Desde la famosa Ley 1.420, sancionada en 1884 y conocida como Ley Sarmiento, que estableció las bases para que la enseñanza primaria y secundaria sean gratuitas, obligatorias y laicas para todos los habitantes del país, hasta la reforma universitaria de 1918, que democratizó el gobierno de las universidades y abrió la posibilidad a los sectores medios y bajos de acceder a un título, la educación en Argentina siempre ha tenido una fuerte tradición pública.
Es que en nuestro país es reconocida como un derecho y el Estado, tanto nacional como provincial, debe asegurar la igualdad, gratuidad y el libre acceso a todos los niveles del sistema educativo a sus habitantes. Hasta hoy, Argentina lo ha hecho basada en el financiamiento de la oferta educativa, pero para el candidato a presidente más votado en las PASO, Javier Milei, lo más adecuado sería hacerlo a la inversa: financiando la demanda, entregándoles los ya famosos “vouchers” educativos a la familia de cada alumno. Todo un cambio de paradigma.
“Pensamos en un sistema de vouchers repartidos a cada familia argentina, entregando un determinado monto de dinero que se pueda aplicar en educación, para que tu hijo vaya a la institución que vos quieras, ya sea de gestión estatal o privada. De ese modo, estarían todas las instituciones aranceladas. Y vos tendrías la plata para ir a la que desees, lo que por otro lado también las obligaría a competir y generaría una mejora en la calidad de la educación”, comentó en una entrevista televisiva Milei, entregando los trazos gruesos de la que sería su política educativa.
Más allá de la aplicabilidad o no de una modificación semejante, que además de depender de que Milei obtenga la presidencia podría darse de bruces contra la Constitución y demandaría un profundo tratamiento en el Congreso Nacional y el consenso con todos los actores del sistema educativo, su sola mención de parte de uno de los serios aspirantes al gobierno ha despertado el interés acerca del resultado que esa política educativa ha obtenido en los países en los que se ha aplicado, entre los que se cuentan Suecia, Nicaragua y Chile, entre otros.
Los vouchers en Chile
Benjamín Sáez, investigador y sociólogo chileno, recuerda que “a principios de los años ochenta, el 80% de la matrícula educativa en Chile pertenecía al sector público”. Pero el gobierno de facto de Agustín Pinochet tomó la decisión de descentralizar la educación y dejarla en manos de las municipalidades, achicando el gasto del gobierno central en ese rubro y focalizándolo en la formación básica. Ya en la enseñanza media, la familia asumiría los costos apoyada por subsidios parciales del Estado; y en la educación superior, directamente sería el propio estudiante el que costearía sus aranceles, con la posibilidad de adquirir un crédito con la banca a pagar en varios años.
“En aquel tiempo se implementó el sistema de vouchers para la educación primaria y secundaria, que acabó transformándolo todo. Hoy sólo el 30% de la matrícula es pública, gestionada por los gobiernos municipales que reciben fondos según la cantidad de alumnos con los que cuenten; el 60% del espectro educativo está conformado por los denominados ‘establecimientos particulares subvencionados’, que son los que reciben los vouchers del gobierno, aunque estos también les cobran a sus alumnos una matrícula anual y un copago mensual; mientras que el resto son directamente privados”, dijo Sáez en Punto Medio, por Radio 2. Allí una diferencia sustancial con lo que propone Milei, que le daría el ‘voucher’ directamente al alumno.
Según el sociólogo, “estos establecimientos particulares subvencionados, que predominan en el sistema educativo chileno, reciben recursos dependiendo de la cantidad de estudiantes que asisten a ellos. La lógica detrás de esto, en teoría, es que esta elección de los estudiantes generaría competencia entre los colegios y a partir de eso, mejoraría la educación, haciéndolos competir por tener una mayor cantidad de alumnos. Pero en realidad, en el largo plazo, lo que ha logrado es que Chile tenga un sistema de educación primaria y secundaria eminentemente privado, con un sector público municipal que representa sólo el 30% y que está en desventaja porque tiene menores ingresos que los privados, que tienen mayores recursos y mejor infraestructura”.
Ni que hablar del sistema de educación superior, o sea universitaria: “Allí también existe una política de subvención mediante vouchers. Pero la matrícula pública no supera el 15%. Para quienes se quedan afuera de la gratuidad, existen mecanismos de acceso mediante el otorgamiento de créditos: el estado otorga un aval a los estudiantes frente a la banca y se le entregan recursos para poder acceder a los establecimientos de educación haciéndole frente al pago de este arancel. Y acaba siendo un juego de mercado, en el que hay personas que tienen que endeudarse por años con un banco por estudiar”. En Argentina, aunque también hay una profusa oferta de educación superior privada, la gratuidad universitaria rige desde 1949.
¿El nivel educativo mejoró?
El investigador de la Fundación Sol subrayó que “este sistema ha generado en el nivel secundario mucha segregación escolar: por ejemplo, si tomamos los resultados de las pruebas Pisa y comparamos entre diferentes estratos socioeconómicos, observamos que puede llegar a haber hasta 87 puntos de diferencia entre los de mayores ingresos con los de menor poder adquisitivo”.
“Esto tiene que ver con que en muchos casos esta lógica de la supuesta competencia en la educación que mejorará la oferta se queda en la teoría y tiene poco en la práctica. No es lo mismo seleccionar un par de zapatos que un establecimiento educativo: los resultados se pueden evaluar a muy largo plazo y la información previa con la que se cuenta no es perfecta”, añadió.
Sáez se plantea si está bien que el monto del voucher sea uniforme para todos los tipos de establecimientos, tanto municipales como los que tienen gestión privada. “Yo me pregunto cuál debe ser la cuantía de recursos que requiere un establecimiento que cobija a alumnos de sectores vulnerables con relación a otro que recibe a alumnos de sectores con mayores recursos. Allí está la razón fundamental de la segregación que se genera entre los alumnos de cada establecimiento según el estrato social al que pertenecen”.
En definitiva, la supuesta ampliación y diversificación de la oferta educativa gracias al sistema de vouchers que permitiría que las familias tengan una mayor libertad para elegir, al menos en Chile, no es tan así: queda supeditada a la capacidad económica del núcleo familiar, o a su posibilidad de afrontar un endeudamiento si la intención es cursar una carrera de grado. La relación, al cabo, se parece más a una transacción comercial que a la adquisición de conocimientos “por derecho”.
