Un comunicado de la Provincia, advirtió el pasado martes que el pedido de Interrupción Legal del Embarazo para la pequeña de 12 años abusada en reiteradas oportunidades por su padre, se había demorado por la intervención de una ONG que impuso “su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado”.
Horas después, trascendió que dicha ONG se llamaba Grávida y respondía a sector denominada "pro vida". Si bien los distintos Ministerios y Secretarías dieron detalles de lo ocurrido, Grávida no había emitido ningún comunicado hasta este jueves. Pero finalmente lo hizo en las últimas horas.
El equipo nacional que coordina dicho grupo desmintió haber impedido que a la niña se le practique en tiempo y forma una ILE y señalaron que su “intervención” fue de “ayuda pactada”.
“Lo nuestro es estar, en medio de situaciones muy complejas, generalmente, ayudar a pensar, objetivar las situaciones y buscar alternativas”, apuntaron desde Grávida y agregaron: “Nos vemos en la necesidad de aclarar que el modo de acompañar ha ido por un carril completamente diferente al que algunos medios de comunicación informaron“.
Además, aclararon que su intervención respondió ante una situación muy concreta. La madre de una menor, una niña embarazada, una gestación de 24 semanas y una patología clínica de relevancia“.
“¿Podemos decir que se forzó a alguien cuando fueron las personas las que eligieron recibir la ayuda ofrecida por parte de Grávida?“, se preguntaron y respondieron: “Desde el primer encuentro, se fue dejando en claro que se estaría acompañando, ofreciendo alternativas, poniéndonos a disposición, con absoluto respeto de las decisiones que se fueran tomando“.
“Como a tantas familias de nuestro país que viven lejos de zonas urbanas donde se encuentran los centros de mejor atención, la familia recibió un alojamiento y un lugar donde poder estar cómodos, en un momento de decisiones tan difíciles. Y dijeron sentirse muy a gusto allí. (Ese lugar, ofrecido para ayudar, fue allanado)“, aseguraron.
Desde Grávida, argumentaron que “si nos situamos en el plano de las decisiones, la misma Ley contempla el consentimiento informado. Las personas pueden no aceptar la práctica ILE, aunque le hayan ofrecido su acceso en el marco de la Ley. Incluso puede pasar que, aún firmado el consentimiento, la persona libremente cambie su decisión (posibilidad que aparece reconocida en el mismo). Esto trasciende al acompañamiento ofrecido y aceptado“, remarcaron.
El comunicado finaliza defendiendo su postura y accionar: “El trabajo de Grávida respeta a todas las personas y la libertad de las personas. Nuestro proceder tiene esa premisa siempre“; y profundizaron: “Nuestro servicio se basa fundamentalmente en contener y acompañar, y nunca permanecer indiferentes ante cualquier situación de dolor y de dificultad que requiera nuestra ayuda. Y ha sido esa ayuda, respetuosa, personalizada y dialogada, la que se aplicó en cada paso de nuestra intervención“.
