El Ministerio de Educación de la Nación trabaja con las provincias un sistema de “presencialidad administrada” para continuar con las clases en las aulas en un contexto de aumento de casos de coronavirus.
Con el trasfondo de la disputa judicial del gobierno central y el de la ciudad de Buenos Aires, se analiza la posibilidad de priorizar la asistencia de cuatro grupos de estudiantes para evitar el cierre total de los establecimientos educativos y al mismo tiempo bajar la circulación de personas.
El tema fue analizado en el encuentro que mantuvieron esta semana el presidente Alberto Fernández y el ministro de Educación argentino, Nicolás Trotta. La propuesta ya se había comenzado a trabajar en el Consejo Federal de Educación el mismo día que anunció la suspensión de clases en Buenos Aires.
La presidencialidad administrada fue presentada por el ministro Trotta a sus pares provinciales para lograr “una restricción parcial de la asistencia de los alumnos que permita bajar la circulación en las calles”.
Según publicó el sitio Infobae, el paquete de medidas incluiría disminuir la frecuencia de la concurrencia a clases de toda la matrícula y sostener la misma cantidad de horas en los grupos de alumnos considerados prioritarios, pero reducir la presencia del resto de los cursos. Al mismo tiempo, se buscaría sostener el régimen de asistencia de los chicos prioritarios y suspender definitivamente la concurrencia del resto.
Se considerarían cuatro grupos prioritarios: los chicos más vulnerables, que no pueden sostener la continuidad pedagógica desde sus hogares; los niños en sala de 5 de nivel inicial y en el primer ciclo de primaria; los alumnos de primer año de secundaria; y los alumnos con discapacidad.
En esta propuesta, las restricciones a la presencialidad se aplicarían en las localidades más afectadas por la suba de los contagios. Además, las suspensiones de clases deberían ser por un período breve y una vez cumplido el plazo, las autoridades evaluarán su prorrogación en base al riesgo epidemiológico.
El problema es “la circulación”
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, renovó este viernes sus cuestionamientos al gobierno porteño por no respetar el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández para suspender la presencialidad en las escuelas por dos semanas y sostuvo que “el tiempo va a establecer la responsabilidad que tiene el jefe de gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta) en el crecimiento de casos".
Trotta argumentó que el jefe de Gobierno porteño “aumenta la incertidumbre de las familias cuando judicializa las medidas de cuidado”.
El funcionario indicó que para el Gobierno nacional “la presencialidad tiene una enorme trascendencia” y dijo que ya fueron vacunados “más de 500.000 docentes en todo el país".
Sin embargo, defendió el decreto del Poder Ejecutivo nacional que suspendió la presencialidad por 15 días –hasta el viernes 30 de abril– al indicar que "el problema no es lo que ocurre dentro del aula, sino la circulación de las personas de la comunidad educativa”.
Tras señalar que es “incomprensible” el hecho de que "el Gobierno de la Ciudad elige qué fallo acatar”, agregó que desde su cartera no se permitirá “que se sancione a docentes de Ciudad que quieren cumplir el DNU y opten por la virtualidad".
Al insistir sobre la actitud del jefe de Gobierno, aseguró que “es difícil saber si las medidas restrictivas funcionaron si una de las jurisdicciones no las respetó" y remarcó que "el responsable de eso es Larreta".
Por último, descartó haber presentado la renuncia a su cargo, a pesar de haber reconocido que tenía “una mirada diferente a la decisión final” de suspender la presencialidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) adoptada por el Presidente en relación a la medida adoptada.
