La dignidad de cada vida humana y su derecho universal a la salud, la solidaridad social y la justicia, la transparencia y el respeto igualitario son algunos de los puntos considerados en un documento entregado al Ministerio de Salud por el comité de Ética y Derechos Humanos (Cedhcovid19), que contempla el "deber de asignar los recursos escasos a quienes tengan mayor posibilidad clínica de beneficiarse por recibirlos", según se informó hoy.
"Todos los sectores involucrados en la atención de pacientes en estado crítico enfrentan consideraciones éticas particulares, ya que involucran recursos que resultan críticos para el mantenimiento de la vida en situaciones de emergencia, debido a que existe una demanda extraordinaria de cuidados de salud, medicamentos y equipamiento que en situaciones de no emergencia no ocurriría", indica el documento titulado "Ética en la asignación de recursos limitados en cuidados críticos por situación de pandemia".
El presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y miembro del Cedhcovid19, Ignacio Maglio, comentó en la conferencia matutina del Ministerio de Salud que este documento es una herramienta importante para que la decisión sobre la asignación de recursos médicos "no se tome en soledad y en un marco de improvisación".
Maglio señaló que "la bioética aporta principios que puedan fundamentar la salud pública y orientar las estrategias sanitarias que son, además de la solidaridad, el respeto por la dignidad personal, la justicia y la equidad".
"Estos últimos principios son los que nos permiten también establecer criterios éticos en la asignación de recursos escasos", dijo el especialista.
Según se lee en el documento presentado al Ministerio de Salud, "transparentar dichos procesos facilita que las acciones en salud sean aprobadas y valoradas moralmente por todos".
El Comité de Ética y Derechos Humanos pone de manifiesto en el escrito que "la asignación de recursos debe estar dirigida al propósito de salvar la mayor cantidad posible de vidas y restituir la salud, optimizando la calidad en la supervivencia".
El documento enumera una serie de criterios para guiar un proceso de toma de decisiones.
El primero de ellos es el de "de mayor bien o maximización de los beneficios", señalando que "este será el principal indicador para la asignación de recursos críticos disponibles".
Este principio "exige asignar bienes u oportunidades limitadas a quienes más puedan beneficiarse por recibirlas", lo que en el ámbito clínico "se traduce en el deber de asignar los recursos escasos a quienes tengan mayor posibilidad clínica de beneficiarse por recibirlos. Es decir, aquellas indicaciones basadas en la mejor evidencia científica disponible respecto: a la probabilidad de éxito, con una intervención médica determinada, en un paciente específico".
Otro criterio es el de respeto igualitario, que entiende que "cada persona es igualmente valiosa" y que "los pacientes con síntomas o problemas de salud similares deben recibir igual cuidado y tratamiento".
El tercer criterio mencionado es el de "no discriminación: ningún paciente será pospuesto en la atención por razones que no sean estrictamente médicas, esto es edad, género, condición social, clase, religión, etnia, o cualquier otra característica relativa a su condición o lugar en la sociedad".
Esas estrategias deben comunicarse de manera "transparente" a la sociedad, para que se conozcan cuáles son los criterios que se siguen.
A la vez, según el criterio de información y comunicación, "el proceso por el cual se toman las decisiones debe ser abierto a discusión y escrutinio público".
Al mismo tiempo, indica que "todos los usuarios del sistema deben tener acceso a cuidados paliativos, en particular los pacientes gravemente enfermos que no sean candidatos a tratamientos invasivos".
Se establece que sea un grupo de profesionales líderes quienes tomen las decisiones "independientemente de las personas que asisten a los pacientes. La decisión nunca debería tomarse en soledad".
Los pacientes que no sean admitidos en una unidad de cuidados intensivos por falta de recursos recibirán la atención médica disponible en el nivel subsiguiente de complejidad -como por ejemplo cuidados críticos con provisión de oxígeno- y "en situaciones extremas, si se presentara un gran número de personas con similares probabilidades de beneficiarse por el ingreso a cuidados intensivos frente a la disponibilidad de un único recurso, la elección aleatoria (al azar) sería el proceso más justo".
El criterio "primer llegado, primer ingresado" debería ser el aplicado, se lee en el texto.
El documento finaliza recomendando a la cartera de Salud que aplique estos criterios para que "el uso de los recursos críticos en un colapso sanitario resulte ética y legalmente justificado, diseñado, desarrollado y evaluado por un plan común a todos los niveles, y legitimado por un estándar explícito de emergencia".
Por otro lado, el comité entregó un segundo documento, de carácter más amplio, que aporta "recomendaciones generales orientadoras de cualquier política pública" sanitaria, que van desde el respeto por la dignidad personal hasta el cuidado de los datos personales que se vuelcan en las aplicaciones creadas para monitorear la pandemia.
El comité de Ética y Derechos Humanos, cuyos miembros se desempeñan ad-honorem, fue creado por la resolución Resolución 1117/2020 el 26 de junio pasado para brindar asesoramiento al ministerio "sobre las implicancias éticas de la pandemia de COVID-19 en la salud pública".