Este martes comienza a definirse el destino judicial del matrimonio conformado por Gabriel Strumia y Roxana Michl quienes fueron sentenciados a 17 y 7 años de cárcel, respectivamente, por el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva contra Paula Perassi, la mujer de 34 años desaparecida de su casa de San Lorenzo en 2011.
La instancia de debate se inicia este martes a las 8.30 en los Tribunales Provinciales de Rosario y se espera que se extienda a una jornada más. Estaba prevista para octubre pero debió suspenderse porque la presidenta del tribunal, Bibiana Alonso, fue aislada por contacto estrecho de una persona infectada con covid-19. A pesar de que fue intensamente solicitada, no será televisada sino que se desarrollará de forma presencial pero con las restricciones sanitarias correspondientes a la pandemia.
En esta instancia se espera que el tribunal falle en relación a la condena impuesta en noviembre de 2019 contra Gabriel Strumia y su esposa Roxana Michl, sentenciados a 17 y 7 años de cárcel, respectivamente por el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva por tratarse de una mujer embarazada, de parte de los camaristas Gustavo Salvador, Javier Beltramone y Carolina Hernández.
El matrimonio había sido absuelto en mayo de 2019 en primera instancia judicial junto al resto de los 7 acusados por la falta de pruebas producto de la “deficiente investigación”. Gabriel, amante de la joven sanlorecina que estaba embarazada al momento de su desaparición. y su esposa Roxana Michl, Mirta Rusñisky, presunta autora de la interrupción del embarazo y Antonio Díaz, empleado de Strumia estaban acusados de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aborto sin consentimiento seguido de muerte en calidad de coautor y en concurso real. Para ellos la Fiscalía había solicitado la pena de prisión perpetua.
En tanto, al ex jefe de Cuerpos de San Lorenzo, Daniel Puyol se lo acusó por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real y por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole, agravado por su condición de funcionario público, e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, en calidad de autor. Fiscalía pidió 6 años de cárcel y 10 de inhabilitación para funciones públicas.
El resto de los uniformados, Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez, fueron apuntados con los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal, por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole, agravado por su condición de funcionario público, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por sustracción y destrucción de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente y falsedad ideológica de instrumento público en concurso real, en calidad de autor. Para ellos el fiscal Donato Trotta había exigido 16 años de prisión e inhabilitación de 10 años para funciones públicas.
Ahora, la audiencia tiene como objetivo rever el agravamiento del fallo dictado en primera instancia que se produce en la Cámara por otro tribunal ordinario y de esta forma garantizar el derecho al recurso. “Todos los imputados tienen derecho a que dos tribunales conformen su condena y en este caso como la condena se produce directamente en segunda instancia, otro tribunal de apelación la revisa para obtener lo que se llama doble conforme”, explicaron desde Tribunales.
La resolución podría revocar o confirmar la resolución de la cámara de apelaciones respecto de las condenas de Mitchl y Strumia, –ambos en libertad– pero no tienen decisión sobre las absoluciones. Estas quedaron firmes y tienen su recurso con la Corte Suprema de Justicia.
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