Ana María Vega, Lic. y profesora en Comunicación Social, especialista en Promoción y Educación para la Salud, integrante de la Red Par (Periodistas Argentinas en Red), docente formadora en Educación Sexual Integral (ESI), jefa de Formación continua del IES 9029, Luján de Cuyo, Mendoza. Integrante del Instituto de Estudios de Género y Mujeres (Idegem) de la Universidad Nacional de Cuyo brinda su mirada.
¡Qué difícil es asumir que se debe explicar una y otra vez algo que ya está probado científicamente hace años, porque en algunos medios de comunicación se confunden ideas esenciales! El abuso sexual contra las niñas, niños y niñes es un delito. Tanto en nuestro país como en todas las naciones que han adherido, firmado y ratificado la Convención Internacional de los derechos del niño. ¿Por qué? Porque impacta sobre el psiquismo en formación de las personas que no pueden dar consentimiento para que su cuerpo sea invadido en múltiples formas sexuales. Ya lo han explicado especialistas en psicología infantil y profesionales de la sexología con formación científica actualizada y probada, que no confunden delito con orientación sexual.
Escribo esto desde la práctica permanente de explicarlo todas las veces que sea necesario en contextos de formación de personas que deben aplicar la Ley 26.150 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI). Porque precisamente, esta práctica educativa que ya lleva más de 16 años en nuestro país requiere de una aplicación a conciencia, en muchos más espacios que los que pertenecen al sistema educativo formal para que cada vez más niñas, niños, niñes y adolescentes reconozcan los comportamientos adultos invasivos, dañinos, perversos y delictivos.
Los resultados de su aplicación ya están a la vista en múltiples datos recolectados por especialistas de distintos ámbitos. Podemos hablar de la reducción de los embarazos no intencionales, de la comprensión de las vivencias de las infancias trans, o de la generación de espacios de reflexión sobre la valoración de la afectividad donde se debate sobre acoso entre pares. Sin embargo, para no desviarme del tema,, a los datos recabados por la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia me remito. En 2021, del total de 45.589 llamadas realizadas a las líneas 102 de todo el país, 2658 fueron por abuso sexual hacia las infancias. Pero ésta es sólo una de las múltiples formas en que se visibiliza el problema. También podríamos consultar las estadísticas judiciales, aunque allí tenemos el problema de la dilación, el adultocentrismo y la persecución a las madres protectoras.
En numerosas notas periodísticas se ha explicitado situaciones específicas donde niñas, niños y niñes han relatado en la clase de ESI que han sufrido algún tipo de abuso sexual por parte de una persona adulta cercana, en su gran mayoría varones. Solo pudieron hacerlo, una vez que reconocieron, gracias a la aplicación didáctica de conceptos vinculados con el reconocer y nombrar correctamente las partes íntimas (vulva y pene, o sea genitales), que nadie puede invadirlos. Que hasta cierta edad, sólo quien le propicia cuidados médicos o higiénicos puede ayudarle, pero que apenas siente que puede hacerlo solo, sola o que aparece el pudor, su voluntad debe ser respetada. Y que todo lo que «no pueda ser contado o explicado a otras personas adultas» significa un posible abuso. Que siempre habrá alguien para ayudarle, que le creerá y le acompañará a desarrollar acciones para que esa situación que le incomoda finalice y sobre todo que tiene derecho al cuidado y la protección.
Para todo eso sirve la ESI. Y muchas docentes lo saben, porque lo han vivido en carne propia, porque en espacios de formación surgen relatos o aparecen lágrimas o sencillamente el pedido de retirarse para procesar todo lo que se despierta al querer entender el tema. Y ante esa dolorosa situación, también surge la conciencia de que se debe intervenir en la medida de lo posible, pedir ayuda a una o un colega, derivar. Pero nunca, nunca mirar para otro lado. Porque a esa conciencia de protección también se debe sumar el deber legal que nos impone nuestra Constitución Nacional y diversas leyes como la 26.061 de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de actuar en forma urgente para detener o impedir la vulneración de derechos hacia las infancias.
La ESI y su aplicación por parte de todas las instituciones que integran el Sistema de Protección de Derechos (familias, escuela, clubes, centro de salud, etcétera) es vital no sólo en el diagnóstico precoz y pronta intervención frente a situaciones de abuso sexual. Sino en la prevención, porque una niña, niño, niñe y adolescente que conoce cómo cuidar su cuerpo, que puede hablar sobre lo que le pasa, que entiende la diferencia entre secretos buenos y secretos malos, que puede reflexionar sobre lo que son los chantajes afectivos, es capaz de decir NO, y en caso de que el adulto avance, contarlo rápidamente a una persona que realmente pueda ayudarle.
Cada vez queda más claro, que quienes se oponen a la ESI, no están preocupados por las niñas, niños y adolescentes que la pueden recibir en la escuela o en otros espacios de socialización. Lo que les preocupa es qué pueden contar en esos ámbitos lo que les ocurre con personas adultas cercanas que actúan abusivamente. No les interesa escucharles, sino imponerse. Y la ESI es una herramienta vital para contrarrestar eso. La ESI es libertad para hablar, es compromiso para prevenir y también es una oportunidad para sanar.
