado. El territorio amazónico de Bolivia, que abarca el 8,1% del total de la Amazonia y que comprende más de siete millones de kilómetros cuadrados, enfrenta problemas como la creciente presencia de minería ilegal en la que se utiliza mercurio para extraer oro de ríos que abastecen de agua a las comunidades indígenas y campesinas de la zona, poniendo en riesgo su salud y su desarrollo integral. A esto se suma la deforestación, ya que en el 2022 fueron arrasadas 400.000 hectáreas de bosques vírgenes, un 32% más que en el 2021, según un estudio de la plataforma Global Forest Watch, la que considera a este país como uno de los que más bosques vírgenes pierde a nivel mundial junto a Brasil. El Gobierno de Bolivia anunció que propondrá en la Cumbre un mecanismo que incluya el trabajo de presidentes e indígenas, de forma articulada y al más alto nivel, para superar los riesgos que amenazan a la cuenca amazónica. Según cifras del Ministerio de Ambiente colombiano, la deforestación cayó drásticamente en la región entre los años 2021 y 2022, marcando una tendencia a nivel nacional. Por un lado, para toda la región Amazónica —que incluye los departamentos de Amazonas, Guaviare, Guainía y Vaupés, y parte de los departamentos de Putumayo, Caquetá, Nariño, Cauca, Meta y Vichada— la reducción de la deforestación fue del 36%. Por otro, en el arco amazónico —zona que incluye áreas de Guaviare, Caquetá, Meta y Putumayo, y que ha sido históricamente donde se ha concentrado parte de la tala de árboles—la deforestación disminuyó un 26%. Considerando esos datos, Colombia se presenta ante la Cumbre con varias propuestas que según la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, es probable que terminen en la declaración final y conjunta que hagan los países. Esto incluye darle importancia a una agenda andino amazónica, así como el famoso canje de deuda del que ha hablado el presidente Gustavo Petro en varias ocasiones. Otras de las propuestas presentadas por Colombia es más controversial y no ha sido respaldada por los demás Gobiernos: quieren prohibir la exploración y explotación de petróleo o combustibles fósiles en la Amazonía. El Gobierno de Ecuador acudirá a la Cumbre Amazónica con los días contados, ya que el próximo 20 de agosto los ecuatorianos no solo irán a las urnas para escoger un nuevo presidente, sino que también decidirán, en una consulta popular inédita e impulsada por la sociedad civil, si quieren dejar bajo tierra el crudo del bloque 43 ITT, que se encuentra en la reserva más biodiversa del mundo llamada Yasuní, ubicada en la región amazónica. En este contexto, la postura del Gobierno ha sido "extraer hasta la última gota de provecho" del petróleo, como dijo el presidente Guillermo Lasso en su informe a la nación en 2022. Sin embargo, Ecuador irá a la Cumbre Amazónica a proponer justo lo contrario, que toda la región genere "planes y proyectos que procuren la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, la transición ecológica, la protección de los bosques y contra todos los tipos de contaminación por plásticos en la tierra”, según sostuvo la Cancillería. Perú alcanzó en el 2020 su pico más alto de deforestación en los últimos veinte años (203 mil hectáreas), y en el 2022 perdió 144.682 hectáreas de bosque primario, según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Esto hizo que se ubicara como el tercer país de la región con mayor deforestación, solo por detrás de Brasil y Bolivia. Otro de los puntos preocupantes sobre la situación de Perú es que, desde el 2020 hasta la fecha, catorce líderes indígenas y defensores ambientales han sido asesinados a manos del narcotráfico, la minería ilegal y los traficantes de tierras. En el caso de Venezuela, uno de los aspectos más críticos se relaciona con la presencia de múltiples grupos armados, entre ellos guerrillas como el ELN, garimpeiros y bandas delictivas en complicidad con militares, que se dedican a actividades ilícitas en la porción de la Amazonia venezolana y controlan ese territorio. Tres de los municipios más violentos del país están en el sur, en Bolívar. Y El Callao, epicentro minero, tiene la tasa más alta de homicidios del país; una situación que se ha agudizado desde que el Gobierno de Nicolás Maduro declaró el Arco Minero del Orinoco, una porción que equivale a 12% del territorio nacional dedicada a la explotación minera. Se trata de una crisis ambiental, con graves saldos en deforestación, contaminación por mercurio de los ríos y pérdidas de especies. “Es un tema común que la región debe enfrentar de manera coordinada, ya que cualquier país no puede emprender algo solo porque solo va a desplazar el problema”, señala la bióloga Bibiana Sucre, miembro de Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, que participa en los eventos paralelos a la Cumbre como parte de la sociedad civil. Maduro ordenó hace unos meses una operación de desalojo de las minas del Parque Nacional Yapacana, en el Estado Amazonas, donde llegaron a concentrarse hasta 25.000 personas en campamentos ilegales. Para la cumbre presidencial de la OTCA, el mandatario comunicó que por razones de salud no podría asistir a la cita, y envió a su vicepresidente Delcy Rodríguez.Bolivia
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