El peritaje contable ordenado en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en las operaciones con dólar futuro sobre el final de la presidencia de Cristina Kirchner arrojó que esa operatoria no perjudicó las arcas del Estado Nacional. Añadió que el Banco Central cumplió con todos los pasos administrativos requeridos para que pudiera realizarse.
“Al momento que se tomaron las decisiones de ventas de contratos futuros no había riesgo de pérdida, pues la operatoria preservaba el stock de Reserva de Oro y Divisas. Tal situación permitió la preservación de un activo en moneda extranjera, a cambio de obligaciones menores valuadas en su propia moneda local”, es una de las definiciones que quedaron plasmadas en las 81 preguntas que los peritos respondieron al tribunal.
El peritaje fue ordenado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 en el marco de la causa elevada a debate público por el fallecido juez Claudio Bonadio, que en su momento procesó a la ex presidenta, al ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense Axel Kicillof y al entonces titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, entre otros.
El texto de 82 páginas, que está firmado por peritos oficiales, Carlos Campodónico, Alejandro Del Acebo y Stella Maris Castaño, y por los peritos de parte, fue considerado por los abogados de las defensas como un elemento contundente para demostrar que toda la operatoria fue legal y legítima y que la del “dólar futuro” fue una causa política.
“Queda absolutamente demostrado que no hubo perjuicio al Banco Central y tal como lo señalé en 2015 fue una causa políticamente armada para remover al directorio del Banco Central, en mi caso teniendo acuerdo del Senado y mandato hasta 2019”, sostuvo Vanoli.
“Esa remoción era necesaria para llevar a cabo una política de liberalización financiera necesaria para devaluar y endeudar al país con las consecuencias que se vieron a partir de 2018. Por fuera de los negocios que se hicieron al amparo de esas políticas absolutamente evitables y, como dijimos en 2015, iban a provocar la implosión del tercer gobierno neoliberal”, remarcó Vanoli.
El informe señala que el Banco Central desarrolló sus funciones en cumplimiento de la Carta Orgánica de la entidad y que las operaciones de contratos de dólar futuro se llevaron a cabo con los precios fijados por el mercado y sin conocer de antemano la identidad de los compradores.
Del peritaje también surge que las ganancias del Banco Central –que no tiene los mismo objetivos que las entidades comerciales– fueron mayores en 2015, cuando se registraron las operaciones cuestionadas, que en 2016, cuando había cambiado el signo político del gobierno nacional y las autoridades de la entidad bancaria eran otras.
Las ganancias del Banco Central durante 2015 –el último año del gobierno kirchnerista–, fueron del orden de los 147 mil millones de pesos, mientras que en el primer año de la gestión de Cambiemos fueron de 67 mil millones de pesos.
Se señaló en el informe que entre los objetivos del Banco Central se encontraban la búsqueda de la estabilidad monetaria, financiera y el desarrollo económico con equidad.
“En cuanto a alcanzar una estabilización de los tipos de cambio, los bancos centrales, como el de nuestro país, pueden intervenir en el mercado contado o de futuro, comprando y vendiendo divisa, lo que redunda en modificaciones en sus balances, una vez más, subsidiarias a sus objetivos. Si alguna de esas operaciones arrojaron ganancias o pérdidas en sus balances, su ocurrencia no sería de consideración prioritaria ni dañaría de su capacidad regulatoria”, sostuvieron los peritos.
La causa se inició con una denuncia de dirigentes de Cambiemos como Federico Pinedo y Mario Negri contra ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner en la que sostenían que la operatoria fue ilegal y ordenada por las más altas esferas del gobierno de Cristina Kirchner para perjudicar las arcas del Estado y perjudicar a la administración entrante de aquel entonces.
Las respuestas aportadas por los peritos arrojaron otra realidad: “La decisión sobre las actividades de ampliación de los montos para operar en el mercado de valor futuro fue resorte exclusivo del directorio del Banco Central. Dicha decisión se sustentó en los informes de la gerencia de operaciones externas del Banco Central que fueron elevados de la gerencia principal de operaciones del mercado del banco”, indicaron los peritos en otra de sus respuestas.
“En dichos informes se señaló la participación del Banco Central en el mercado de futuros resulta una herramienta importante en la ejecución de la política monetaria y cambiaria, permitiendo morigerar los efectos cíclicos que presentaba la oferta y demanda de divisas impulsando el establecimiento de una estructura temporal de tasas de interés implícitas en los contratos”, agregaron.
Los denunciantes habían acusado a las autoridades políticas y a las del Banco Central de vender a “dólar futuro” por debajo de los valores de mercado porque las operaciones se hacían a valores que iban entre los 10,6 y 10,8 pesos por unidad en días en los que el dólar paralelo (ilegal) cotizaba 16 pesos y el precio en plazas internacionales como la de Nueva York era de entre 14 y 15.
“El tipo de cambio en las operaciones ilegales en ninguna oportunidad fue variable relevante, porque no participaba en ninguna cláusula en los contratos de dólar futuro que operaba en el mercado institucional como el MAE y el Rofex”, explicaron los peritos.
El informe fue fechado el 4 de agosto, fue recibido por los jueces Adrián Grümberg, José Michilini y Ricardo Basílico, del TOF 1, que lo habían ordenado para la instrucción complementaria de la causa tramitada por Bonadio, y ahora deberá ser valorado por el fiscal Diego Velasco.
Fuente: Télam
