Fuerzas de seguridad de Chile han matado, torturado, violado e infligido malos tratos y lesiones graves a manifestantes durante la represión del estallido social en el país, denunció este jueves Amnistía Internacional (AI) en un informe que eleva la presión sobre el gobierno del presidente Sebastián Piñera.

La organización de defensa de los derechos humanos instó a las autoridades chilenas a cesar de forma urgente la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y recomendó llevar a cabo una "reforma profunda" de la Policía, muy cuestionada por su violenta respuesta al estallido.

La directora para las Américas de AI, Erika Guevara, presentó en Santiago un documento con las principales conclusiones de una misión de ese organismo que lleva tres semanas en el país investigando y documentando las denuncias de abusos policiales y violaciones a los derechos humanos.


Las manifestaciones se iniciaron el mes pasado tras el aumento en la tarifa del subte de Santiago y se convirtieron luego en un clamor contra el modelo económico neoliberal que el país, uno de los más desiguales del mundo, ha heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Las protestas y su represión han dejado al menos 23 muertos -5 de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado- y más de 2.300 heridos, de los cuales más de 220 presentan traumas oculares severo, según organizaciones locales.


Desde que el 18 de octubre se intensificaron las protestas, AI dijo que constató casos de uso letal de la fuerza, tortura, malos tratos y lesiones graves, por lo que recomendó al gobierno de Piñera dar "órdenes precisas" a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la "máxima restricción" en el uso de la fuerza.

"Las autoridades deben además ser muy enfáticas en el uso excepcional de armas letales y aquellas consideradas como potencialmente letales para que nunca se usen como medio de disuasión", indicó la organización en el informe.


En una entrevista con la agencia de noticias EFE, Guevara apuntó directamente contra Piñera, a quien señaló como responsable de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

"El presidente es responsable, primero y sobre todo, porque es el principal encargado de la protección de los derechos humanos de toda la población en Chile", dijo.

También subrayó que la Justicia debe investigar la "responsabilidad de mando" en las violaciones a derechos humanos y crímenes cometidos por miembros del Ejército y Carabineros, a quienes se atribuye la muerte de cinco personas durante la crisis.


AI consideró en su informe que las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado "no son hechos aislados o esporádicos", sino que responden a un patrón y muestran un "grado de coordinación" que "conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel".

Y destacó que durante y después del estado de emergencia decretado por el gobierno, el alto mando de Carabineros (Policía militarizada) y sus responsables políticos permitieron que sus subordinados siguieran actuando con violencia en las calles del país.

Hasta el momento, AI ha documentado 23 casos de violaciones a los derechos humanos en ocho regiones de Chile ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.


AI ha documentado cinco muertos a manos de agentes del Estado -4 del Ejército y uno de Carabineros- durante el estado de emergencia que estuvo vigente más de una semana y que cedió a las Fuerzas Armadas la tarea de resguardar el orden público.

A través del análisis de imágenes, la entidad ha confirmado que el Ejército usó "armamento letal de forma indiscriminada" contra manifestantes desarmados.

AI ha documentado hasta ahora un caso de muerte por maltrato policial y tres de tortura, incluyendo la tortura sexual.

La Fiscalía de Chile ha registrado 16 denuncias por violación o abuso sexual a manos de las fuerzas de seguridad, como en el caso de Josué Maureira, que fue violado con un bastón cuando estaba detenido y fue golpeado e insultado por su orientación sexual.

Fuente: Télam

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