La violencia que siguió a cinco días de masivas protestas contra una polémica reforma tributaria en Colombia impulsada por el presidente derechista Iván Duque, causó al menos 17 muertos, 800 heridos y todo el país en alerta por la militarización del conflicto.
Las manifestaciones continuaban hoy a pesar de que el mandatario decidió retirar su proyecto.
Según un balance de la Defensoría del Pueblo, 16 civiles y un policía murieron en las protestas que empezaron el 28 de abril en todo el país.
El ministerio de Defensa contabilizó a su vez 846 personas heridas, de las cuales 306 son civiles.
Las autoridades han capturado a 431 personas durante las movilizaciones y el Ejecutivo ordenó desplegar militares a las ciudades más afectadas, tal como lo había reclamado el viernes pasado el expresidente Álvaro Uribe, influyente representante de la derecha y mentor de la llegada de Duque al Gobierno colombiano.
Algunas organizaciones no gubernamentales acusan a la policía de disparar contra civiles.
Presionado por el fuerte y masivo descontento, Duque ordenó anoche retirar la propuesta de reforma tributaria que se debatía con escepticismo en el Congreso, donde un sector amplio la rechazaba por castigar a la clase media y ser inoportuna en plena crisis desatada por la pandemia de coronavirus.
Duque propuso redactar un nuevo proyecto de reforma que descarte los principales puntos de discordia: el aumento del impuesto al IVA para servicios y bienes y la ampliación de la base de contribuyentes con impuesto de renta.
A pesar del anuncio, esta mañana ya había personas en las calles y bloqueos en las vías de Bogotá, reportaron medios locales y la agencia de noticias AFP.
El proyecto de reforma tributaria del presidente Duque aspiraba recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para rescatar la economía. En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se hundió 6,8% en 2020 y el desempleo trepó al 16,8% en marzo.
Casi la mitad de los 50 millones de habitantes está en la informalidad y la pobreza castiga al 42,5% de la población.
El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que los hechos de violencia son "premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC" que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016, y por el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia.
Además informó sobre afectaciones en 69 estaciones de transporte, 36 cajeros automáticos, 94 bancos, 14 peajes y 313 establecimientos comerciales.
El Gobierno presentó el 15 de abril una reforma fiscal ante el Congreso como medida para financiar el gasto público de la cuarta economía latinoamericana.
Pero las críticas llovieron tanto de la oposición política como de sus aliados y el malestar no tardó en volcarse a las calles.
Aunque las jornadas de protesta transcurrieron en su mayoría de forma pacífica, le siguieron múltiples disturbios y choques con la fuerza pública.
El director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, corroboró la muerte de una persona a manos de un policía en Cali, una de las ciudades más afectadas por los choques callejeros.
Según la ONG Temblores hubo 940 casos de violencia policial en los últimos días y se investiga "la muerte de ocho manifestantes presuntamente atacados por policías".
Con los militares desplegados en las calles, las alarmas se encendieron a pleno y generaron un clima de indignación y temor entre la población.
En septiembre de 2020 trece jóvenes murieron en movilizaciones contra la violencia policial en Colombia y otras 75 sufrieron heridas de proyectil, presuntamente disparados por uniformados.
En ese entonces, las multitudes protestaban por el asesinato de Javier Ordóñez, 43 años, a manos de un agente que lo sometió a un brutal castigo.
El proyecto de reforma tributaria del presidente Duque aspiraba recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para rescatar la economía.
En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PBI) del país se hundió 6,8% en 2020 y el desempleo trepó al 16,8% en marzo. Casi la mitad de los 50 millones de habitantes está en la informalidad y la pobreza golpea al 42,5% de la población.
