El juez federal Sebastián Ramos archivó la causa contra Silvio Robles, el funcionario colaborador del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, por los supuestos delitos registrados en los chats con el ministro de Justicia de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, de licencia tras el escándalo.
El fiscal Carlos Stornelli se inclinó por archivar la causa porque consideró que los elementos que dieron lugar a la denuncia (la filtración de chats) son ilegítimos.
Ramos (cuyo superior en el Poder Judicial es el propio Rosatti) coincidió con Stornelli (el fiscal acusado de espionaje y armado de causas junto al falso abogado D'Alessio) y cerró la causa sin mayores investigaciones.
El juez firmó la resolución por “imposibilidad de proceder” luego del dictamen del fiscal Stornelli donde sostuvo que no podía abrirse una causa con una prueba ilegal o "mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, informó La Nación. Se trata del mismo fiscal que actuó en la denominada "causa de los cuadernos", en base a copias de un supuesto escrito del exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno.
Los chats revelarían la cercanía entre Robles y D’Alessandro para armar estrategias políticas en favor de Juntos por el Cambio en coincidencia con fallos de la Corte que beneficiaron a la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo el de la coparticipación que le sumó 180 mil millones de pesos de fondos federales.
Según reconstruyó Página12, después de que se conocieran los chats entre Robles y D’Alessandro, el abogado Gastón Marano –que ejerce como defensor de Nicolás Gabriel Carrizo en la causa del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner– presentó una denuncia contra los dos en el fuero federal.
La denuncia quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, que está de vacaciones. Durante enero, lo reemplazó la jueza María Servini, que se excusó de intervenir. La magistrada –que aparecía mencionada en la filtración de chats– tuvo una disputa con D’Alessandro por su custodia, lo que la obligó a pedir protección de la Policía Federal Argentina (PFA) y abandonar la que le proporcionaba la Policía de la Ciudad. El fiscal que debía intervenir era Carlos Rívolo, pero –como aparecía como contacto frecuente de D’Alessandro en la filtración– también se inhibió.
Después de la excusación de Servini, la causa pasó al juzgado de María Eugenia Capuchetti, pero ella también está de feria. Fue frente a esa desbandada que el expediente quedó en manos de Ramos, quien le corrió vista al fiscal Stornelli.
Stornelli dijo básicamente que él pidió investigar la filtración de los chats de D’Alessandro como un posible caso de espionaje y que, por eso, no podía ahora impulsar una denuncia contra el ministro de Rodríguez Larreta --en uso de licencia-- por hechos que surgieron de esa filtración. De hecho, Stornelli llegó a pedir que se investigue al diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade como una de las posibles manos detrás el supuesto hackeo. Tailhade se presentó a hacer un descargo. Entre otras cosas, el legislador dijo que no podía investigarlo un fiscal que estaba procesado por sus andanzas con el espía Marcelo Sebastián D’Alessio.
En este caso, Stornelli fue un paso más allá para postular el cierre en favor de Robles y D'Alessandro. Ante ese escenario, se presentó el lunes último el abogado de Robles, Matías Ledesma, y pidió el archivo de la causa. Lo obtuvo al día siguiente, el 3 de enero. La noticia recién se conoció en las últimas horas.
"Las corporaciones se han apropiado del Poder Judicial"
En paralelo, este jueves el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, defendió la iniciativa del Poder Ejecutivo de promover un juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia al indicar que "las corporaciones de base económica se han apropiado del Poder Judicial".
Al hablar con Télam Radio, Capitanich indicó que “lo que queda claro es que hay una contradicción fundamental hoy en la República Argentina y a nivel internacional entre democracia y corporación”.
“Las corporaciones de base económica se han apropiado del Poder Judicial, al que han cooptado para satisfacer intereses minoritarios”, aseveró el mandatario chaqueño.
Asimismo, dijo que esta avanzada sobre el Poder Judicial se dio “sobre la base de la construcción de un sentido, embarcado en la concentración mediática”.
Al ampliar su argumento, Capitanich afirmó que “queda en claro que las corporaciones tienen empleados y esos empleados son los dirigentes de Cambiemos (actualmente Juntos por el Cambio)”.
Asimismo, apuntó contra el “doble discurso” de la oposición, al remarcar que “nos tratan de señores feudales a los gobernadores del norte de la República Argentina, pero nadie dice que son señores feudales los que gobiernan hace 16 años la Ciudad Autónoma Buenos Aires”.
