Las empresas del Grupo Razzini se encuentran trabajando a puertas cerradas luego de sufrir un bloqueo por parte del sindicato de Camioneros a raíz de un conflicto sindical. Se trata de dos espacios, una planta recicladora donde procesan residuos de construcción (escombros/hormigón) y un corralón de materiales para la construcción que hoy no están pudiendo funcionar normalmente. Desde la firma destacan que la situación está en manos de la Justicia y que, de no resolverse, consideran mudarse para operar en el vecino país de Paraguay.

“No sabemos si vamos a poder volver a abrir nuestras puertas. Por ahora el tema lo tiene un juez que decidirá cómo se resuelve este asunto, esperamos que nos acompañe y sino evaluaremos qué hacer. Tenemos ofertas de gente que nos contactó y nos ofreció instalarnos en Paraguay, mudar la empresa a Asunción. Es algo que estamos evaluando, sería un proceso muy largo, pero realmente trabajar en estas condiciones nos es imposible”, señaló a Ecos 365 Verónica Razzini, socia gerente del Grupo Razzini.

El conflicto se remonta a los primeros días de junio, luego de que la empresa estuviera dos meses frenada por la cuarentena. Según Razzini, al momento de volver a abrir las puertas, un grupo de ocho trabajadores en una de las plantas y de diez trabajadores en otra comenzaron a presionarlos exigiéndoles el encuadre sindical en el gremio de Camioneros. Vale aclarar que la empresa tiene a sus empleados anotados, una parte en Uocra, y la otra en AEC.

“Esto estaba todo planificado, es un boicot que planearon este grupo de trabajadores con un sindicato que no les corresponde porque ellos ya tienen sus gremios asignados por la actividad que realizan”.

Razzini agregó que nunca hubo pedidos previos sobre la intención de pasarse de gremio y que directamente comenzaron con los bloqueos y los piquetes en la entrada de ambos lugares, no dejando despachar mercadería, ni ingresar a clientes ni a proveedores y hostigando a la gente que se acercaba.

En un primer momento, la firma se contactó con el Ministerio de Trabajo de la provincia para dar cuenta del escenario, aunque ellos les dijeron que los asuntos referidos al encuadre sindical debían ser tratados a nivel nacional y les sugirieron hace una denuncia penal por los episodios de violencia. La empresa prosiguió con esta medida y decidió suspender a los 18 trabajadores, momento en el cual dicho ministerio decide intervenir y dictar una concialiación obligatoria, aunque la industria nunca se presentó a la misma.

“Nosotros presentamos un escrito y explicamos que no nos íbamos a presentar ya que después de tanta violencia era imposible volver atrás y convivir todos juntos como si nada. Luego de ese momento, el sindicato arremetió con mucha más fuerza”.

Consultada por Ecos 365, Rita Colli, directora de la regional Rosario del Ministerio de Trabajo, indicó que, al vencer el plazo de las suspesiones, Razini prosiguió a despedir a los trabajadores, momento en el que se suceden una serie de audiencias que en ningún momento apagan el conflicto.

“La firma prosigue a tomar esta medida, lo que es un incumplimiento y una falta a una acción que se dicta para retrotraer una situación no para empeorarla. Además, primero emitieron las suspensiones sin hablar con el gremio ni darles ninguna garantía a los trabajadores y luego faltaron a una disposición de Nación sobre realizar despidos en los tiempos que corren”, destacó Colli y agregó que, desde ese momento, el Ministerio de Trabajo decidió correrse de la causa que pasó a vía judicial.

En este sentido, la titular de Razzini remarcó que no violaron ninguna normativa nacional ya que son los despidos sin causa los que no están permitidos en este contexto y que ellos sí se encargaron de justificar. Hoy, se encuentran a la espera de alguna resolución por parte del juez que lleva adelante el caso. La expectativa está puesta en que se emitan las imputaciones a todas las personas encargadas de realizar el boicot y que, al día de hoy, según la empresaria, continúan en la puerta de ambos espacios bloqueando el ingreso.

Como todavía hay entregas que cumplir, desde la firma decidieron trabajar a puertas cerradas, aunque Razzini remarcó que no están pudiendo garantizar la seguridad de sus empleados, más de 100 entre ambas plantas: “ Hoy nos cuida la Guardia de Infantería que pagamos de nuestros bolsillos. Hicimos ofrecimiento económicos para homologar acuerdos y que tengan su indemnización, pero quieren reincorporarse para meter al sindicato adentro. Es insostenible, todavía no podemos proyectar nada pero trabajar en este país se nos está haciendo muy difícil".