El 10 de mayo del 2015 los medios de comunicación informaban una noticia que rebalsó el vaso: el cuerpo de Chiara Páez apareció enterrado en el patio de la casa de quien era su novio. Tres semanas después el país se puso de pie. 

Chiara tenía 14 años, vivía en la ciudad de Rufino y ese sábado había quedado en comer una asado con sus amigas, a quienes les mandó un mensaje avisando que llegaría más tarde porque Mansilla (que era su novio y tenía 16) insistía en verla. 

Fue el joven quien llamó a la mamá de Chiara aquella madrugada informando que su hija se había enojado y se bajó del auto en una esquina de la ciudad. Enseguida comenzó la búsqueda, se hizo la denuncia y entre los 20 mil vecinos que habitaban Rufino y los policías rastrillaron durante 14 horas. El final fue trágico y continúa sin una sentencia justa.

Las redes estallaron reclamando al Estado que tome medidas de inmediato para que ninguna otra mujer muera en manos de la violencia machista. Fue así que nació Ni una menos, entre el calor del dolor y la angustia resurgió una necesidad: encontrarse en las calles y gritar, llorar, reclamar justicia. 

El 3 de junio la consigna alcanzó a más de 80 ciudades de la Argentina y se distribuyó a países vecinos que se sumaron al reclamo por un Estado presente, que le garantice a las mujeres y disidencias vivir en libertad. Fue un antes y un después en la historia que obligó a poner la violencia de género en la agenda nacional. 

Desde entonces algunas cosas cambiaron. Se crearon distintos feminismos, las mujeres y las disidencias se organizaron, las agrupaciones crecieron y se diversificaron. Argentina creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se aprobó la Ley Micaela, las provincias conformaron secretarías, el aborto legal, seguro y gratuito finalemente es ley. El silencio dejó de ser la única salida y hoy casi todo se debate, se cuestiona, se plantea con mirada feminista. 

Pero no todo es color rosa. A siete años del primer Ni Una Menos el motivo que convocó a marchar sigue siendo disparador para que las calles se llenen de glitter, carteles y pañuelos, porque los números hablan por sí solos. 

Según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro. Desde el 1° de enero al 31 de mayo de 2022, se produjeron 127 femicidios, 3 trans- travesticidios y 8 femicidios vinculados de varones. Como consecuencia, 147 hijas/hijos quedaron sin madre, el 66 % son menores de edad; el 60 % de los agresores eran parejas o exparejas. 

El lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (64 % fueron asesinadas en su hogar). Buenos Aires continúa siendo la provincia con más casos de femicidios, seguida por Santa Fe, Córdoba, y Santiago del Estero. 

Otros datos que detallan desde el Observatorio: 30 víctimas habían realizado denuncia previamente, 5 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención, 8 femicidas son agentes o ex agentes de fuerza de seguridad, 4 víctimas fallecieron en presunción de prostitución o trata, 5 víctimas estaban embarazadas, 8 víctimas tenían indicio de abuso sexual, 3 víctimas eran mujer trans, 9 víctimas eran migrantes, 4 víctimas eran de pueblos originarios y 17 femicidas se suicidaron. 

Ni una menos: vivas, libres y con Perspectiva de género en la Justicia

“De feminismos y Derecho” es un grupo conformado por abogados, estudiantes y docentes de la UNR interesados en re pensar los feminismos desde la base del Derecho. En ese sentido, entrevistados por Rosario3 respondieron qué significa la perspectiva de género dentro de la justicia. 

“Es un debate complejo ya que entran en juego dos ideas. Una es la cuestión de género y otra es la noción de justicia. Partimos de la base de considerar a la justicia como un valor, que puede construirse tanto individual como colectivamente, pero de ningún modo se debe confundir con una institución como el Poder Judicial. Lo que se trata de incorporar como movimiento es la perspectiva de género en una institución que guía el destino de los individuos, que puede funcionar de modo justo, pero también de modo muy injusto, adelantaron. 

Y agregaron: “Existe un Poder Judicial que imparte justicia de manera desigual y discriminatoria hacia las mujeres y disidencias de nuestro país, y que sigue obedeciendo a una lógica y a una estructura machista y patriarcal. Implementar la cuestión de género en el Poder Judicial implica reconocer esas desigualdades y violencias, identificarlas, pero sobre todo cuestionarlas, y cuestionar a la misma institución, para luego poder elaborar acciones y estrategias para erradicarlas”. 

Pero eso no es todo. “Además, la transformación no es sólo cuestión de que exista paridad de género en las instituciones del Estado (entre ellas el Poder Judicial), como dice Marisa Herrera: no sólo queremos que haya más mujeres en el poder judicial (fiscales, juezas, defensoras), sino también que estas mujeres sean feministas, que piensen en clave feminista y de derechos humanos”.

Los motivos sobran para hablar de la inmediatez que requiere dentro del poder judicial una reforma feminista. “De los tres poderes del Estado, es el más patriarcal y conservador. Es Supremo, y hasta parece muchas veces inalcanzable, es ajeno a las demandas del pueblo y se construye a sus espaldas”. 

Cuando se le da un enfoque de género, de derechos humanos y de justicia social a cualquier caso de violencia, discriminación, odio, etc; se escucha a la persona que es víctima y/o a sus familiares, se les da un acompañamiento, se abordan sus necesidades desde otro lugar, y sobre todo se intenta, por todos los medios, evitar la revictimización, teniendo en cuenta lo extensos y dolorosos que pueden llegar a ser los procesos judiciales”, pero además “ la correcta implementación de la perspectiva de género en la justicia y el abordaje en clave feminista y de derechos humanos, ayudará a evitar situaciones de violencia y, en ultima instancia, terminar con los indices altísimos de femicidios que atravesamos como país. Eso todavía sigue siendo una gran deuda”. 

Vale mencionar que la Corte Suprema se negó a recibir capacitaciones con perspectiva de género abordadas en la Ley Micaela. Al respecto, desde el espacio mencionaron: “Claramente no es casualidad. Tenemos una Corte que no quiere capacitarse en género y violencias, es decir, que le da la espalda a la ciudadanía y permanece ajeno a las necesidades y los reclamos del pueblo”.