El expresidente Mauricio Macri volvió este martes al país, en un vuelo de Iberia, pero no se presentará mañana a prestar declaración indagatoria en la causa que se le sigue por supuesto espionaje ilegal sobre los familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan, según dejaron trascender desde el entorno del propio exmandatario.
Macri se reencontró hoy con su equipo de asesores y con su abogado Pablo Lanusse, que horas antes había estado en Dolores leyendo el expediente, y fue allí que terminaron de cerrar la estrategia –aún no concretada– de presentar un escrito para pedir una nueva postergación de la indagatoria cuya primera fecha prevista fue el 7 de octubre.
A pesar de que dejó trascender que no se presentará a la indagatoria, hasta esta tarde la defensa de Macri no había presentado ningún escrito ante el juez federal de Dolores, Martín Bava, informaron a Télam fuentes judiciales.
El exmandatario anticipó su decisión por Twitter:
Recién llegado, quiero contarles que mientras viajaba por trabajo fui citado a declarar y se me prohibió la salida del país por un juez de Azul interino en Dolores, manifiestamente incompetente.
— Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 19, 2021
A Macri se le imputa que desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre de 2017 y finales de 2018 “ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos”.
“Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, según detalló el juez Bava en la resolución que emitió el 1 de octubre cuando convocó al exmandatario a indagatoria.
“Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”, sostuvo el magistrado.
“Dichas tareas no contaron con autorización judicial alguna ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri”, explicó en otro pasaje de aquella resolución a la que accedió Télam.
