El cobro del llamado "plus" para consultas o procedimientos médicos por parte del personal de salud es una práctica histórica que afecta a pacientes de todo el país, y la situación en Santa Fe no es la excepción. Aunque exigir un adicional además de lo que se perciba a través de los coseguros de obras sociales y prepagas está prohibido por ley en la provincia, son muchos los pacientes que siguen reclamando ante este tipo de situaciones.
Natalio Cantor, médico especializado en pediatría y presidente de la Federación Médica de Santa Fe, se expresó sobre esta cuestión y sostuvo que el cobro de plus médico "no es legal", aunque agregó que "tampoco es lógico lo que están pagando las obras sociales y prepagas".
El planteo de los trabajadores de salud es que estos adicionales se le piden a los pacientes como consecuencia de la alta inflación y los pagos diferidos. Además, el también integrante de la mesa directiva del colegio de médicos apuntó que los costos del sector se han encarecido "significativamente".
"Hay una desproporción exagerada en relación con los aranceles que están pagando los financiadores", añadió Cantor en ese sentido. Según señaló, hace algunos años "el valor de una consulta médica era equivalente a entre 11 o 12 dólares", mientras que "hoy en día, ese valor es de 4 dólares".
Ante la consulta de si un profesional de la salud podría negarse a atender a un paciente en caso de que este no pudiera o quisiera abonar el plus (si es que se lo solicitaran), afirmó: "No, de ninguna manera", ni siquiera en casos de cirugía.
Cantor precisó que en Santa Fe la consulta médica se está pagando $1.400 en promedio, y que el dinero se deposita en un plazo de 90 días. "Creo que se tiene que recomponer esa situación. El gasto de salud debe tener otro valor", concluyó el médico.
Luego de la entrada en vigencia de la ley provincial 13.731, que fue sancionada a fines del 2017 y prohíbe el cobro de adicionales por parte de los médicos, los profesionales de la salud habían reclamado que la normativa no solucionaba "los problema de base del sistema de salud".
"Esta ley no contempla lo que está pasando en el sector, donde lo que la obra social paga de consulta muchas veces llega tres, seis meses después al médico y en una cifra menor, porque las clínicas y sanatorios primero se quedan con los gastos sanatoriales y le pagan al médico cuando quieren y pueden", había expresado a principios de 2018 la secretaria gremial de Amra, Sandra Maiorana.
En el marco de esta situación, la Federación Médica de Santa Fe difundió un comunicado en diciembre de 2022 exigiendo "la urgente actualización de los aranceles y honorarios médicos", y en el que también convocaban "a las entidades financiadoras, para que contribuyan a garantizar una distribución equitativa tanto de las responsabilidades como de los ingresos".
"La delicada situación que atraviesan los profesionales, que se acentúa al ritmo del encarecimiento del costo de la vida, pone en riesgo la calidad de las prestaciones y con esto el derecho a la salud de la población", señalaron también en dicho comunicado.
