Las enormes “filas del hambre” que se formaron en las sedes del Ministerio de Capital Humano y la dura advertencia de la Iglesia católica para que “la comida no sea variable de ajuste”, pronunciada casi al mismo tiempo que el presidente Javier Milei iniciaba una gira internacional que incluirá una visita al Vaticano, son llamados de atención contundentes de lo que se puede incubar en los barrios más pobres de las ciudades argentinas mientras el gobierno corta por completo el envío de alimentos a comedores y merenderos. El ataque del oficialismo es a la intermediación que realizan las organizaciones sociales. Y si bien anuncia que se diseña un nuevo sistema, más parece ser un problema de interlocutores y de ideología: la ministra Sandra Pettovello, mientas decenas de miles de personas la esperaban en su despacho, entregó este lunes fondos para ayuda social a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas y firmó convenios con la Fundación Conin de médico Abel Albino, el mismo que durante el debate de la ley del Aborto dijo que el preservativo no sirve de nada porque "el virus del sida atraviesa la porcelana".
Así, mientras el tema asistencia alimentaria queda atravesado por las disputas políticas, flota una pregunta: ¿la administración libertaria dimensiona la magnitud del problema?
La crisis, vale aclararlo, es de vieja data, no la generó esta gestión. La inflación hizo crecer fuerte la pobreza, y por lo tanto la demanda de ayuda alimentaria, durante el gobierno de Alberto Fernández.
Ya el año pasado, con Victoria Tolosa Paz de ministra de Desarrollo Social, hubo fuertes problemas con la provisión de alimentos a los comedores, que se discontinuó durante varios meses. Eso lo denunciaron las organizaciones sociales, demonizadas por su recurrencia al piquete como modo de protesta pero cuyo trabajo es fundamental para la contención social, y generó preocupación en los gobiernos locales, entre ellos el de Rosario.
Los aumentos constantes de precios generaron, desde fines de 2022, un fenómeno nuevo en la Argentina: había bajo desempleo, pero un tercio de los trabajadores, por sus bajos ingresos, quedaban por debajo de la línea de pobreza. A fines de 2023, por caso, la presión sobre los comedores aumentaba hacia la segunda mitad de cada mes, cuando se secaban las billeteras de ese sujeto laboral.
Los pedidos de asistencia alimentaria subieron aún más desde noviembre a hoy, en un nivel que fuentes de la Municipalidad ubican en el 25 por ciento y que organizaciones sociales que administran comedores en Rosario en un 35 por ciento. El aceleramiento de la inflación lleva a pensar que el número de personas que son pobres a pesar de contar con un trabajo ya supera largamente aquel tercio de 2022.
“Vemos que no es una demanda que tenga que ver con intencionalidades políticas sino que es absolutamente genuina. En muchos casos es gente que llega a los comedores derivada desde los centros de salud o las mismas colonias nuestras”, explica una fuente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, organismo que brinda asistencia directa en los 40 centros Cuidar e indirecta a través de comedores y merenderos, consultada por Rosario3.
Tras la asunción de Milei, con medidas como el freno a la obra pública, en los barrios comienza de a poco otra pesadilla que rememora la de los años 90: el desempleo.
“En enero nos encontramos con que muchos jefes de familia que son albañiles o tenían otro trabajo en la construcción fueron suspendidos o despedidos. Ahora nos mandan a sus hijos a comer y a pedir yerba y azúcar para ellos. Es algo que no veníamos viendo”, comenta, por su parte, el referente de una organización social que maneja casi 20 comedores y merenderos en distintos barrios de la ciudad.
El diagnóstico del Banco de Alimentos Rosario (BAR) no es muy diferente. Esta entidad provee alimentos a 300 organizaciones que asisten en total a 80 mil personas. Además tienen a otras 680 organizaciones en lista de espera.
El BAR distribuye alimentos que son donados por empresas del sector. Pero como estas firmas ajustan su producción ante la caída del consumo, también lo que entregan a la organización viene en descenso. Además, el BAR recibía aportes de Municipalidad y Provincia para comprar alimentos secos, pero ese programa terminó el año pasado y hasta el momento no se firmó un nuevo convenio. “Lo concreto es que hay más demanda de ayuda y menos para distribuir”, lamenta Nadia Montes, directora ejecutiva.
Cóctel explosivo
Es un cóctel explosivo. El Estado nacional dejó de enviar alimentos porque está en guerra con los intermediarios y –sostiene– pretende rediseñar el sistema para asegurarse que la ayuda llegue realmente a quien lo necesita. Municipalidad y Provincia dicen que reforzaron las partidas, pero la inflación y ahora el incipiente brote de desempleo las deja siempre en el lugar de la insuficiencia. El BAR, una entidad que fue fundamental para la contención social en la pandemia, también está desbordado por la demanda y advierte que la situación es de “enorme preocupación”.
