El viernes a la tarde el Centro de Justicia Penal de Rosario concentró la atención de la política santafesina. Nombres de peso salieron de boca del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad durante una audiencia en la que el funcionario judicial destituido confesó sus actos de corrupción y buscó mejorar su situación procesal en la investigación por juego clandestino. Mientras toda la política estaba atenta a lo que ocurría en el Centro de Justicia Penal, el ministro de Seguridad detonaba sin miramientos al jefe de policía de Rosario que puso en agosto pasado después de haber echado a los tres anteriores. En el plano político de la ciudad, la gobernabilidad política da señales de estar más aceitada que en la provincia. La reelección de María Eugenia Schmuck al frente del Concejo Municipal y la reedición de una mayoría a la que aportan el ya de por sí diverso oficialismo, más La Cámpora, Ciudad Futura y el sector de Juntos por el Cambio de Roy López Molina, son buenas noticias para el intendente Pablo Javkin.
Ponce Asahad mencionó a un senador peronista, aunque el hecho de que la jueza accediera a enviar copias escritas y en video a la Legislatura y a la Corte Suprema de Justicia por la “gravedad institucional”, permite deducir que el alcance es mayor y que los nombres de relevancia son más y no sólo del Poder Legislativo.
El ex fiscal siente que le soltaron la mano y no quiere pasar las Fiestas tras las rejas. Esta semana, cuando enfrente la apelación de su prisión preventiva, pedirá que se tenga en cuenta que confesó buena parte de los delitos que la fiscalía le achaca y brindó información “hacia arriba”, y que por lo tanto se diluye la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y ocultamiento de pruebas. La fiscalía, que hasta aquí viene haciendo un trabajo impecable, logró cerrar un primer círculo: tiene al que pagó las coimas como arrepentido y a uno de los que cobró confeso. Incluso si lo que Ponce Asahad buscase es un juicio abreviado, los fiscales podrían contar con una primera condena que consolide todo el resto de la investigación.
No hay que olvidar que además de Ponce, también está preso su jefe, el ex fiscal regional. Patricio Serjal todavía no habló, pero seguramente tiene las mismas ganas de pasar las fiestas con su familia y no en la cárcel. No habría que descartar que intente seguir o profundizar los pasos de Ponce Asahad.¿Y ahora qué?
Tal como ordenó la jueza Verón, las copias en pendrive de la declaración de Ponce Asahad estaban en la Legislatura y la Corte el mismo viernes a las 19. Iban acompañadas de una nota firmada por los fiscales junto con la resolución de la jueza y se solicitaba la reserva del caso. Este último punto generó dudas, al menos en la Cámara de Diputados. Miguel Lifschitz pidió una aclaración sobre los alcances de esa reserva, al tiempo que convocó para el miércoles a la reunión de Labor Parlamentaria, de la que participan los presidentes de todos los bloques. Recién ahí se distribuiría y se acordaría una posición institucional.
El mismo miércoles, en Rosario los fiscales le tomarán testimonio a Darío Scataglini, un ex diputado peronista que apareció en una de las escuchas telefónicas que sirvieron para imputar a Ponce Asahad y Serjal cuando intentaba contactar a Leonardo Peiti en nombre del senador Armando Traferri. Peiti admitió en El Tres que venía hablando con senadores peronistas para instalar máquinas de juego legales en las agencias de quiniela y compartir las utilidades con la provincia. Cuando los fiscales difundieron esa escucha, Scataglini perdió su puesto como asesor de la Cámara baja. Quien lo había propuesto, el diputado Ricardo Olivera, no quiso que quedara ninguna duda de que no tenía nada que ver con el asunto.
Con la declaración de Ponce Asahad, la investigación sobre juego clandestino atravesó los muros del Poder Judicial y lanzó esquirlas en dirección a la política. Si los fiscales encontrasen indicios probatorios en las incriminaciones que hizo el ex fiscal para beneficiarse a sí mismo, deberán pedir el desafuero de el o los legisladores en cuestión y avanzar sobre los otros nombres. A esta altura de las cosas es imposible medir las implicancias del affaire del juego clandestino.
