La Justicia comunicará el próximo jueves los fundamentos de la sentencia a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y al resto de los condenados por el juicio Vialidad por corrupción en la obra pública en Santa Cruz. A partir de ese momento se abrirá el período de apelaciones, que se prevén tanto de parte de las defensas como de los fiscales federales, Diego Luciani y Sergio Mola, dentro de un plazo de diez días hábiles.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso darán a conocer los detalles de la condena a seis años de cárcel para la Vicepresidenta y de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, pena que desde el kirchnerismo califican como la "proscripción" de la líder del Frente de Todos pese a que la sentencia todavía no está firme.
En la causa Vialidad se investigó si durante los años de mandato del kirchnerismo, entre 2003 y 2015, hubo un direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. El TOF 2 condenó a la Vicepresidenta al encontrarla culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública pero no por asociación ilícita, contra la acusación de la fiscalía.
Las apelaciones a la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad
A partir de la difusión de los fundamentos de la sentencia a Cristina Kirchner y el resto de los condenados por la causa Vialidad empezará una etapa de apelaciones por diez días hábiles ante la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal. Durante ese lapso se prevé que las defensas pedirán en sus presentaciones la revocación de las condenas por defraudación y la confirmación de las absoluciones por asociación ilícita, en sintonía con los planteos expuestos en sus alegatos el año pasado. El abogado de la titular del Senado, Carlos Beraldi, pidió en esa instancia la absolución de su defendida al expresar que "jamás impartió directiva alguna vinculada a las obras investigadas en esta causa" y que por eso no había elementos para atribuirle malversación de fondos públicos. Beraldi dijo además que "es imposible que el Presidente ejerza el control de una licitación y lo que va pasando después", en relación a las múltiples adjudicaciones de obra pública en Santa Cruz a Báez investigadas en la causa. En el caso de la acusación los fiscales Luciani y Mola también apelarán la sentencia para la que habían pedido 12 años de prisión para Cristina Kirchner, a la que acusaron de ser jefa de una asociación ilícita y de cometer el delito de administración fraudulenta agravada, en perjuicio de una administración pública. Luciani consideró en su alegato que Cristina Kirchner "no tuvo arrepentimiento, ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada".