Las organizaciones sociales con presencia en los barrios populares transmiten una realidad dramática. “Antes se cocinaba dos veces a la semana, ahora una. Tenemos buen diálogo con Provincia y Municipalidad, pero te lo grafico así: si lo que nos mandaban hace un tiempo alcanzaba para comprar un cajón de pollo, ahora solo podemos comprar alitas y menudos, es decir que también hay una baja de la calidad nutricional. La verdad es que ya no se puede pagar ni el gas”, dice el referente consultado por Rosario3.
La intermediación en la mira
Hace tiempo que la intermediación de las organizaciones sociales está en debate. La gestión Milei busca directamente liquidarla y ese es el motivo por el cual pisó el envío de fondos y alimentos a los comedores de todo el país. A la par, aumentó los montos de programas que se cobran mediante tarjetas como la Alimentar, que es un programa para niños de hasta 14 años, y comienza a derivar la ayuda a otros actores sociales como las iglesias evangélicas.
El plan para terminar con el “gerenciamiento de la pobreza” pasa por transferir fondos directamente a los comedores para que compren la mercadería con una tarjeta en lugar de recibir provisiones enviadas por el Estado nacional. Eso sería acompañado por la elaboración de un registro de beneficiarios y auditorías permanentes para garantizar que la ayuda llegue a quienes lo necesitan.
Así, el argumento público es que se busca mayor transparencia, aunque también hay motivaciones ideológicas –demonización de las dirigencias sociales– y políticas: restarle poder de fuego a las organizaciones y limitar su capacidad para afectar la gobernabilidad de la gestión Milei desde la calle.
Pero el cambio de sistema no tiene plazo de implementación, lo cual al menos obliga a pensar el mientras tanto, y no pone en valor –acaso por las anteojeras ideológicas– la labor de los centros comunitarios, de los comedores, de Cáritas y de otras organizaciones sociales, cuyos actores en general viven en los barrios y que hacen un trabajo fundamental para que los vecinos, con quienes tienen una relación cotidiana y de cercanía, conozcan de los programas estatales que tienen a disposición y accedan a ellos.
Desde este punto de vista, aunque en otros estratos sociales se las mire con recelo, desde 2001 para acá estas organizaciones han sido garantes clave de la paz social.
Sin embargo, también se entiende que haya cuestionamientos. El gobierno nacional dice haber recibido decenas de miles de denuncias de maniobras extorsivas de los punteros y entre los argumentos para el cambio de sistema sostiene que el 80 por ciento de los comedores que recibían alimentos del Estado nacional no presentaban las rendiciones en tiempo y forma.
Fuentes de la administración de Maximiliano Pullaro, en tanto, revelaron que está en proceso un relevamiento sobre cómo distribuyó en los últimos años la ayuda alimentaria la Provincia y que ya detectaron irregularidades importantes, como supuestas organizaciones sociales que cuando fueron a verificar su existencia se encontraron con que no había ningún comedor sino terrenos baldíos. Los resultados de este trabajo se presentarán en los próximos días.
En Rosario está el antecedente de las cajas municipales destinadas a un comedor comunitario que fueron encontradas, a principios de 2022, en la casa del Viejo Cantero, el fundador de la banda de Los Monos.
Trazabilidad, un tema clave
Pero esos hechos no llevaron a que en ningún momento las autoridades provinciales y locales, que por cercanía son las que saben de primera mano la situación social en los territorios, se plantearan frenar la asistencia alimentaria. En todo caso, la trazabilidad aparece como un tema para darle importancia y mejorar.
“No hay que atacar tanto la intermediación. Se puede reducir con los programas que reparten la ayuda a través de tarjetas y mejorar el control. Pero con el nivel de pobreza e indigencia que hay hoy, y el agravamiento que se viene, llegar a todos los que necesitan es imposible para un Estado que además está en proceso de achique”, advirtió una fuente local con larga experiencia en el tema de la asistencia alimentaria.
Pettovello desafió a los movimientos sociales con una invitación para escuchar “uno por uno” a los ciudadanos con hambre y a los dos días le armaron una cola de 20 cuadras en su oficina.
Cuando Milei estaba en el aeropuerto para partir a una gira que le permitirá iniciar su vínculo político con el papa Francisco, la Iglesia sacó un duro comunicado en el que además de advertir que “la comida no puede ser la variable de ajuste”, reclama: “Es necesario anticiparse para que esta situación no profundice la crisis alimentaria. Y para eso se debe facilitar a las personas, las comunidades y al pueblo, aquello que se necesite para ayudar a los más frágiles, especialmente a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Ante una crisis no son suficientes los paradigmas tecnocráticos, sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos, es necesaria la comunidad”.
¿Podrá Milei escuchar o dejará que se siga sembrando el territorio con minas explosivas?