Ponce Asahad es un hombre de pertenencia al PJ, de buen vivir según quienes lo trataban, con íntimas vinculaciones con el menemismo y una carrera judicial cuestionada en el antiguo sistema penal que se compensó con el firme apoyo de un sector del peronismo.
No es una descripción caprichosa del personaje sino que ayuda a contextualizar una de las preguntas que más se escuchó desde el viernes hasta aquí. ¿Ese hombre despechado que se siente abandonado, planificó quirúrgicamente su declaración como para aliviar su situación procesal y que el daño sea contenido, o simplemente abrió la caja de pandora y sus derivaciones son impredecibles? No son pocos los que quisieran conocer la respuesta.
Ocurre que la política santafesina sufre hipertensión y ahora suma a sus propias dificultades la mancha expansiva que soltó Ponce Asahad. En los próximos días será clave ver hasta dónde escala el caso y si sus implicancias alteran la correlación de fuerzas en el conflicto que arrastran Perotti con parte de los senadores peronistas y con la oposición. Senadores que por otra parte son los jefes políticos de la vicegobernadora Alejandra Rodenas, por lo que cualquier profundización del conflicto o ruptura irradia más allá de la Cámara alta. Paranoia o conspiración
La suerte de Daniel Acosta quedó sellada cuando admitió haberse reunido en dos oportunidades con los dirigentes peronistas Ángel Baltuzzi y Carlos Carranza. Ambos fueron ministros de Gobierno en tiempos de Carlos Reutemann y tuvieron bajo su mando la Policía provincial. Para Sain significó haber roto una orden expresa que se le dio a todos los jefes policiales: tienen prohibido reunirse con políticos, a excepción de los jefes comunales con los que interactúan por cuestiones operativas.
Fuentes del gobierno plantaron sospechas de conspiración y ubicaron a Baltuzzi y Carranza como dirigentes vinculados a quienes agitaron las protestas policiales de septiembre pasado, acusación que ambos, por supuesto, rechazan de plano. “Si al jefe lo echaron por ese motivo estamos ya en un terreno peligroso, pisando la paranoia. Yo no tengo nada que ver con la protesta policial ni lo conocía de antes a Acosta. Por el contrario soy un hombre que desde el primer momento estoy acompañando la línea del gobernador. Y jamás en los dos encuentros que tuve, uno de ellos junto con Carranza, hablamos o cuestionamos las políticas del ministro Sain. De hecho en una oportunidad también estuvo la subjefa (Llopart). No vamos a ser tan imprudentes de cuestionar políticas en esas circunstancias”, explicó Baltuzzi consultado para este artículo.
El apego a los mandatos del ministro Sain es determinante para la suerte de los jefes policiales. Ese y ningún otro motivo llevaron a la expulsión de Acosta, ya que no había cuestionamiento a su labor en estos tres meses al frente de la URII.
Adrián Forni pasa a ser entonces el quinto jefe de la policía de Rosario en menos de un año. Más allá del récord, es el punto en el que cabe preguntarse si semejante nivel de recambio no atenta con la continuidad y organización que toda conducción requiere, más tratándose de la mayor unidad regional de la provincia y con una complejísima situación de violencia e inseguridad. Los resultados no aparecen y el cambio permanente se comió la cuarta parte de la gestión.La sociedad Javkin-Schmuck
Lograr tan heterogénea junta es resultado del oficio político que Schmuck y Javkin demuestran tener, aunque hacerla convivir en armonía a lo largo de un año electoral requiere sacrificios extras. Como el sapo que tuvo que tragarse Schmuck poniendo la cara por la estudiantil actitud del concejal Salinas tragando cerveza en plena sesión.
La contracara de esa amplia plataforma de acuerdos y gobernabilidad la expresó el interbloque de Juntos por el Cambio, que tiene 5 de las 28 bancas y que la describió como “una grave violación institucional, una mayoría inexplicable que solo encuentra su razón de ser en el beneficio personal y en la acumulación desmedida del poder".
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