Bajante del Paraná y sobredragado: "Todos los impactos negativos sobre el ambiente se profundizaron"

Cuando el agua falta, el que controla la canilla manda. El sobredragado del río Paraná agrava los problemas ambientales derivados de la bajante récord. Al ser reducido a una autopista líquida o Hidrovía, por el nombre de la empresa que operó su control los últimos 26 años, el canal del río se amplía y concentra el caudal. Como una frazada corta, desnuda aún más los valles de inundación: ayuda a secar los riachos que sostienen el humedal. También se afectan los peces y sus áreas de desove. "Todos los impactos negativos sobre el ambiente se profundizaron con el sobredragado", alertó Ariel Ocantos, del Taller Ecologista.

"Preguntamos qué estudios de impacto ambiental se hicieron y qué información se recabó en un contexto donde el río ya tiene sus niveles afectados. No hemos conseguido estudios pero está claro que más dragado potencia lo que ya venía sucediendo”, afirmó a Rosario3.

El integrante del Taller que realiza un seguimiento de la llamada Hidrovía, señaló que “hay mayor nivel de sedimento porque se remueve y eso afectan más el ambiente; el fondo del río está contaminado con plomo y metales y hasta con glifosato, como se detectó en los últimos estudios sobre sedimentos (por un trabajo del Conicet que identificó altos niveles de ese herbicida tóxico)”. 

Ocantos añadió que el sobredragado “afecta a parcelas del río donde los peces desovan y que o bien se redujeron mucho o se secaron”. Las imágenes del Paraná Viejo detrás de la isla frente a Rosario es un ejemplo contundente. Se afecta así la dinámica de reproducción de diversas especies.

Otra de las consecuencias no mensuradas es el impacto de la navegación y el retiro de arena sobre las costas. “Vemos como se caen las barrancas en el Gran Rosario y en las islas y no está identificada la relación con el tránsito de los barcos del ultramar en el río. El Paraná es uno de los pocos del mundo por donde circulan buques que están diseñadas para el océano”, dijo el integrante del Taller Ecologista.

“En los informes sobre estabilidad de las costas –continuó– la empresa se basaba en retomar bibliografía de otras cuencas del mundo. Pero faltaban estudios complementarios en el territorio y de muestreo. La versión de la empresa no era auditada”.

Se suman otros aspectos negativos ya denunciados como el ingreso de especies exóticas desde los buques de ultramar. Un ejemplo son los mejillones dorados de Asia que se instalaron en el Paraná. Se alojan en las cañerías industriales en contacto con agua y generan inconvenientes.

“Los impactos tienen que ser evaluados y considerados, cosa que no ha ocurrido en estos 25 años", señaló Ocantos. A partir del nuevo decreto que cede el control de la vía navegable a la Administración General de Puertos (AGP), el Estado no podrá decir que no sabía. "Será fundamental poder acceder a la información pública ambiental y prever los impactos”, agregó.

La bajante, los privados y el Estado

La altura del río en el puerto de Rosario marcó registros bajo cero la semana pasada después de 50 años sin que eso ocurriera. Este sábado estaba en 0,11 cuando su media histórica es de unos 3 metros. Se trata de un punto vital para la economía: desde acá se embarca cerca del 80% de las ventas al exterior de granos y derivados en Argentina. 

En ese contexto, la empresa Jan de Nul, a cargo de la empresa Hidrovía, realizó tareas de sobredragado de dos pies adicionales de profundidad (50 centímetros) para compensar el bajo nivel del río y facilitar el tránsito fluvial.

Ante esas medidas de "urgencia", la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) realizó un pedido de informe al Ministerio de Transporte de la Nación, con copia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Reclamó saber quién autorizó esos trabajos y si hubo evaluación de impactos ambientales. 

"El sobredragado está considerado como un crimen ambiental porque compromete seriamente el futuro del Paraná, que ya sufrió una bajante extraordinaria con la sequía en 2020", añadieron en su presentación del mes pasado. 

Lucas Micheloud, integrante de la AAAA, confirmó al programa Apuntes y resumen (Radio UNR) que la empresa no solo no tenía autorización sino que ni siquiera informó de los trabajos a Nación. 

Incluso el secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación, Sergio Federovisky, trasladó por nota esas mismas inquietudes a la Jan de Nul, la firma belga que ahora quedó fuera de la concesión por el decreto del pasado 1° de julio. 

Algo similar realizó la diputada provincial Mónica Peralta, con un pedido en la Legislatura santafesina. "La región del Delta del Paraná continúa siendo diezmada por una crisis ambiental sin precedentes que sigue teniendo al ser humano como su primer responsable", señaló.

Peralta también cuestionó “el silencio del gobierno de Santa Fe ante las tareas de dragado que se vienen realizando día y noche en el Paraná siendo nuestra provincia la más afectada”. Reclamó al Ejecutivo que eleve una urgente convocatoria al Piecas (que integran Nación y otras provincias) "para intentar frenar este desastre ambiental”.

Esta semana, la última de la concesión en manos de Jan de nul, la periodista Jorgelina Hiba registró el movimiento de una de las dragas frente a las costas de Rosario (no en actividad en ese momento).

El sobredragado denunciado tiene, desde ya, sus motivos. Con la pérdida del caudal, los buques de ultramar no pueden navegar algunos tramos o no llegan a cargar sus bodegas. El flete se encarece. El negocio de la exportación es menos negocio. Los defensores de ese modelo le ponen cifras a las pérdidas: 244 millones de dólares solo en un cuatrimestre de 2020. ¿Cuánto cuestan las barrancas que se caen, los riachos que se secan, los peces que se pierden; qué porcentaje del humedal es sacrificable para mejorar la rentabilidad de los agroexportadores? El nuevo esquema abre un año de tiempo para profundizar esos debates.